Los puntos violeta se consolidan como espacios seguros frente a la violencia machista en las fiestas

Una mujer que acaba de sufrir una agresión puede entrar en una carpa violeta, sentarse, sentirse segura y decidir qué hacer después. Nadie debe obligarla a denunciar ni cuestionar su relato. Puede pedir asistencia sanitaria, acudir a la policía, volver a casa o solicitar que alguien la acompañe. Ese apoyo inmediato es la parte más visible de los puntos violeta, presentes ya en numerosas fiestas populares y festivales de música de todo el país. 

Su origen se remonta a 2014, cuando varios colectivos feministas empezaron a montar puestos improvisados con brazaletes morados en fiestas populares para repartir información sobre cómo actuar ante una agresión sexista. Un año después, en 2015, el Ayuntamiento de Pamplona instaló durante los Sanfermines la primera caseta municipal de este tipo, y desde entonces, la fórmula se ha extendido a prácticamente todo el país, impulsada también por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que destina presupuesto específico a esta red.

José Luis Izaguirre, socio y consultor de Egaleco —cooperativa de políticas públicas, igualdad y comunicación que gestiona dispositivos de este tipo sobre todo en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia—, resume la función de un punto violeta como “la parte visible de un dispositivo entero de prevención y atención frente a las vivencias machistas”, pensado para entornos de ocio donde se concentra mucha gente, se consume alcohol y aumenta el riesgo de agresión sexista. Detrás de la carpa hay una coordinación permanente con los servicios municipales, sobre todo con las técnicas de igualdad de cada ayuntamiento, que trabajan durante todo el año, no solo en fiestas y también con la policía y los servicios sanitarios.

En la práctica, la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad varía según el municipio y el tiempo disponible para preparar el dispositivo. Izaguirre explica que, al inicio del turno, los agentes de guardia, uniformados o de paisano, se acercan a la carpa para presentarse y dejar un contacto directo. “La colaboración siempre es muy positiva”, resume, aunque reconoce que lo ideal sería contar con más margen para diseñar protocolos conjuntos con policía, sanidad y la concejalía de Igualdad antes de las fiestas, algo que choca muchas veces con los plazos administrativos de las licitaciones públicas.

El perfil profesional de quienes atienden la carpa es amplio, pero todos comparten formación en violencias machistas y perspectiva de género. Egaleco recurre habitualmente a promotoras de igualdad con formación de grado superior y a titulados en másteres especializados en género y políticas públicas. “En cada dispositivo suele haber al menos dos profesionales, de forma que si una tiene que acompañar a alguien fuera de la carpa, la otra pueda seguir atendiendo” comenta Izaguirre. Cuando una mujer llega tras sufrir una agresión, la prioridad es buscarle un espacio donde se sienta segura. A partir de ahí, la profesional informa de los recursos disponibles, pero es ella quien decide. “No es agobiarla para que vaya a denunciar sí o sí, ni asustarla, ni mucho menos cuestionar su testimonio. Estamos para acompañar y para ofrecer recursos”, subraya.

Según la experiencia de Egaleco, los casos de agresión grave no son los más frecuentes. La función principal del punto violeta es la sensibilización. “Muchas mujeres se acercan porque el dispositivo transmite seguridad, para pedir información o simplemente porque han oído hablar de él, y también se acercan madres que agradecen que exista ese recurso para sus hijas” asegura Izaguirre. 

La extensión de estos servicios plantea también nuevos retos. Cada vez más ayuntamientos los incluyen en sus fiestas, pero Izaguirre advierte de la dificultad de preparar protocolos conjuntos con suficiente antelación y la tendencia de algunos pliegos de reducir las horas de formación exigidas al personal.

Puntos arcoíris frente a la LGTBIfobia 

Junto a los puntos violeta, cada vez más ferias y festivales incorporan los puntos arcoíris, dispositivos especializados en la prevención de la LGTBIfobia.

Antonio Ferre, presidente de la Federación Andalucía Diversidad LGBT, los define como “un lugar donde cualquier persona LGTBI debe saber que puede acercarse y sentirse escuchada, acompañada y segura” ante discriminación, acoso o agresiones por orientación sexual, identidad o expresión de género.

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Las situaciones atendidas no siempre empiezan con una agresión física. Ferre explica que pueden arrancar con una burla, un comentario o una provocación hacia una pareja del mismo sexo, y escalar después hacia el acoso o la agresión. El protocolo de atención comparte filosofía con el punto violeta: primero se atiende a la persona, después se aborda el procedimiento, sin interrogar ni cuestionar el relato, y sin presionar a la víctima para que denuncie si no quiere hacerlo en ese momento.

Entre los lugares donde las personas LGTBIQ+ sufren más agresiones de odio, el informe Estado del Odio 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), señala la calle como el escenario principal (32%) y los espacios de ocio, como discotecas o bares, en tercer lugar (13%).

La Federación Andaluza LGBT ha instalado puntos arcoiris en eventos como la Caseta La Colega, durante la Feria de Málaga, o la Feria y Romería de San Miguel de Torremolinos. Algunos municipios empiezan a unificar puntos violeta y arcoíris en un único espacio. Ferre no rechaza esa fórmula, pero pone una condición: “Si unir significa sumar, nos parece positivo. Si significa reducir atención o especialización, no”, advierte. Su mensaje se dirige a las administraciones: un punto arcoíris, insiste, “no es un lujo ni un elemento decorativo de una fiesta, sino una inversión en seguridad y convivencia que no debería recortarse en momentos de ajuste presupuestario”.