La operación contable con la que Montoro intenta parchear el desplome de la recaudación del impuesto de sociedades

El Consejo de Ministros aprobó este viernes los cambios en el impuesto de sociedades que permitirán al Gobierno recaudar 8.300 millones de euros para intentar cumplir con Bruselas y no superar el objetivo de déficit del 4,6% este año. Entran en vigor de forma inmediata, para que las empresas los apliquen en los pagos que deben hacer el próximo día 20.

¿En qué consiste la reforma?

La reforma fiscal aprobada por el Congreso en noviembre de 2014 suprimió el pago mínimo adelantado del impuesto de sociedades, que desde 2012 era del 12% del resultado contable de las empresas. A partir de ahora, ese ingreso será del 25% para los bancos y las compañías petrolíferas, y del 23% para las demás. También se ha aumentado la base imponible que se aplicará para calcular el pago fraccionado, del 17% al 24%. Se trata de un anticipo a cuenta del impuesto que las empresas deben abonar en abril, octubre y diciembre de este año y que pueden recuperar cuando hagan la liquidación del impuesto en julio del año siguiente. Igual que ocurre con los trabajadores, a los que se descuenta el IRPF en cada nómina y luego se les devuelve el exceso, si lo hubiera, al hacer la declaración en mayo.

¿A qué empresas afecta?

Sólo a las que facturan más de 10 millones de euros al año. Hasta su supresión el año pasado, el anticipo del 12% del resultado contable debían ingresarlo las que facturaban más de 20 millones. Es decir, se ha ampliado su ámbito de aplicación hasta alcanzar a unas 9.000 empresas, el 0,6% de las que existen en España, donde el 97,8% tiene un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros. Sólo un 1,7% ingresa entre dos y 10 millones, según el último Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y apenas el 0,1% factura más de 50 millones.

Las entidades financieras y las que explotan yacimientos de hidrocarburos abonarán el 25% de su resultado contable en el pago fraccionado, en lugar del 23%, porque cuentan con un tipo de gravamen aumentado del 30% en el impuesto de sociedades, cuando el tipo general es del 25%.

¿Por qué recupera el gobierno el mínimo del pago fraccionado tras haberlo suprimido?

La reforma fiscal ha hundido la recaudación del impuesto de sociedades. La reducción de tipos del 30% al 28% en 2015 y del 28% al 25% este año tuvo un impacto negativo de 291 millones. Pero la mayor parte del hachazo, 1.434 millones, procedió de la eliminación tanto de los tipos incrementados en los pagos fraccionados del impuesto para las empresas que facturan más de seis millones de euros, como del pago mínimo del 12% sobre el resultado contable que desde 2012 se exigía a las compañías que superan los 20 millones de euros de cifra de negocio, según explica la propia Agencia Tributaria en sus informes de recaudación.

Así, en 2015 las empresas ganaron 209.361 millones de euros, casi lo mismo que en 2006. Pero sólo pagaron 20.649 millones por el impuesto de sociedades, un 44,5% menos que entonces.

Ya este año, el pasado abril, cuando las empresas hicieron el primer pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, Hacienda ingresó 2.972 millones de euros, la mitad que el año anterior. Es más, en el acumulado de esos primeros cuatro meses del ejercicio la cifra resultaba negativa, -1.802 millones de euros, por primera vez desde 1995, debido a que las devoluciones habían sido mayores que los pagos.

Y al llegar a julio, los ingresos por el impuesto de sociedades acumulados de los siete primeros meses del año ascendieron sólo a 433 millones de euros, siete veces menos que en 2015.

El propio Cristóbal Montoro reconoció este viernes a los periodistas que se había “pasado de frenada” al bajar el impuesto de sociedades y que por ese motivo peligra el cumplimiento del objetivo de déficit, que debería ser del 4,6% al acabar este ejercicio. “No nos lo podemos permitir”, aseguró el ministro de Hacienda sobre la caída de la recaudación. Con esta medida, el Gobierno pretende terminar el ejercicio con unos ingresos en concepto del impuesto sobre sociedades de hasta 21.000 millones. Menos de lo que había presupuestado: una recaudación de 24.868 millones.

