Los papeles de Panamá

El Parlamento Europeo denuncia que Estados e instituciones de la UE protegen los paraísos fiscales

Jean-Claude Juncker, en su comparecencia ante la comisión de los Papeles de Panamá.

La comisión especial del Parlamento Europeo sobre los papeles de Panamá aprobó el pasado 19 de octubre el informe final que ha elaborado tras 18 meses de trabajos y comparecencias de responsables de la UE, banqueros, empresarios, representantes de ONG y periodistas. Los eurodiputados tenían como misión dilucidar si se ha producido una mala administración o si la UE incluso ha infringido sus propias leyes contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. Y su conclusión es un auténtico varapalo a la gestión que tanto los gobiernos nacionales como la Comisión y el Consejo Europeo hacen de sus instrumentos para luchar contra estas prácticas, que le cuestan a la UE un billón de euros al año, los ingresos dejados de percibir sólo por fraude y elusión –ingeniería– fiscal. El blanqueo de dinero se calcula que equivale a entre el 2% y el 5% del PIB mundial.

El informe, que fue aprobado con 47 votos a favor, sólo dos en contra –de dos eurodiputados del británico UKIP– y seis abstenciones –entre ellas las del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán y otros representantes del Grupo de la Izquierda Unitaria–, no tiene carácter vinculante y será sometido a votación del pleno del Parlamento Europeo en diciembre.

Pese a que, según los diputados de Izquierda Unitaria Europea, del texto final se han quedado fuera muchas cuestiones importantes –“Se ha perdido la oportunidad para regular este asunto”, lamentó Miguel Urbán en rueda de prensa–, el texto final endurece el informe provisional aprobado en junio y no ahorra críticas. “Se necesita urgentemente más voluntad política, una mejor regulación y reforzar la aplicación y el control de las leyes existentes para luchar contra estas prácticas”, reclama la comisión parlamentaria.

Las acusaciones de ineficacia y pasividad, cuando no de obstruccionismo, se extienden a todos los niveles. Los países miembros de la UE “tienden a no proporcionar información en la cantidad y calidad deseadas y, en general, no parecen hacer auténticos esfuerzos para actuar contra la evasión y la elusión fiscales”, denuncia el informe. Esa política no sólo constituye “una infracción del principio de cooperación sincera consagrada en el Tratado de la Unión”: la comisión no duda en concluir que con tales comportamientos los países comunitarios “intentan ocultar su propia mala conducta”.

Así, los Estados miembros no se comunican entre sí de oficio información tributaria aunque sospechen de posibles pérdidas fiscales. Tampoco actúan cuando tienen pruebas de que las autoridades competentes no identifican quiénes son los beneficiarios reales –los propietarios situados al final de los esquemas de empresas pantalla creados en los paraísos fiscales– de una transacción financiera o de una operación empresarial. Algunos países, incluso, permiten a empresas extranjeras comprar propiedades sin revelar la identidad del dueño real. Es el caso del mercado inmobiliario de Londres, precisa el informe.

Los países comunitarios ni siquiera garantizan que las entidades financieras cumplan sus propias leyes nacionales contra el blanqueo de dinero, añade la comisión. Finalmente, también son negligentes a la hora de aplicar sanciones administrativas a las instituciones que vulneran esas mismas leyes.

Es más, el informe destaca como un “problema sistémico” la falta de cooperación y coordinación entre los países miembros, y entre éstos y sus instituciones y agencias, respecto a la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo. Tampoco escapan de las críticas los organismos que en cada país se dedican a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En España es el Sepblac. Por un lado, carecen de personal suficiente para investigar un número creciente de transacciones sospechosas. Por otro, muchas de estas unidades –no precisan de qué países– están “sesgadas políticamente”, cuando deberían ser “independientes de cualquier influencia política”.

Pero el comportamiento de los Estados miembros en contra de sus propios ingresos fiscales va incluso más allá. “Se oponen a que la Unión Europea imponga sanciones a terceros países cuyos sistemas tributarios la perjudican”, asegura el informe.

Críticas a la Comisión Europea y el Consejo

Porque si los gobiernos nacionales dejan mucho que desear en el cumplimiento de sus propias normas, la Comisión Europea tampoco es muy diligente a la hora de asegurar que se aplican las directivas antiblanqueo y las que obligan al intercambio de información tributaria entre los países. Aunque, para empezar, la comisión parlamentaria se queja en múltiples ocasiones a lo largo del informe de que esa legislación es “insuficiente”. De hecho, lamenta que la falta de definición de conceptos tan básicos como paraíso fiscal, jurisdicción fiscal no cooperadora, país de alto riesgo en blanqueo de capitales, evasión fiscal, elusión fiscal, transacción sospechosa o delito fiscal impida la adopción de leyes efectivas contra estas prácticas nocivas.

