pobreza energética

Reforma del bono social: así luchan otros países europeos contra la pobreza energética

Una factura de consumo de energía eléctrica.

La nueva regulación para luchar contra la pobreza energética a través del bono social acercará España a los países de su entorno en una cuestión clave: este descuento en la factura eléctrica estará ligado por fin a un criterio de renta a través de la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de ingresos establecidos mediante el indicador IPREM que, no obstante, todavía no se han definido. Así lo avanzó el Ministerio de Energía este lunes a las comunidades en el borrador del reglamento que completará el real decreto aprobado en diciembre y que, principalmente, definió el modelo de financiación de este mecanismo. 

En realidad, este desarrollo reglamentario que definirá de forma concreta qué es un consumidor vulnerable –figura para la que se estaba pensada este descuento– estaba pendiente desde la puesta en marcha en 2009 del bono social. A falta de ese desarrollo los perfiles o supuestos que actualmente están dando acceso a esta bonificación son los siguientes: hogares con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en paro. 

Esta regulación choca frontalmente con la de otros países del entorno, tal y como recoge un estudio del comparador de tarifas eléctricas y de gas Selectra [ver en PDF]. En Reino Unido, por ejemplo, existen varios mecanismos ligados a la renta: ayudas monetarias que se reciben en la cuenta bancaria en períodos de bajas temperaturas, prestaciones específicas para ancianos que tienen problemas para calentar sus viviendas y ayudas para acometer reformas en los hogares para favorecer la eficiencia energética. 

En Francia, por su parte, existen descuentos que dependen de la situación económica de los usuarios así como otros beneficios para estos clientes vulnerables como no tener que pagar el alta de suministro en caso de traslado de domicilio o un descuento del 80% sobre el importe que tendría que pagar si un técnico tiene que intervenir después de un impago. En Italia el descuento se aplica a las personas con dificultades económicas o con enfermedades graves y familias numerosas. 

En Portugal, por otro lado, se benefician de la tarifa reducida las personas que tienen una situación de carencia socio-económica acreditada por la Seguridad Social y cuentan ya con otro tipo de ayuda social (complemento para ancianos, renta de inserción, paro...), así como las que tienen bajos ingresos y tienen a su cargo, al menos, a una persona en situación de dependencia. 

Diferencias con otros países 

A pesar de la inclusión del criterio de renta, la regulación española seguirá diferenciándose de la de otros países europeos en materias sustanciales como la exclusión de este descuento de otros consumos energéticos (gas natural o gas licuado) o el hecho de que el bono solo se disfruta si el cliente está en el mercado regulado o PVPC, al que sólo se puede acceder a través de las comercializadoras de referencia (Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Viesgo y EDP), que son a su vez filiales de las cinco generadoras que disfrutan del monopolio de las redes. Esta última es una cuestión clave, pues las compañías están trasvasando a beneficiarios al mercado libre y dejándolos sin el descuento del bono.

En los cinco países analizados por Selectra –Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Portugal– el bono social también establece descuentos en los suministros de gas, algo que no existe en España. De hecho, a principios del pasado marzo, el PSOE presentó en el Congreso una proposición de ley para la creación de un bono social que sería de aplicación a los consumidores domésticos de gas natural acogidos a la tarifa del Gobierno con determinadas cargas familiares y que no alcancen unos determinados niveles de renta.

En estos países el descuento también puede ser otorgado por todas las comercializadoras, no sólo las que ofrecen la tarifa regulada, como ocurre en España. Algunas asociaciones de consumidores como Facua y otras entidades sociales vienen denunciando que muchos clientes han sido llevados al mercado libre atraídos por distintas ofertas, en ocasiones aceptando condiciones contractuales menos beneficiosas que las ofrecidas por la tarifa del mercado regulado, que es la única que permite tener acceso al bono social. Este fue, por ejemplo, el caso de la anciana que falleció en Reus el pasado noviembre.

Por otro lado, en el real decreto del pasado diciembre, el Gobierno aprobó que este descuento en la factura de la luz –que en 2015 costó 188 millones– sea sufragado por todas las comercializadoras de electricidad, sean o no a su vez distribuidoras. Antes de que ese sistema fuera anulado por el Tribunal Supremo contribuían a costearlo únicamente las comercializadoras que son también distribuidoras. Así ocurre, en parte, en Bélgica, donde pagan este descuento tanto las suministradoras como los ciudadanos a través de impuestos. En Portugal, por su parte, son las generadoras las que corren con el gasto. 

Las compañías del sector han venido defendiendo que este tipo de mecanismos sean sufragados mayoritariamente por los Presupuestos Generales del Estado. Así ocurre, por ejemplo, en Francia o Italia, donde el bono social se financia a través de los presupuestos estatales y de impuestos específicos. A este respecto, Endesa hizo una propuesta hace unos meses en la que abría la puerta a que su coste fuera trasladado también en parte a las facturas de todos los consumidores mediante los peajes de acceso.

Modelo fracasado

Las entidades sociales vienen reclamando prácticamente desde su aprobación la reformulación de este bono social. En concreto, se han quejado de forma reiterada de que los cuatro supuestos no reflejan en todos los casos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Lo cierto es que los datos oficiales constatan el fracaso de la configuración actual del bono social eléctrico, una de las principales medidas puestas en marcha durante la crisis para atajar el problema de la pobreza energética.

Más de 550.000 hogares han perdido el derecho a tener este descuento. En 2009, cuando se puso en marcha el bono social, había 3.004.607 beneficiarios; en 2015, tras siete años de crisis, el descuento se aplicaba a 2.440.965 hogares, una bajada del 18,8%. Las comercializadoras aseguran que gran parte del descenso se debe a la "depuración de fraudes", aunque admiten que el modelo no ha funcionado.

Al mismo tiempo, las eléctricas que copan gran parte del mercado minorista español –Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y EDP– han llevado a cabo más de 7,3 millones de cortes de suministro en hogares por no abonar las facturas entre 2009 y 2015. En el 13% de los casos ese corte de luz se prolongó durante más de un mes. Estos números contrastan con los millonarios beneficios netos de estas compañías que, en conjunto, alcanzaron 46.926 millones de euros en ese mismo período.

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