La Complutense lleva al borde de la asfixia a su delegación de igualdad a las puertas del 8M

Quienes sostienen la Delegación de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) aseguran que la supervivencia del espacio está bajo mínimos, después de un deterioro progresivo que ha llevado al límite al equipo, responsable de velar por la igualdad en la universidad pública y garantizar que sea un espacio libre de violencias. Así lo señalan sus miembros, después de una decisión que ha sido crucial: reducir el número de horas que la universidad concede al personal docente e investigador para dedicarse a las tareas de la unidad.

La estructura de igualdad se compone de varios pilares que orbitan directamente alrededor de la Delegación del Rector para la Igualdad, con la profesora Isabel Tajahuerce al frente. En el equipo se encuentran la socióloga Beatriz Ranea, directora de la Unidad de Igualdad, junto con el catedrático Lorenzo Escot, coordinador del Observatorio.

Todo el personal dispone de una serie de horas de exención docente, es decir, tiempo reservado para desarrollar las actividades propias de la delegación, una labor que compaginan con su actividad docente. Eso incluye, entre otras funciones, la gestión del protocolo antiacoso, el acompañamiento a las víctimas que denuncien algún tipo de violencia o el asesoramiento a otros departamentos, además de todo el "trabajo invisible que supone ser un espacio de escucha", narra en conversación con este diario Beatriz Ranea.

La universidad pública ha decidido ahora, a las puertas del 8M, recortar las horas concedidas para ese trabajo, un tiempo que resultaba ya de por sí insuficiente para los docentes que venían trabajando en la delegación. "Nos ocupamos de todo y lo hacemos a tiempo parcial", una tarea especialmente ardua teniendo en cuenta que se trata de "la universidad presencial más grande del país", expone Isabel Tajahuerce. La institución educativa está integrada por una comunidad de 82.000 personas, siendo cerca de 70.000 estudiantes, según cita la docente. Y de ellos, alrededor de 43.000 son mujeres.

La delegada ha venido planteando el problema al equipo de gobierno de forma reiterada, pero la respuesta ha sido la de apuntalar el deterioro: "Lejos de aumentar las horas, las han reducido", lamenta. Las razones que alega la universidad son de naturaleza económica, una motivación que el equipo de igualdad mira con recelo. No sólo otros departamentos no se han visto igualmente afectados, sino que los docentes creen que el impacto económico real es mínimo. "El pago destinado a la unidad de igualdad es prácticamente calderilla", reza la delegada. "Con esto no salvamos a la universidad y sí perjudicamos a la igualdad".

En ese contexto, las conclusiones del profesorado afectado son claras: se trata de una decisión política. "No supone mucho económicamente, pero sí tiene el impacto político de desactivar el trabajo de igualdad en la universidad", coincide Ranea.

Este diario ha tratado de contactar con la Universidad Complutense para conocer su versión del conflicto, pero no ha obtenido contestación a las preguntas formuladas. "Es lo que hay" ha sido la única respuesta que, según la delegada, le ha concedido el rector, Joaquín Goyache.

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"Trabajamos por convicción"

"No vamos a dejar de hacerlo, pero nos conducen al agotamiento", clama Ranea. A su juicio, el recorte está dirigido al área de igualdad por otro gran motivo añadido: la certeza de que el equipo se las arreglará para sacrificar su tiempo libre y sacar adelante el trabajo. "Se espera que se vaya a seguir haciendo, por nuestro compromiso feminista", pero el impacto en los trabajadores les lleva al límite de sus capacidades. "Trabajamos por convicción", pero la falta de recursos es ya insoportable, coincide Tajahuerce.

El pasado 17 de febrero, el equipo de la Delegación de Políticas Sociales también vio mermadas sus horas de trabajo y la respuesta fue taxativa: los miembros presentaron su dimisión en bloque. "Nosotras acordamos continuar, pero visibilizando esta realidad, porque si nos vamos en silencio no va a haber ningún cambio", señala la delegada, en referencia a un comunicado publicado en su página web. "La comunidad universitaria tiene que saber en qué condiciones trabajamos", zanja.