TARIFA PLANA

Rajoy insiste en subvencionar contratos, algo que suprimió en 2012 porque no crea empleo

Rajoy insiste en subvencionar contratos, algo que suprimió en 2012 porque “no produce ningún efecto” en el empleo

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado la ampliación a cuatro años de la tarifa plana de cotizaciones para contratos indefinidos como la medida de política económica “más importante adoptada en España en la lucha contra la dualidad [la brecha entre contratos temporales y precarios e indefinidos y estables]”. No opinaba lo mismo sobre las subvenciones públicas a la contratación cuando llegó al Gobierno. En julio de 2012, el Ejecutivo suprimió estos incentivos porque los situaba entre los gastos con “efectos más débiles” sobre los agentes económicos. Por tanto, debían eliminarse para reducir el déficit. En la exposición de motivos del decreto el Gobierno aseguraba que las subvenciones a los contratos habían “perdido relevancia” gracias a la reforma laboral, recién aprobada en el Congreso.

Sin embargo, la reforma laboral lleva cuatro años en vigor y la dualidad del mercado de trabajo español no se ha reducido un ápice. Cada mes se firman un 92% de contratos temporales y un 8% de indefinidos, con muy ligeras variaciones dependiendo únicamente de la estación. Pese a que el Gobierno pronto se arrepintió de haber eliminado las subvenciones y las fue recuperando paulatinamente en un intento por romper la querencia del empresario español por el contrato temporal.

El anuncio de Mariano Rajoy el pasado lunes en Telecinco es ya la tercera ampliación de la tarifa plana para los contratos indefinidos. Ahora la reducción de 500 euros –al principio fueron sólo 100– en las cuotas a la Seguridad Social se aplicará los próximos cuatro años, beneficiará también a los contratos temporales que se conviertan en indefinidos e incluso se harán extensivos a los propios trabajadores, que notarán así “una mejora directa en su nómina mensual”, según dijo.

El Gobierno insiste así en una medida que él mismo calificó de “coyuntural, urgente y excepcional” cuando la creó en marzo de 2014, que todos los expertos del mercado laboral desechan por ineficaz y que el propio Ejecutivo suprimió siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (AEVAL): “No producen ningún efecto en el incremento del empleo ni en la disminución del desempleo”, concluía su informe. Además, estos incentivos a la contratación han recibido el reproche de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que critica su impacto en la recaudación de la Seguridad Social.

Ni CEOE, ni sindicatos, ni Fedea

Por no gustar, ni siquiera ha sido recibida con demasiadas alharacas por los empresarios, los primeros beneficiados por la medida. “La CEOE pide reglas generales para todas las empresas, no estamos tanto en temas como subvenciones y excepciones para determinados tipos de contratos o empresas, queremos las mismas reglas para todos”, explica un portavoz a infoLibre, “si hay bajada de cotizaciones, que sea para todas las empresas por igual”. Los sindicatos, por su parte, la han rechazado sin medias tintas. “Inútil e ineficaz”, resume el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Para el número dos de CCOO, Ramón Górriz, el anuncio de Rajoy forma parte del “concurso de ocurrencias e iniciativas electoralistas” de cada campaña. Al igual que Ferrer, critica su ineficacia –“financian contratos que se firmarían aun sin subvención”– y que supongan un “despilfarro de recursos públicos”. “Aumentará el déficit de la Seguridad Social para luego justificar los recortes en las pensiones”, advierte Toni Ferrer. “Utilizar la Seguridad Social para hacer políticas activas de empleo es un grave error”, abunda Ramón Górriz. Además, reducir en 500 euros la cotización que paga el trabajador no sirve más que para dar “atractivo electoral” a la medida, concluye el dirigente de UGT.

En ese punto coincide Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). “Parece que no tienen otras soluciones, es la misma medida que se viene aplicando, sin éxito, desde los años 90”, explica el profesor de Economía de la Universidad de Oviedo. A su juicio, se trata de una iniciativa “poco original”, por tanto, cuyos resultados dejan mucho que desear. “Los estudios confirman que esos contratos indefinidos se acaban cuando se acaba la subvención”, asegura. Felgueroso, uno de los creadores e impulsores del contrato único, recomienda en su lugar premiar a los empresarios que menos índices de rotación tengan y castigar a los que abusen de los contratos similares, un sistema similar a los prometidos tanto por Ciudadanos como por el PSOE.

