Crisis del coronavirus

La pandemia acelera la regulación del teletrabajo y reabre el debate sobre la semana laboral de 32 horas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la sesión del control al Gobierno celebrada el 2 de junio en el Senado.

La pandemia llegó para ponerlo todo patas arriba, también en el terreno laboral. De la noche a la mañana, millones de trabajadores y trabajadoras se vieron obligados a convertir sus domicilios en una suerte de oficinas improvisadas. Ahora, meses después, se ha hecho evidente que fue una especie de ensayo y error. De hecho, el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, criticó este miércoles en rueda de prensa que, más que teletrabajo, en España se ha impuesto un "telemando". Los derechos laborales, denunció, no han sido trasladados igual que las obligaciones del trabajador. Por eso urge regularlo.

Sobre todo en vista de que, según parece, es una nueva forma de organizar el trabajo que ha llegado para quedarse. El cómo debe hacerse es el debate que ya ha comenzado. Para UGT, que presentó este miércoles un documento de análisis y propuestas para su regulación, el teletrabajo debería extenderse, como máximo, a cuatro días semanales. Una medida que no es casual. El sindicato ya se ha posicionado a favor de la reducción de la jornada laboral a las 32 horas semanales en otras ocasiones. Y ahora que la organización del trabajo parece que va a estar sujeta a distintos cambios, es el momento de abordar la demanda. "Tenemos que ir en la dirección de la reducción de jornada. Y eso significa 32 horas a la semana, cuatro días de trabajo", dijo. Dentro y fuera de las empresas. 

Los sindicatos ya llevan semanas solicitando regular el teletrabajo. La llegada del covid-19 puso en evidencia que España iba por detrás de otros países de su entorno en esta materia. "El teletrabajo ha sido una opción infrautilizada en nuestro país", advierte UGT en el documento presentado este miércoles. No hay más que mirar los datos para comprobarlo. En 2019, solo el 4,9% del total de los empleados y empleadas trabajaron habitualmente desde casa. Un escaso 3,5% lo hizo alguna vez. Sin embargo, el 91,6% no lo había hecho nunca. En la Unión Europea, en cambio, ese porcentaje se reducía al 85,4% del total de trabajadores y trabajadoras, según los datos del sindicato. Como apenas ningún trabajador ni ninguna empresa lo ponían en práctica, no se regulaba. Pero ahora eso ha cambiado. Hace un mes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya aseguró en una entrevista concedida a La Cafetera de Radiocable.com que el Gobierno legislaría sobre el teletrabajo "cuanto antes". 

Y ya ha dado un pequeño paso. El Ministerio de Trabajo ya ha publicado en su página web la "consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en la modificación y elaboración de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia". Un documento que, según Pino, no ha sido enviado a los agentes sociales encargados del diálogo social. Todavía no es ni un borrador, pero ya muestra el camino que desea seguir la cartera que dirige Díaz. Lo que pretende, reza el documento, es "proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas a diversas necesidades [...], de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento".

Hasta ahora, las únicas normas básicas que regulan el teletrabajo en nuestro país son el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo a domicilio, que data de 1996, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, que tiene un carácter meramente dispositivo al no haber sido ratificado por España, y el Estatuto de los Trabajadores, según UGT. De forma más específica, algunos convenios colectivos. Pero muy pocos. En el año 2019, hasta diciembre, se firmaron 1.130 convenios con cláusulas cualitativas que afectaban a 2.456.555 trabajadores, según datos del sindicato. Los convenios que recogen textos en relación con el teletrabajo fueron 47 (4,16%) e incumbían a 376.863 personas (15,4%). En 2018, el porcentaje de convenios que incluía el teletrabajo era de un 3,62% y un año antes caía al 2,81%.

Que se compensen los gastos y que los derechos laborales queden intactos

Los sindicatos, al igual que Trabajo, empiezan a reclamar cómo debería ser esa regulación. "Es necesario pasar de un teletrabajo de emergencia improvisado, que es lo que se ha producido tras la emergencia sanitaria, a un modelo de teletrabajo regulado que permita su extensión, garantice los derechos de los trabajadores y exprima las bondades de trabajar a distancia", opina Carlos Gutiérrez, secretario de juventud y nuevas realidades del trabajo de CCOO. ¿Cómo debe hacerse eso? Tal y como explica, "es necesario que en el marco del diálogo social se acuerde un marco general de regulación del teletrabajo que sea lo suficientemente flexible para luego poder adaptarlo a los distintos sectores y empresas". 

¿Y qué debe incluir? Como mínimo, añade, ese marco debe garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores, la prevención laboral y la obligación de las empresas a proporcionar las herramientas necesarias para poder realizar el trabajo. Algo que, según denunció Pino, no se ha producido. "Gran parte de las denuncias que nos han llegado han sido de trabajadores que han tenido que ir a dotarse de medios porque no los tenían en su domicilio. Eso les ha supuesto un coste", criticó. Por eso UGT lo ha incluido como una de las propuestas en el documento que presentaron este miércoles y que ya enviaron al Gobierno. "Como en cualquier otra prestación laboral, la empresa está obligada a proveer los medios de producción. La ley debe ser explícita en este sentido sin perjuicio del desarrollo por la negociación colectiva. Equipos informáticos, conexión, y demás equipamiento debe correr a cargo de la empresa", exige el sindicato.

