Huelgas de alquiler, el arma de los inquilinos para combatir las subidas abusivas de fondos buitre

Tienen un problema común y están en pie de guerra. Unas novecientas personas se han declarado en “huelga de alquileres” contra las que consideran “subidas abusivas” del fondo Nestar-Azora. Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que las asesoran, cifran en “alrededor de unas 500” las “familias afectadas en distintos bloques de la Comunidad”, que “van a dejar de pagar las cláusulas especiales” que entienden injustas. Si bien, elevan a 8.000 los “hogares que podrían sufrir incrementos de renta ilegales por parte del mismo propietario” en el conjunto del país. Exigen una negociación colectiva, ya que no han tenido respuesta a las notificaciones conjuntas que han remitido desde la organización sindical, y amenazan con llevar al "fondo buitre" a los juzgados.

El portavoz del sindicato, Andrés Pradillo, explica a infoLibre que el fondo “impone unas cláusulas abusivas, como pagar el IBI -Impuesto sobre Bienes Inmuebles- o la comunidad, que le corresponden siempre al propietario. No se pueden negociar, para que el tercer año de contrato, el alquiler suba un 30% al mes, entre 150 o 200 euros”. Alerta de que esto, implica, “saltarse de facto el 3% anual previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y, que, en lugar de que los contratos sean de siete años, pasen en realidad a tres”. Indica que alquileres que se firman de inicio por unos 900 euros pueden rondar los 1.600 al cabo de los tres años. De ahí que quienes ya están notando la crecida en sus bolsillos, dado que “hay gente que ya las está pagando”, vayan a “hacer una huelga de alquileres de esas cláusulas, porque es injusto”, defiende. “Son unos 1.800 euros al año, que pueden no parecer mucho, pero para muchas familias supone tener que irse de su casa”, lanza.

Denuncian que ponen contra las cuerdas a los arrendatarios: “O aceptan la subida por esa vía o se tienen que marchar”. ¿Qué hay detrás? “Es una manera de tener una mayor rotación del inquilino para alterar los precios con más frecuencia. Si asumes los 150 euros o los que sean, genial, ellos ingresan más dinero; y si te vas, no pasa nada, porque al nuevo inquilino que venga detrás, le meterán 200 en el contrato. Es una forma de que todos los años aumente el alquiler un 10% y poder seguir enriqueciéndose, que es su objetivo”, desembrolla el portavoz de la organización sindical.

Y ello, pese a que Víctor Palomo, otro portavoz del sindicato, apunta que “ya hay una sentencia de un juzgado de Cataluña que ha declarado esta técnica, de bonificar los tres primeros años para luego suprimirlo ilegal, pero la siguen usando para que la gente se vaya”. Alude a un fallo emitido por el juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona, tras una demanda de una vecina de Granollers asesorada por el Sindicato de Llogueteres en colaboración con el Colectivo Ronda, en el que se anularon cláusulas incluidas en contratos de alquiler de Azora, al entender el órgano judicial que generan desequilibrios entre arrendadores y arrendatarios. Entre los puntos suprimidos por ir contra los derechos de los inquilinos se incluía uno relativo a la “bonificación de la renta” que permitía a la entidad aplicar un ascenso del 30% del precio del alquiler a partir del tercer año de relación contractual. “Una subida abismal”, según la sentencia judicial.

Si embargo desde Azora replican que la cláusula a la que aluden los vecinos está "estipulada en el contrato firmado" por ellos "en su origen, la mayor parte de ellos hace cuatro o cinco años" y es, a su juicio, "perfectamente válida, según la LAU". "Es una cláusula, perfectamente legal, en la que se recoge dicha bonificación, que se extiende los tres primeros años", inciden las fuentes consultadas. Y en relación al fallo judicial, señalan que lo han recurrido. "Es de primera instancia y sólo se refiere a una caso particular sin crear jurisprudencia", aseveran.

"Puede extenderse a todo tipo de caseros"

Con todo, Padrillo abre el foco. “Es una práctica que los fondos empezaron a usar a partir de que en 2019 los alquileres pasaran a ser de siete años para los grandes tenedores. Esto es un periodo muy largo sin poder elevar el alquiler para ellos y, lo que consiguen con esas cláusulas, es que, al final, los contratos vuelvan a ser de tres, lo que es ilegal y abusivo”, recalca. Pone el acento, luego en que, por lo general, “es muy difícil negociar con los fondos buitre”, dado que “tienen una posición de poder mayor”, pero lo hacen en concreto en este asunto “porque es una práctica que puede extenderse a todo tipo de caseros”. Lo argumenta: “De momento la realizan los fondos, pero si esto se normaliza y no se declara abusivo en los juzgados, se va a expandir al resto, lo cual sería un problema. Sería la ley del más fuerte y bendecir que cada uno haga lo que quiera”, advierte.

A su juicio, entidades como Azora o BlackRock “son de los mayores responsables de que se incrementen los precios porque tienen profesionalizado el método de subir los alquileres y, como poseen muchas viviendas, tienen un gran poder sobre el mercado. La conexión entre sus métodos y las subidas es muy clara”, mantiene. Todo en un contexto en el que el acceso al derecho constitucional a la vivienda está en entredicho.

La escalada de precios que no cesa

De lo que no hay duda es de que ese mercado inmobiliario no da señales de que los precios vayan a contenerse. El de la vivienda libre trepó un 6,3% interanual en el primer trimestre de este 2024, hasta alcanzar la mayor tasa desde el verano de 2022, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). A la crecida han contribuido tanto los inmuebles nuevo, cuyo coste se disparó un 10,1% interanual en el primer trimestre, como los de segunda mano, con un 5,7% de alza.

El pasado mayo, el precio de la vivienda se agigantó un 3,3% respecto al mismo mes del año anterior, con especial incidencia en las zonas insulares, donde ha llegado al 8%, quedándose sólo un 0,1% por debajo del máximo registrado durante la burbuja inmobiliaria en marzo de 2008, según datos de Tinsa.

Los portales inmobiliarios prevén que el coste de los inmuebles sea mayor este ejercicio que en 2023, debido a la falta de oferta y a las bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE). E incluso alquilar un piso a pie de playa para las vacaciones, puede convertirse en un lujo no apto para todos. Arrendar un apartamento en la primera línea de la costas españolas será un 9,95% más caro, con una media de 1.160 euros semanales, a la luz de información del grupo Tecnicasa esta vez. Los lugares donde costará más veranear son las Islas Baleares, donde en Santanyi, Ibiza y Pollensa los alquileres superan los 3.000 euros por siete días; y Puerto Banús, en Málaga, con importes cercanos.