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Derecho de huelga

Jueces para la Democracia pide el indulto para los sindicalistas condenados por participar en piquetes

Jueces para la Democracia considera desproporcionadas las condenas contra sindicalistas

La asociación profesional Jueces para la Democracia (JpD), compuesta por jueces y magistrados, ha solicitado, mediante una nota de prensa, el indulto de los sindicalistas condenados por su participación en diferentes piquetes informativos, explicando que “es necesario que se valore que nos encontramos ante casos de personas sin antecedentes penales y con evidente falta de peligrosidad”.

De esta manera se hace referencia, por ejemplo, al fallo del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, ratificado por la Audiencia de Granada, contra Carlos C.N. y María del Carmen B.C., condenados a tres años y un día de cárcel, pagar una multa de 2.800 euros, hacerse cargo de los costes del procedimiento y una indemnización de 767 euros. Todo ello por participar, durante la huelga general del 29 de marzo, en un piquete informativo del Movimiento 15-M.

Desde la asociación profesional exponen que, la sanción prevista en el artículo 315.3 del Código Penal, en el que se recoge la prohibición de coaccionar a otras personas a iniciar o continuar una huelga, “resulta desproporcionada en relación con los hechos”

Además, Jueces para la Democracia ha reclamado la suspensión de dicho artículo porque considera que el derecho a no hacer huelga ya está protegido por el delito de coacciones y recuerdan la procedencia franquista de dicho precepto alegando que “tiene su origen en el ordenamiento penal franquista, que tenía como finalidad reprimir las huelgas”.

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Por otro lado, consideran excesiva la sanción derivada del delito de coacción e injerencia en la libertad ajena, que puede alcanzar cuatro años y medio de privación de libertad.

El Secretariado de Jueces para la Democracia continúa recordando el fuerte contexto de conflictividad social en el que nos encontramos inmersos causado, en gran medida, por una reforma laboral que ha propiciado un retroceso en la actividad sindical.

“Supone un síntoma de degradación democrática que la respuesta del Estado ante esta situación se centre en la represión penal”, concluye la asociación profesional. Hasta la fecha, según datos aportados por Jueces para la Democracia, 260 sindicalistas son objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales.

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