No solo eso. Según UGT, los costes derivados del mantenimiento de los equipos también deberán cubrirlos las empresas. Igual que los gastos que suponga al trabajador cumplir con su jornada desde su domicilio. "Las empresas, además de proporcionar las herramientas de trabajo imprescindibles, tienen que compensar al trabajador por los gastos que le genera el trabajo en casa", señala UGT. Esto es el pago de la luz, de la conexión a internet o incluso del mobiliario necesario para el desarrollo del trabajo. "Se tiene que compensar el gasto que el trabajador asume", coincide Gutiérrez. La consulta pública elaborada por el Ministerio de Trabajo, por su parte, no se aleja demasiado de esa reivindicación. 

Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), añade también que el teletrabajo "debe prestarse de forma voluntaria". "La voluntariedad en la manera de realizar esta prestación debe reconocerse como regla general", afirma. Y eso no debe de suponer ningún perjuicio. Ni al trabajador presencial ni al teletrabajador. Además, continúa, quienes trabajen a distancia "deberán beneficiarse de los mismos derechos, garantizados por la legislación y los convenios colectivos aplicables, que los trabajadores comparables que trabajan en los locales de la empresa". "La carga de trabajo y los criterios de resultados del teletrabajador deben ser equivalentes a los de los trabajadores comparables en los locales de la empresa", añade. 

Pero todos estos aspectos, señalan los sindicatos, deberán de discutirse en la mesa de diálogo social. Hasta que no llegue ese momento, de hecho, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no se posicionará. Según aseguran sus fuentes a infoLibre, el teletrabajo es un asunto "del que hay que hablar". "Hay que aprovechar la ventana del teletrabajo", sentencian. Pero "hay que verlo en la mesa de diálogo".  

Combinar el trabajo a distancia y el presencial y reducir las jornadas

Sin embargo, que el teletrabajo llegue para quedarse no significa que desaparezca el trabajo presencial. De hecho, lo ideal es que esto no suceda. Así lo estima la CEOE y así coincide Gutiérrez. "La perspectiva que tenemos nosotros del teletrabajo es que no es un modo de trabajar sustitutivo del trabajo presencial. Son complementarios", afirma. "Los centros de trabajo, aparte de ser espacios de producción, son espacios de socialización de los trabajadores. En este tiempo hemos visto que un teletrabajo permanente produce un aislamiento social que tiene unas derivadas psicosociales muy importantes", lamenta. 

En este sentido, en el documento de propuestas elaborado por UGT, el sindicato indica que el tiempo mínimo del teletrabajo "nunca podrá bajar de una jornada completa" ni podrá superar cuatro días semanales. ¿Por qué cuatro? Tal y como explicó Pino en la rueda de prensa, la organización apuesta por la reducción de jornada a las 32 horas semanales, es decir, cuatro días a la semana. Y lo hace para el trabajo presencial y, por tanto, para el que se desarrolla a distancia. Ya lo propusieron en 2018. En su informe Impacto de la automatización en el empleo en España, el sindicato propuso "reducir paulatinamente la jornada laboral y la vida laboral a medida que el empleo se va automatizando". "Debemos fijarnos como objetivos que la semana laboral descienda progresivamente (varios países y empresas están ya proponiendo jornadas semanales de cuatro días) y que la vida laboral de cada individuo sea menor al 40% de su vida biológica", aseguró.

Pero no solo ha sido una demanda a nivel sindical. El programa electoral de Más País con el que la formación liderada por Íñigo Errejón se presentó a las pasadas elecciones del 10 de noviembre también lo incluía. Y el pacto de coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos contemplaba "racionalizar los horarios". "Para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres, promoveremos un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluirá una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios. Todo ello nos permitirá reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados", incluía el documento que selló el acuerdo entre las dos formaciones. 

Para Gutiérrez, la pandemia quizá sea la excusa perfecta para reabrir el debate. "Llevamos décadas con jornadas laborales de 40 horas en términos generales. Por eso creemos que hay que avanzar en esa reducción de la jornada laboral", dice. Y con él coincide Rojo. "La crisis actual debería convertirse en un incentivo para reorganizar los tiempos de vida y de trabajo y así favorecer la calidad de vida", indica. Es necesario porque, tal y como recuerda, "en España hemos avanzado muy poco en este terreno desde la regulación de las 40 horas semanales en 1983". Salvo algunos convenios específicos, la norma sigue siendo esa. 

Otros países ya han utilizado la crisis sanitaria para intentar, al menos, dar algunos pasos hacia esa reducción. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la idea el pasado 21 de mayo. Con una semana laboral de cuatro días en lugar de cinco, la economía y el sector turístico se reactivarían después del abrupto parón que habían sufrido con la pandemia de covid-19. No le pareció descabellado llevarlo a cabo, aunque la medida todavía sigue siendo eso: una idea. En Japón, la Federación Japonesa de Negocios, la patronal principal, recomendó que la jornada semanal también se acorte. El motivo también fue la pandemia, aunque desde una perspectiva diferente. Si los trabajadores van menos días a su puesto de trabajo, tienen que utilizar menos el transporte público y, de esa manera, se exponen menos a un posible contagio.

Rojo, no obstante, lamenta que todavía "estamos muy lejos" de que esa propuesta se materialice. La CEOE, de hecho, también prefiere no entrar en el debate hasta que no esté encima de la mesa con una propuesta concreta. En España, la empresaSoftware DelSol, con sede en Geolit, el Parque Científico y Tecnológico, en Mengíbar (Jaén), y dedicada al impulso de software especializado para pymes, ha sido la primera en implantar la jornada laboral de cuatro días a la semana.

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