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Reforma de las pensiones

El representante de CCOO en el comité de sabios esquiva su comparecencia en el Congreso

Fátima Báñez

infolibre

El director del gabinete de estudios de CCOO, Miguel Ángel García Díaz, uno de los miembros del comité de expertos creado por el Gobierno para informar sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones, ha declinado comparecer ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para explicar su punto de vista sobre el documento.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, que aseguran que tras las intervenciones de expertos a solicitud de los grupos parlamentarios previstas para este lunes no se prevé celebrar nuevas sesiones de la Comisión, más allá de la que se convocará para que un miembro del Gobierno aporte su punto de vista sobre el informe.

Báñez nombra director general al economista de CCOO que votó a favor del informe del comité de expertos sobre pensiones

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A pesar de que en un primer momento se aseguró que los doce sabios del comité comparecerían en sede parlamentaria, finalmente tres de esos expertos han declinado hacerlo. Junto al responsable sindical, tampoco acudirán al Congreso el catedrático de Hacienda de la UNED y jefe de la asesoría fiscal de la CECA, Francisco Castellano Real, ni el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid José María Marín.

Los tres votaron a favor del comité de expertos, aunque García Díaz emitió un voto particular en el que expresaba su opinión de que la implantación del factor de sostenibilidad debería desplazarse a 2019 argumentando que el fondo de reservas "permite hacer frente durante un tiempo prudencial a posibles saldos negativos del sistema" y que el factor de sostenibilidad propuesto debe ser "explicado y asimilado por la sociedad y los órganos democráticos que toman las decisiones en materia de Seguridad Social".

"En un momento tan delicado como el actual es conveniente evitar nuevas incertidumbres en la población que pudieran generar efectos negativos sobre sus decisiones de consumo e inversión, de manera que diferir en cinco años su aplicación práctica permitirá a la sociedad española disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad este instrumento e incorporarle a todas aquellas decisiones que puedan considerar están influidas por esta nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones", añadía.

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