CRISIS ECONÓMICA

Miles de expedientes del Fogasa viajan de toda España a Madrid para que los tramite Tragsatec

El comité de Tragsa pide cero despidos y salidas voluntarias con 40 días de indemnización

La compañía pública Tragsatec comenzó a tramitar el pasado mes de septiembre los miles de expedientes que se amontonan en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por culpa de la falta de personal y el aumento de la insolvencia empresarial debido a la crisis. Pero los 80 trabajadores contratados para este fin por la filial del grupo Tragsa no están ayudando in situ a los casi 400 funcionarios del Fogasa a dar salida a los pagos bloqueados. Por el contrario, los documentos están siendo enviados desde las 23 delegaciones provinciales más atascadas hasta la sede de Tragsatec en Madrid. Según publica el diario Información de Alicante, el traslado se ha realizado en furgonetas de Correos.

Allí, los recién contratados se encargan de “digitalizar y mecanizar” los expedientes. Estos administrativos han recibido lo que las fuentes consultadas denominan “formación en cascada”. Es decir, una decena de ellos ha recibido un “curso acelerado” sobre el trabajo que deben realizar y, a su vez, éstos han enseñado a los demás. Pero, aseguran fuentes sindicales, “no se ha cerrado ningún protocolo de colaboración entre el Fogasa y Tragsatec, o al menos ninguno que haya llegado a la plantilla” del organismo público, que depende del Ministerio de Empleo. El departamento que dirige Fátima Báñez no ha respondido a los requerimientos de infoLibre para que explique el procedimiento de colaboración con Tragsatec.

Eso sí, a los funcionarios del Fogasa se les han reservado los expedientes sobre concursos de acreedores, cuya tramitación es más complicada. También se encargan de las nuevas solicitudes que van entrando en las oficinas. A los de Tragsatec les corresponde ocuparse sólo de los atrasados que les han enviado de toda España. De forma que se está produciendo la “paradoja”, explican fuentes sindicales, de que, liberadas del cúmulo de expedientes, muchas delegaciones provinciales del Fogasa “han puesto el contador a cero” y ahora dan salida a solicitudes cursadas en fechas recientes, mientras otras presentadas hace meses siguen en el limbo burocrático. En este caso, en el de Tragsatec.

Literalmente, porque a infoLibre han llegado denuncias de afectados que se quejan de que el Fogasa ha dejado de informarles sobre la tramitación de su expediente, alegando que “se lo han llevado a Tragsatec”. “Los funcionarios”, añaden, “nos dicen que lo denunciemos”. Los sindicatos también expresan sus temores sobre los problemas de seguridad –por el riesgo de extravío de documentos– y confidencialidad que supone el traslado físico de los historiales.

Denuncia en Inspección de Trabajo

Tampoco tienen mucha más información sobre la encomienda de Empleo en la propia Tragsatec. De hecho, su comité está cursando una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque la empresa no le ha facilitado, como es preceptivo, las copias básicas de los contratos de estos 80 nuevos empleados. Que han sido contratados al mismo tiempo que el grupo negociaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 1.336 trabajadores.

Los sindicatos y la plantilla del Fogasa llevan meses denunciando el bloqueo que sufren los expedientes, que supera el año en algunas provincias. En septiembre el atasco alcanzaba a casi 170.000 solicitudes. Este año debía atender al cuádruple de las que recibió en 2007, antes de la crisis. Para solucionarlo, a principios de este año el Ministerio de Empleo elaboró el Plan Greta, que preveía encargar a una empresa privada la tramitación de los expedientes.

Finalmente, la tarea ha pasado a manos de Tragsa, una empresa pública cuya única misión es trabajar para las administraciones. Lo hace según unas tarifas prefijadas. Por ejemplo, un auxiliar administrativo percibe 14,36 euros por hora. Por la encomienda de gestión del Fogasa, Tragsatec recibirá 3,5 millones de euros.Hasta 425 días en Las Palmas

El ministerio también ha empleado a 130 interinos para intentar aliviar la carga de trabajo del Fogasa. Pero su contrato termina el próximo día 31 y su trabajo, dicen los sindicatos del organismo, “se ha notado poco”. A juicio de UGT y CCOO, el Fogasa necesitaría 240 trabajadores adicionales durante los dos próximos años para ponerse al día. En octubre, además, salió a concurso la provisión de 61 vacantes. Los sindicatos advierten de que aún hay otros 22 puestos pendientes de cubrir.

No es el único parche que se le ha puesto al Fogasa para atacar el colapso. También se recurrió a los letrados de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo o la Agencia Tributaria, para que asistieran a los procedimientos legales a los que no pueden acudir los 190 abogados del Fogasa.

Según las cifras del organismo, en noviembre un trabajador tardaba 138 días de media en cobrar los sueldos o la indemnización que había solicitado, 20 días menos que 12 meses antes. Pero se trata de una media nacional que disfraza el atasco en las oficinas más colapsadas. Así, en Barcelona el retraso es de 367 días, 90 más que el año pasado. El mayor lo sufre Las Palmas, con 425 días

Sin embargo, UGT y CCOO desconfían de estas estadísticas. En Valencia, una de las provincias con mayor bloqueo, el pasado mes de octubre ascendía a 423 días la espera media. Sólo un mes después, la cifra ha caído a 254. Una vez descontados los historiales que han salido en furgoneta hacia Madrid, sospechan las fuentes. Porque esa reducción no significa que las solicitudes se hayan resuelto. El Fogasa aún no ha facilitado información sobre el número de expedientes que ha tramitado Tragsatec en estos últimos cuatro meses. Su consejo rector no se reunirá hasta el año próximo.

Un 2% menos para 2014

La finalidad del Fogasa es abonar los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Y en aquéllas con menos de 25 de trabajadores abona hasta ocho de los 20 días por año trabajado fijados para los despidos objetivos.

Hasta el 30 de noviembre pasado, el Fogasa ha abonado un total de 1.237,76 millones de euros, de los que 362,2 millones corresponden a salarios y otros 875,5 a indemnizaciones. Como para este año Empleo redujo en un 33% el presupuesto para prestaciones, dejándolo en 843 millones, a mitad de año fue necesario autorizar un gasto adicional de 530 millones de euros más. Para 2014, el Fogasa destinará a este capítulo 1.348 millones, un 1,8% menos que la cifra finalmente gastada este ejercicio.

En cualquier caso, el ministerio pretende rebajar la factura con un último recorte. Una enmienda del PP a los Presupuestos del Estado de 2014 propone suprimir el pago los ocho días de indemnización en despidos de empresas con menos de 25 trabajadores que desde 2010 viene realizando el Fogasa. La medida supondrá el ahorro de los 315 millones que en 2012 se destinaron a esa partida. También reducirá en un número aún no precisado los expedientes que deberá tramitar el atascado organismo público.

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