Pero las más graves acusaciones las dirige el Parlamento de Estrasburgo contra el Consejo Europeo. Mientras los eurodiputados investigaban, destaca el informe, la institución que preside Donald Tusk intentó “obstruir el trabajo de la comisión, enviando el 1 de junio de 2016 una nota de información al Comité de Representantes Permanentes (Coreper) [prepara los trabajos del Consejo] que reclamaba un enfoque coordinado y único de los países miembros para limitar el alcance de la investigación y para rechazar su participación en la investigación en determinadas circunstancias”.

Aunque los problemas con el Consejo son también de fondo. Según se recoge en el informe, los países comunitarios, para “proteger a los paraísos fiscales”, bloquean en el Consejo Europeo cualquier asunto en materia tributaria. Lo consiguen gracias a que en ese órgano las decisiones deben tomarse por unanimidad; basta por tanto la oposición de un solo Estado para que una iniciativa no prospere. Por eso, la comisión de los papeles de Panamá propone que se suprima el principio de unanimidad cuando se traten asuntos fiscales.

Del Consejo depende el denominado Grupo “Código de Conducta” sobre Fiscalidad de las Empresas, creado en 1998 para combatir la “competencia fiscal perniciosa”. Es el órgano que está elaborando desde el pasado febrero una lista de países y territorios no cooperadores en materia tributaria. Su presidenta, la italiana Fabrizia Lapecorella, declinó comparecer ante la comisión del Parlamento Europeo alegando “oscuras razones legalistas”, critica el informe: “El Grupo ‘Código de Conducta’ no es un instrumento legalmente vinculante, sino un compromiso político intergubernamental que no afecta a la aplicación de las leyes de la UE”.

La comisión de los papeles de Panamá achaca a ese grupo una “naturaleza hermética y secreta”. Y cree que la toma de decisiones en su seno, “basadas en un amplio consenso”, es perjudicial para la redacción y aplicación de leyes “vitales” contra la evasión fiscal. Por tanto, pide su “completa reforma”, a fin de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de las acciones de los países presentes en el Grupo.

El Tesoro británico y el fisco de Luxemburgo dijeron no

Como parte de la investigación, los eurodiputados visitaron Malta, Luxemburgo, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Chipre y Suiza, además de encargar estudios a expertos y pedir decenas de comparecencias. Entre quienes rechazaron hablar ante la comisión figuran el despacho Mossack Fonseca, el Tesoro británico, el primer ministro de Malta y su ministro de Finanzas, la Agencia Tributaria de Luxemburgo, la patronal bancaria de Suecia, el ex primer ministro portugués José Sócrates y el agente de deportistas –Cristiano Ronaldo, entre ellos– Jorge Mendes.

A lo largo de sus 120 páginas, el informe hace un repaso de los elementos que integran prácticas tan complejas como la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Bancos, contables, asesores fiscales, auditores, notarios, fideicomisos (trusts) y empresas fiduciarias, agentes inmobiliarios… son necesarios para crear y gestionar estos esquemas. En los papeles de Panamá se contabilizaron un total de 14.000 intermediarios, de los que 2.700 se encontraban en la Unión Europea. La mayoría de ellos, en el Reino Unido, Luxemburgo y Chipre. Aunque también en Liechtenstein y Suiza.

Esos intermediarios ayudaron a crear o gestionar las 213.634 empresas offshore que aparecieron en los registros filtrados del despacho de abogados Mossack Fonsecaoffshore de Panamá. El 90% de estas sociedades están situadas en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las islas Seychelles. Hay que recordar que Mossack Fonseca sólo poseía entre un 5% y un 10% del mercado offshoreoffshore; es decir, resalta el informe, lo descubierto sólo es “la punta del iceberg”.

Reino Unido y Holanda

Pero tampoco hace falta llegar hasta ultramar para toparse con países de moral fiscal relajada. La comisión es explícita respecto a dos Estados de la UE: Holanda y Reino Unido. El primero es el miembro del euro con el mayor número de empresas ficticias. Según las cifras que manejó la comisión parlamentaria, una cuarta parte de las inversiones mundiales directas en el exterior se registran en Holanda y Luxemburgo.

Por lo que respecta a Reino Unido, más del 75% de los casos de corrupción con propietarios investigados por las autoridades incluían a empresas anónimas registradas en jurisdicciones que aplican el secreto fiscal. Y el 78% de esas sociedades estaban registradas en territorios británicos de ultramar.

Otro dato más: el 67% de las transacciones sospechosas que se comunican a las autoridades dentro de la UE corresponden a operaciones realizadas en Reino Unido y Holanda.

En los papeles de Panamá aparecieron un total de 45.306 entidades offshore relacionadas con países de la Unión Europeaoffshor. A la cabeza, una vez más, el Reino Unido, con 17.973 entidades –hay que recordar que la City londinense es uno de los principales centros financieros del mundo–, seguido de Luxemburgo –10.877– y Chipre –6.374–. España es el sexto país de la lista, elaborada para la comisión del Parlamento Europeo por el think tank Centro de Estudios de Política Europea. Tiene 1.170 entidades offshore en los papeles de Panamáoffshorepapeles de Panamá, más que Francia y menos que Irlanda.

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