Oxfam propone exigir un mayor esfuerzo fiscal a las grandes empresas que se han beneficiado de la crisis

Aunque a nivel epidemiológico el covid-19 no hace distinción entre ricos y pobres, sus consecuencias han puesto de manifiesto las fuertes desigualdades que ya existían en la sociedad española. Oxfam Intermon presenta este jueves Una nueva fiscalidad para que nadie quede atrás, un documento que recoge propuestas en medidas tributarias para que las grandes empresas que hayan salido beneficiadas de la pandemia asuman parte de los costes económicos.

El impacto negativo sobre la actividad económica acarreará, recuerda la ONG, una notable bajada de los ingresos tributarios. La aplicación de estas propuestas podría llegar a recaudar 10.000 millones de euros más, según dicta el informe, con los que España alcanzaría la media europea en gasto de protección social. “Es posible, y necesario, pedirle un mayor esfuerzo fiscal a quienes menos han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, y a quienes se han visto beneficiados por las circunstancias”, explica Íñigo Macías, autor del informe y coordinador de investigaciones de Oxfam Intermón.

Las grandes cadenas de distribución y logística, el sector farmacéutico y, en general, el sector más digitalizado están aumentando su facturación y sus beneficios. La organización propone crear un impuesto extraordinario que permita que estas empresas aporten el capital necesario para garantizar los derechos sociales básicos que están en peligro tras la pandemia.

Una medida para paliar los efectos sociales de la crisis financiera es la creación de un recargo extraordinario de duración determinada para las grandes empresas. Este impuesto se aplicaría sobre el tipo nominal del Impuesto de Sociedades (IS)–25% actualmente– de las empresas cuyos beneficios superasen una rentabilidad del 1,2% que corresponde al tipo de interés de los bonos y obligaciones del Estado a 15 años, aproximadamente.

Comisión parlamentaria que vigile a las grandes corporaciones

El Estado debe aprovechar los recursos de rescate a las empresas para garantizar el empleo digno, manifiesta el documento a la hora de proponer condiciones que las entidades deberían comprometerse a cumplir para poder percibir la ayuda estatal. Para ese fin, se plantea la constitución de una comisión parlamentaria que se encargaría de velar por el cumplimiento de medidas como la prohibición de emitir bonos o dividendos a sus directivos hasta que pasen al menos dos años desde recibir el apoyo público.

Según datos de la organización y del Development Finance International, los paraísos fiscales podrían estar suponiendo una pérdida de hasta el 14% de la recaudación del Impuesto de Sociedades en España. Lo que supone la pérdida de hasta 3.750 millones de euros como resultado de los más de 15.000 millones de euros de beneficios desviados a estas jurisdicciones.

Para erradicar esta práctica entre las entidades financieras españolas, la ONG idea que las empresas que reciban la ayuda estatal extraordinaria tengan que informar sobre cualquier vínculo con un paraíso fiscal en un plazo de tres meses y, si existiese, estarían obligadas de eliminar su presencia en menos de un año.

Dada la urgencia de la situación, se controlaría el cumplimiento de estas condiciones 12 meses después. En el caso de que las empresas no hayan cumplido deberán devolver la totalidad de la ayuda pública además de hacer frente a una multa. Los datos recabados tanto de las empresas rescatadas como de las tuviesen presencia en paraisos ficales, registra el documento, serán públicos, respetando el principio de transparencia.

Por debajo de la media

En 2019, aproximadamente 11 de cada 100 euros del total de los ingresos que maneja la Agencia Tributaria fueron recaudados del Impuesto de Sociedades. Esta cifra, no obstante, supone la mitad de lo recaudado en 2007, año en que se alcanzó el récord de recaudación del IS con 44.823 euros –22 euros de cada 100 de ingresos–.

Los bajos tipos del IS siguen todavían funcionan como reclamos para atraer capital internacional, destaca el estudio de Oxfam. Con el objetivo de aumentar la capacidad para generar ingresos del IS español la ONG plantea limitar la aplicación de la exención al 90% de las rentas tanto en el supuesto de dividendos como de plusvalías, y que procedan de otras entidades nacionales o internacionales. Además de la eliminación de la reducción por intangibles (patent box) y la eliminación del régimen para entidades de tenencia de valores extranjeros.

Entre los ajustes externos se pretende poner coto a la fiscalidad empresarial que, por razones fiscales y no por motivos económicos, acaba en países de baja tributación. En concreto, en territorios calificados como paraísos fiscales de acuerdo, exclusivamente, con la normativa española.

Veinte de las 35 empresas del Ibex han repartido 9.500 millones en dividendos a pesar de la pandemia, según un informe de Oxfam

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La organización solicita que su propuesta se tenga en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos generales todavía pendientes de presentar.

Propuesta fiscal de Oxfam Intermon by infoLibre on Scribd