Transición energética

Las preocupaciones que plantea el final precipitado de las centrales de carbón

Vista de la central térmica de As Pontes (A Coruña).

La situación del carbón en España ha virado drásticamente en los últimos dos años. En 2017, a activistas y actores implicados en la transición energética les exasperaba la falta de compromisos sobre el fin de la tecnología de generación eléctrica más contaminante que existe. En 2019, la preocupación es la contraria: se teme que las centrales cierren demasiado pronto. El carbón está precipitándose a su fin rotundo en el mix, algo para lo que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha tenido que hacer demasiado: solo sentarse y esperar a que el mercado, enemigo en otras circunstancias, haga su efecto. Hace diez días, coincidiendo –en principio, casualmente– con la huelga del clima, Endesa anunció a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que parará la producción de sus centrales de As Pontes (A Coruña) y Carboneras (Almería). Son las únicas dos de la compañía que quedaban en funcionamiento al completo.

Las plantas asturianas de Soto III y Aboño II de EDP España seguirán más allá de 2020, así como la de Los Barrios (Cádiz), de Viesgo. El resto, o bien funcionarán solo de manera parcial (como la de Alcudia, en Mallorca, de la propia Endesa), o bien ya han comunicado su cierre o su intención de cerrar, o bien están abocadas a la clausura por las exigencias comunitarias, que aprobó una serie de inversiones para limitar su contaminación que no han realizado. As Pontes y Carboneras sí que las hicieron, por lo que todo el mundo pensaba que aguantarían, al menos, hasta 2030. La comunicación de Endesa a la CNMC es considerado en el sector como el primer paso para el final definitivo de las instalaciones, aunque para ello tienen que pedirlo oficialmente al Ministerio y esa petición aún no se ha producido. En todo caso, todo apunta a que ambas centrales no llegarán a cumplir las estimaciones del Ejecutivo, que contaba con ellas en su plan para 2030.

El precio que cada instalación contaminante tiene que pagar por el CO2 que emite ha sido determinante. En 2017 era tan ridículo que no suponía un impedimento real. Ahora está en máximos históricos e impide la rentabilidad de centrales como la de As Pontes, la más contaminante de España en cuanto al dióxido de carbono y la que más producía de todo el mercado. A eso se le suma el avance de la propia transición, con un boom de renovables gestándose, y el aumento de la producción de las centrales de ciclo combinado por el bajo precio del gas. Por todos esos factores, y porque el cambio climático no espera a los rezagados, el cierre de las plantas es inevitable tarde o temprano, aunque aún no se haya anunciado de manera oficial. Pero lo alargado de los plazos está permitiendo abordar la cuestión con relativa calma, dentro del estado de nerviosismo general que se vive desde hace meses en las localidades que dependen de las centrales.

La mayor parte de los habitantes de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) dependen, directa o indirectamente, de la actividad de la central. Allí se dirigió en primer lugar el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de mantener una reunión con políticos locales, representantes de Endesa y sindicatos. El encuentro se celebró el pasado miércoles. La compañía aseguró, explica La Voz de Galicia, que la comunicación a la CNMC no implica que el cierre sea inevitable: se ha paralizado la producción, sí, pero están haciendo experimentos mezclando el carbón que se quema con otros compuestos, como la biomasa, para intentar sacarle rentabilidad. Por ahora, las pruebas no han sido satisfactorias.

Luis Varela, sindicalista de UGT, presidente del comité de empresa en la planta de As Pontes y presente en dicha reunión, confirma que Endesa se ha comprometido, frente a ellos, políticos y Ministerio a mantener los empleos directos de la central, recolocándolos en otros proyectos. Pero como suele ser habitual, los empleados auxiliares y subcontratados (equipo de limpieza, transportistas del carbón, etcétera) suelen ser los más perjudicados. "Nos preocupan los trabajadores de la empresa principal", asegura el responsable de Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, pero previsiblemente estarán más cubiertos: "Los auxiliares hay que abordarlos de manera bastante seria".

El referente más directo está en el acuerdo firmado en marzo entre Gobierno, sindicatos y empresa para abordar la situación de los trabajadores descolgados ante el cierre de otras tres centrales de carbón de Endesa: las ubicadas en Compostilla, Andorra y Alcudia. El Ejecutivo se comprometió a ubicar a estos subcontratados en una posición preferente en las bolsas de trabajo, pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que no pueden hacer mucho más. La energética también se lava las manos: no son su responsabilidad.

"Desde el primer momento hemos mostrado una especial sensibilidad con los trabajadores subcontratados", explican fuentes de Transición Ecológica, que aseguran que aún es muy pronto para saber qué y cómo se va a hacer: primero es necesario, aseguran, conocer las intenciones de la empresa y "hablar con la gente", y para ello Ribera está acudiendo a las zonas afectadas. El acuerdo de marzo solo es aplicable a esas plantas, puntualizan, y cada circunstancia concreta requerirá medidas concretas.

El Plan de Energía y Clima del Gobierno cuenta con una Estrategia de Transición Justa, diseñada por el Ejecutivo para "no dejar a nadie atrás" y proteger a los sectores más vulnerables del fin de los combustibles fósiles en el sistema energético español, que aún no se ha aprobado porque no hay Gobierno. Sanz (CCOO) cree que no es excusa: "Se podría haber hecho". Al ser una estrategia, "no necesitaría un trámite de carácter parlamentario", considera, "es más necesario que nunca. La incertidumbre es lo peor".

Reindustrialización

Ante la falta de garantías, la reindustrialización de las comarcas mineras es clave para garantizar el futuro de todos los trabajadores indirectos que generaba la actividad económica perdida. Tanto en las minas como en las centrales. Las primeras, prácticamente extintas en todo el país: las segundas, en camino. No se trata solo del transporte de la materia prima: se trata del café y el menú del día servido al trabajador. El carbón generaba mucho empleo.

Toda empresa energética está obligada antes de cerrar una instalación o una explotación a presentar un plan al Gobierno. Por ley. En tiempos de Nadal, se utilizaba para intentar obligar a las compañías a mantener sus centrales abiertas en aras de la "seguridad de suministro". Ahora, se utiliza para imponerles planes de reindustrialización y colocación de los trabajadores que se quedan en la estacada. Hay actividades en las que los subcontratados, y los propios empleados, tienen cabida: por ejemplo, en el desmantelamiento de las plantas o en la regeneración del entorno natural afectado por una mina. Algo, por cierto, en lo que no se cumple lo de quien contamina paga, ya que la empresa pública Tragsa está asumiendo buena parte de la responsabilidad de esas actividades.

Fuentes sindicales aseguran que Endesa, Iberdrola y Naturgy han elaborado conjuntamente un "plan de reindustrialización de las comarcas mineras" que no han presentado aún porque no hay Gobierno. Con la estrategia paralizada, los Presupuestos prorrogados y la Ley de Cambio Climático en el cajón, la transición energética que el Ejecutivo reivindica, y está dispuesto a liderar, no termina de arrancar. Para inquietud de mineros y empleados de las centrales.

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