En su opinión, ampliar a la cuota de los trabajadores la tarifa plana no es más que un intento “propagandístico” de “compensar” el complemento salarial anual garantizado para salarios bajos incluido en el programa de Ciudadanos. Precisamente el responsable del programa económico del partido de Albert Rivera, Luis Garicano, también surgido de las filas de Fedea, ha desdeñado la ampliación de la tarifa plana: “Las bonificaciones generalizadas no han funcionado y el mercado laboral tiene un índice de precariedad elevadísimo, de manera que hacer el doble de lo mismo no servirá para nada”, informa Europa Press.

Sólo el 7,7% de las empresas contrataron por el incentivo

Ineficaces o no, lo cierto es que la tarifa plana ni siquiera ha cumplido las expectativas del Gobierno cuando la creó. Sólo se han acogido a ella la mitad de los contratos que preveía la memoria económica del decreto. Hasta diciembre de 2014 debería haber beneficiado a 332.100 contratos indefinidos, pero sólo se acogieron a los incentivos 182.793. Para el mes de abril, el número había aumentado a 235.363, según anunció entonces Fátima Báñez.

El pasado julio el Ejecutivo respondió a una pregunta formulada por el diputado de CDC Carles Campuzano cifrando en 276.483 el número de contratos con reducciones de cuotas registrados en 2014. El dato se refiere no sólo a la tarifa plana, sino a todo tipo de reducciones de cuotas a la Seguridad Social. En 2015, hasta el pasado mes de julio, la cifra era de sólo 195.577 contratos. En España se firmaron en 2014 un total de 16,7 millones de contratos, de los cuales sólo 935.822 fueron indefinidos.

En cualquier caso, el Gobierno ha prometido una “evaluación y reordenación” de estos incentivos en el segundo trimestre de 2016, según establece el Programa Nacional de Reformas que cada año presenta en Bruselas. Según el informe de la AEVAL utilizado por el Ejecutivo en 2012 para suprimir las subvenciones a los contratos, “sólo en el 7,7% de las empresas encuestadas el incentivo ha fomentado la contratación”. En otro 16,2% la empresa tuvo en cuenta tanto el perfil del trabajador como la bonificación, añade. “Lo que apunta a la existencia de un efecto sustitución”, advierte, puesto que la empresa ha preferido al trabajador bonificado frente a otro con el mismo perfil aunque sin descuento. Pero el dato fundamental es que ocho de cada 10 empresas contrataron a un candidato porque tenía el perfil adecuado al puesto, sin tener en cuenta la subvención.

De modo que las recomendaciones de la AEVAL se resumieron en una: restringir los descuentos en las cuotas a la Seguridad Social a colectivos muy específicos de trabajadores y a tamaños de empresa muy determinados, “preferiblemente combinando ambos criterios”.

Un descosido para las cuentas de la Seguridad Social

El Gobierno sólo le hizo caso al principio. Porque no tardó en abrir la billetera para pagar los contratos que la débil recuperación económica no permite y los empresarios se resisten a firmar. Pese a que los expertos de nuevo coinciden en que generalizar estos incentivos es la mejor manera de volverlos ineficaces. Y pese a que, independientemente de su utilidad, perjudica los maltrechos ingresos de la Seguridad Social.

Los incentivos a la contratación son de dos tipos: bonificaciones y reducciones de cuotas. Las primeras son cubiertas por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), pero las segundas son cotizaciones que la Seguridad Social deja de ingresar. Este año su déficit alcanzará el 1,1% del PIB, unos 13.000 millones de euros, incumpliendo ampliamente el objetivo del 0,6% previsto por el Gobierno. La Airef señala a la tarifa plana para los contratos indefinidos como uno de los culpables de que los ingresos del sistema no hayan cumplido las previsiones. La memoria económica del decreto que creó la tarifa plana calculaba que la Seguridad Social dejaría de ingresar 2.338 millones por la rebaja de cotizaciones en 2014. En 2015, el coste se elevaba a 3.115 millones de euros. Para 2016, el Gobierno lo ha aumentado a 3.736 millones, pero habrá que ver si con la ampliación anunciada este lunes o sin ella. Rajoy no habló de cifras en Telecinco.

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