SINIESTRALIDAD LABORAL

Los gobiernos indultaron a seis empresarios condenados por homicidio imprudente de trabajadores desde 1997

Dos trabajadores murieron el pasado 26 de mayo en una explosión en una planta de biodiésel en Calahorra (La Rioja).

El Gobierno ha concedido 32 indultos a empresarios por delitos contra los derechos de los trabajadores desde 1997, de los cuales seis fueron por homicidio imprudente porque murió un trabajador en accidente laboral. Según el registro de indultos que lleva la Fundación Civio, otros dos fueron concedidos por delitos de lesiones con imprudencia grave, dos más por explotación laboral de inmigrantes irregulares y otros dos más por inducir a mujeres a la prostitución en los clubes de alterne donde trabajaban.

El último de los indultos otorgados a empresarios ha sido el aprobado por el Gobierno para Andrea Martín Targa, que fue condenada a tres años de cárcel por toda una serie de incumplimientos de las normas sobre seguridad laboral que ocasionaron una explosión en su bodega en 2014. Murió un trabajador y resultaron heridos otros dos empleados. Andrea Martín pertenece a una conocida familia de empresarios de Granada, en el momento de ocurrir el accidente laboral era vicepresidenta de la patronal local y es sobrina de Manuel Martín Montero, el dirigente de Vox que ha empadronado a Macarena Olona en su casa de Salobreña.

Pocas veces se dictan sentencias que impliquen la entrada en prisión por accidentes laborales mortales. Y cuando se dictan, el Gobierno indulta a los culpables. Aunque la sentencia acredite el más absoluto incumplimiento en materia de seguridad como en este caso. Se llama impunidad”, denunció CCOO cuando se hizo pública la decisión del Gobierno, aprobada por el consejo de ministros el pasado día 24.

Este indulto es el primero a un empresario por un delito de homicidio de un trabajador desde 2010, pero hasta ese momento habían sido cinco, desde 1997, los concedidos a condenados por accidentes mortales en el tajo. En 2006 se perdonó a un empresario de Jerez de la Frontera (Cádiz), sentenciado a tres años; en 2008 fueron dos los indultos, a otros dos condenados por la Audiencia de Cantabria; en 2009 recibió la medida de gracia el gerente de una empresa valenciana en la que un trabajador, temporal y con apenas un mes de antigüedad, falleció tras caerse de una carretilla elevadora. El último hasta este mes se otorgó un año después, a otro empresario de Jerez de la Frontera.

Desde entonces, y hasta que se aprobó el de Andrea Martín, sólo se han concedido cuatro indultos por delitos relacionados con el mundo del trabajo, pero han sido a sindicalistas condenados por piquetes: los vigueses Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, por una huelga del transporte en 2011, y Carlos Cano y Carmen Bajo Crémer por la huelga general del 29 de marzo de 2012. Todos ellos fueron aprobados en 2019. Muchos años antes, en 2005, había sido indultado un sindicalista de la CIG en Lugo por la huelga general de 2002.

25 años para una sentencia

En muchos de estos casos, los indultos fueron más rápidos que las sentencias que condenaron a los agraciados. Es una de las lacras sin resolver de los procesos judiciales cuando de accidentes laborales se trata. Las últimas cifras que proporciona la Fiscalía de Siniestralidad Laboral en su memoria se refieren a 2019. Entonces, los juzgados de lo Penal tardaban una media de seis años y cinco meses en sentenciar un caso. De hecho, en el 29% de las sentencias condenatorias de 2019 los jueces aplicaron la atenuante de dilación indebida por el tiempo transcurrido desde el accidente. Por ejemplo, ese año aún se dictó una sentencia –absolutoria– sobre un caso de 2001, tres de 2002, 1 de 2004, siete de 2005. Pero es que en 2018 aún se sentenció un accidente ocurrido en el año… 1995. Después de 25 años. Y fue condenatoria.

“Que para la seguridad en el trabajo haya que acudir al Código Penal ya es un mal indicador”, advierte Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, porque requiere probar “fehacientemente que el empresario de forma consciente vulneró las normas de prevención de riesgos laborales”. Y luego el indulto termina desnaturalizando la propia jurisdicción penal, protesta.

Un indulto puede pedirlo no sólo el condenado, o sus parientes, sino también cualquier persona en su nombre, sin necesidad de acreditar que lo representa. Se trata de un “derecho de gracia”, regulado por una ley de 18 de junio de 1870. Los concede el rey y su tramitación le corresponde al Ministerio de Justicia. De los 32 indultos a condenados por delitos laborales sólo seis fueron tramitados por gobiernos del PP; el resto, por ministros socialistas. Quien más perdones otorgó a empresarios fue Juan Fernando López Aguilar, un total de nueve. Antes de conceder la medida de gracia, emiten informes sobre el condenado el tribunal que lo sentenció y el director de la prisión donde cumple la pena. Pero también entran en juego otros apoyos. “Recogida de firmas y avales, desde los alcaldes y otros políticos hasta la Iglesia”, relata Mariano Sanz.

Casi 600.000 accidentes laborales al año

Mientras tanto, los accidentes laborales siguen aumentando. En 2021 hubo 572.448, un 18% más que el año anterior, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. De ellos, fueron mortales 575 y graves, 3.702. Conforme se recupera la actividad económica, crece la siniestralidad laboral. Entre enero y marzo de este año ya se han producido 172 accidentes mortales, un 25,5% más que en el mismo trimestre de 2021. De acuerdo con los datos de la fiscalía, el 59% de los accidentes laborales mortales ocurridos en 2019 podían dar lugar a infracciones penales; el resto se atribuyeron a causas naturales como infartos. “Aún siguen produciéndose accidentes por problemas básicos de seguridad como caídas de altura”, explica Mariano Sanz. La estadística de la fiscalía cifra en un 25% los causados por atrapamientos, aplastamientos y amputaciones, el 22% por caídas, el 7% por colisiones o golpes contra objetos…

En 2020, los fiscales abrieron un total de 202 diligencias previas por homicidio imprudente en accidentes laborales, así como otras 10.234 por lesiones imprudentes. Pero ese año aún tenían pendientes otras 469 causas por homicidio imprudente incoadas en años anteriores, además de 2.601 por lesiones imprudentes. Los juzgados de lo Penal dictaron 347 sentencias en casos de siniestralidad laboral, mientras que las audiencias provinciales resolvieron 76 recursos de apelación.

Según la memoria de la fiscalía, el 80% de las sentencias suelen ser condenatorias, y de ellas el 75% se dictan por acuerdos de conformidad; es decir, después de que el acusado reconozca los hechos y admita la culpa a cambio de una reducción de la pena.

Eso fue lo que ocurrió en el caso de uno de los indultados en 2009, un ciudadano rumano condenado por la Audiencia Provincial de Murcia en 2007 a ocho años de prisión como el principal implicado junto con otras cuatro personas en una red para prostituir a mujeres inmigrantes. Reconoció los hechos y los jueces rebajaron tres años la pena que solicitaba la fiscalía. En 2009, el Gobierno le perdonó tres años más de su condena por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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