Crisis del coronavirus

Trabajo negocia con los agentes sociales prorrogar los ERTE para evitar el colapso de sectores como la hostelería o la cultura

Una pequeña tienda cerrada en Toledo.

Gobierno y actores sociales afrontan la fase de desescalada con la vista puesta en el futuro de miles de puestos de trabajo. Trabajo, sindicatos y patronal son plenamente conscientes de que la desactivación del estado de alarma pone fin a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Por eso, con el Día Internacional de los Trabajadores como telón de fondo, todas las partes volvieron este jueves a negociar una posible prórroga más allá de este escenario. O, al menos, extenderla en el caso de los sectores a los que el impacto económico del coronavirus esté poniendo contra las cuerdas. Es el caso, por ejemplo, de la hostelería, para las que se esperan caídas en los ingresos superiores al 20% y que ya acumula, según los datos de CCOO, cerca de un millón de trabajadores afectados por ERTE. O el de la cultura, cuyos niveles de producción se han hundido un 11,2% en el primer trimestre del año, según las cifras dadas a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde que estallase la crisis sanitaria en España, el Ejecutivo de coalición ha ido construyendo poco a poco un escudo social para mitigar al máximo posible el impacto económico de la pandemia sobre la sociedad. En este sentido, uno de los pasos más importantes para evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo fue la flexibilización de los expedientes de regulación temporal. Así, desde mediados de marzo se abrió la puerta a que pudieran acogerse a este mecanismo todas las empresas a las que no les resultara posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por la Administración Pública, las afectadas por razones extraordinarias o urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento preventivo o aquellas que se viesen obligadas a suspender sus labores como consecuencia del cierre de locales de afluencia pública o restricciones del transporte por culpa de la crisis sanitaria. Un mes después, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió extender esta posibilidad a las empresas en sectores esenciales, aunque sólo para aquella parte de la plantilla que no realice servicios considerados imprescindibles en el contexto actual.

A lo largo del último mes y medio, miles de firmas de toda la geografía española se han acogido a este mecanismo. Los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, calculan que desde la declaración del estado de alarma alrededor de 4,2 millones de trabajadores se han visto perjudicados por un ERTE. En este sentido, el Ministerio de Trabajo prefiere no dar ninguna cifra concreta de momento, aunque sus estimaciones colocan el número de afectados en la barrera de los 3,5 millones. Tampoco adelantan la cifra concreta de personas que percibirán a comienzos de mayo la prestación asociada. Eso sí, asegura que se han resuelto “la mayoría” de las que entraron a lo largo del mes de abril y hacen hincapié en el esfuerzo realizado por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) para evitar que se produzcan atascos. “Hace un año tramitaban 20.000 al día, mientras que sólo ayer gestionaron 300.000”, apuntan. Y ante la posibilidad de que haya algunas que no lleguen a tiempo, recuerdan que el procedimiento tiene unos plazos y que puede pasar una o dos semanas desde que se solicita el expediente de regulación hasta que llega al SEPE.

Pero esta vía legal tiene fecha de caducidad. Su duración, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley 9/2020, “no podrá extenderse más allá” del estado de alarma. Y eso puede acabar presentando un problema. “Para muchas empresas haberse acogido a un ERTE puede representar su desaparición si, finalizado el expediente, la demanda de sus productos o servicios no se recupera a la misma velocidad que se publica el decreto de levantamiento del estado de alarma”, recordaba la semana pasada en un artículo de opinión publicado en El País el catedrático de Economía Aplicada Felipe Serrano. Un riesgo que ha llevado a sindicatos y patronal a plantear al Ejecutivo la necesidad de una prórroga. “Si ahora se pretende ahorrar dinero con los ERTE se tendrá que pagar después con más desempleo. Hay que poner todos los recursos sobre la mesa para que la economía se recupere en V lo antes posible”, recordó este jueves el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante su intervención en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, en el que apuntó que estos expedientes han sido “un instrumento de primera magnitud” durante la pandemia.

El Gobierno ha mantenido durante semanas la puerta abierta a esta posibilidad. Y ha acudido a la cita con los actores sociales con una propuesta. Según ha publicado la Cadena Ser, el Ejecutivo ha planteado a sindicatos y patronal mantener hasta el final de la Fase III estos ajustes de empleo, de modo que aunque el Ejecutivo no consiguiese renovar el estado de alarma estos pudieran seguir manteniéndose. Por otro lado, una vez superada esta etapa, se proponen prórrogas adicionales para aquellos sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia. Por el momento, y aunque el plan pasaba por llevar esta cuestión al próximo Consejo de Ministros, la reunión de este jueves se ha cerrado sin ningún acuerdo concreto.

La hostelería, muy sensible a las crisis y con una enorme dependencia del turismo, será con toda seguridad el sector más golpeado. Las previsiones que se han hecho hasta la fecha no auguran nada bueno. Según el último documento de Funcas, los ingresos de alojamientos y restauración retrocederán en el cuarto trimestre del año un 20% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Y los informes elaborados a petición de algunas patronales también dejan claro un impacto notable. Las consultoras Bain & Company y EY, tal y como publicó este diario, calcularon una caída de entre el 40% y el 42% de la facturación anual –de 49 a 52 millones de euros– y un desplome del empleo de entre el 25% y el 26% en caso de un confinamiento rígido hasta mayo y una apertura restringida a la mitad del aforo entre junio y agosto. Sin embargo, el plan de desescalada puesto sobre la mesa por el Gobierno contempla que durante la Fase I, a la que algunos territorios podrán llegar como pronto el 11 de mayo, las terrazas tengan restringido su aforo a un 30%, por lo que las consecuencias económicas podrían ser todavía mayores.

Los trabajadores de la hostelería están siendo los más perjudicados por los ERTE. De hecho, según los cálculos de la Federación de Servicios de CCOO, se han presentado unos 125.000 en el sector con más de 800.000 personas afectadas. Una dura realidad que también se está cebando con el mundo de la cultura. En Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, según los cálculos de El Mundo, la tasa de afección de estos expedientes entre los afiliados del sector del arte y el entretenimiento es la segunda más alta tras la registrada por la hostelería: 61,7%, 38,8% y 34,5%, respectivamente. Las salas de cine podrán abrir de nuevo sus puertas durante la Fase II de la desescalada –a finales de mayo–, pero tendrán que hacerlo reduciendo el aforo al 33%, una limitación que también aplica a salas de concierto o teatros. Una limitación de la actividad que a ojos de la Federación de Cines de España (FECE) debería ir acompañada de un apoyo del Ejecutivo en forma de mantenimiento de los ERTE. El pasado mes de marzo, Adepi calculaba que por cada mes de cierre total de actividad el sector de la cultura perdía unos 960 millones de euros.

Un impacto económico duro es el que también se espera para el pequeño comercio. “La apertura no implicará la recuperación inmediata del volumen de ventas existente previo al cierre, sino que ésta será paulatina, condicionada por la incertidumbre de los consumidores sobre los puestos de trabajo y la masa salarial y la liquidez disponible por el consumidor. Muchas decisiones de compra de bienes duraderos podrían postergarse en el tiempo”, señalaba en un informe publicado hace una semana la Cámara de Comercio de Valencia. El estudio se centraba en la economía de la región. Sin embargo, esta afirmación puede extrapolarse a todo el país. Sólo durante marzo, el comercio minorista en España se desplomó un 14,3% respecto al mismo periodo de 2019, la mayor caída de toda la serie histórica, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

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