¿Es una subida de impuestos?

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Hacienda niegan una y otra vez que el cambio en el pago fraccionado constituya una subida de impuestos. “Es un anticipo a cuenta, como hacemos con las personas físicas en el IRPF, a tres de cada cuatro les resulta a devolver”, explicó este viernes Cristóbal Montoro. También rechazó que la medida vaya a “perjudicar sustancialmente a la actividad económica”.

Sin embargo, la CEOE ha puesto el grito en el cielo. Pese a que el pasado mes de julio, su presidente, Juan Rosell, coincidió con el Gobierno en que la medida era un adelanto del pago y no un aumento de la tributación, en septiembre envió dos cartas a los titulares de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, en las que les pide que paralicen la medida, según publicó el diario Abc. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros este viernes, la CEOE ha tachado de “desproporcionada y excesiva”, además de “discriminatoria”, la iniciativa. La patronal se queja de que serán las empresas las que financien al Estado “a un tipo cero, soportando la mayor carga del esfuerzo” para reducir el déficit. Y advierte de que el desembolso de miles de millones en un plazo de dos meses –entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre– ocasionará “problemas de solvencia a corto plazo” a las empresas. El dinero destinado a esos pagos imprevistos no podrán destinarse a inversiones, advierte la CEOE, por lo que tampoco podrá crearse empleo.

Por el contrario, el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, ha quitado hierro a la medida. “Las empresas tienen exceso de liquidez, debido a unos márgenes elevados que no se han traducido en inversiones, así que el anticipo no tendrá un gran impacto en sus cuentas”, replica.

Los expertos fiscales, en cualquier caso, explican que la medida es neutra si se aplica sólo durante un ejercicio –anticipos liquidados al año siguiente–. Pero si se convierte en permanente, sí se trataría de una subida de impuestos. Montoro ha anunciado que el recuperado pago mínimo “no tiene plazo de caducidad”. Se prolongará hasta que el déficit público baje del 3%, por lo menos hasta 2018.

¿Es la solución a la crisis de ingresos y al incumplimiento del objetivo de déficit?

Los técnicos de Hacienda, los partidos de la oposición, los sindicatos y la patronal están convencidos de que no arregla el problema. “Una nueva patada hacia adelante del Gobierno en materia fiscal”, desdeña la medida el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Para Izquierda Unida, es una “burda estratagema” para tapar los errores fiscales del Ejecutivo. UGT tacha la decisión de “parche”, mientras CiU acusa al Gobierno de “chantajear a las comunidades autónomas y a las empresas”.

Gestha critica la “improvisación” del Ejecutivo en materia fiscal, recuperando el pago mínimo adelantado del impuesto de sociedades sólo un año después de haberlo suprimido. Pero sobre todo recrimina al Ejecutivo que se limite a realizar una “operación contable” para “salvar las cuentas públicas de 2016 ante los avisos de sanción de las autoridades europeas”.

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A su juicio, la solución es una “reforma fiscal integral”, que evite un nuevo desplome de la recaudación cuando deje de estar en vigor el pago mínimo del anticipo.

UGT cree que, en lugar de la “política de parches electoralistas” practicada por el Gobierno en temas fiscales, debería abordarse una “reforma integral del sistema tributario” que aumente la recaudación. Así, no sólo se cumpliría con el objetivo de déficit marcado por Bruselas sino que, además, se evitarían nuevos recortes del gasto social.

Finalmente, los catedráticos de Hacienda Pública Ignacio Zubiri y Núria Bosch consideran que sólo una subida de impuestos, una tarea para el nuevo Gobierno, podrá ajustar las cuentas públicas y contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit.