"La jueza me trató como una mentirosa": los tribunales concentran el 52% de la violencia institucional

Cuando Miriam terminó de declarar ante la jueza, sus ánimos se desplomaron. "Me sentí acusada", señala en conversación con infoLibre. Habla de miradas y gestos acusatorios, pero sobre todo de una enorme falta de empatía. "Chistaba, me cortaba y no me dejaba hablar", rememora. "Me costó mucho tomar la decisión de denunciar y cuando lo hice se me juzgó, se me trató como una mentirosa y se insinuó que debería haberme defendido". Miriam tuvo que cruzarse con su expareja, al que había denunciado por violencia machista y del que se estaba divorciando, en los pasillos de los tribunales. "Con él poniendo caras y riéndose", recuerda.

A partir de entonces todo fue a peor: la víctima señala que la jueza les "presionó para llegar a un acuerdo", en unos términos del todo confusos para ella. "No sabía que estaba aceptando un acuerdo y no me enteré de que era un régimen de visitas tan amplio. No entendía nada". Tiempo después, Miriam fue desalojada junto a su hija del piso del que era copropietaria, en el marco de aquel acuerdo, a pesar de estar en una situación de vulnerabilidad económica acreditada. El pasado mes de marzo, se celebró el juicio de divorcio y la jueza concedió a la víctima el uso y disfrute de la casa, pero sólo hasta mayo de 2027. La custodia de su hija menor también recayó finalmente sobre ella, pero el régimen de visitas con el padre quedó ampliado. La jueza no aceptó como prueba las grabaciones de la niña expresando la violencia ejercida por el padre, por lo que la madre insiste en que la jueza "también deja desprotegida a la niña". El proceso judicial ha estado acompañado de meses de "psicólogos, insomnio, antidepresivos y ansiolíticos". Pero la mayor de las inquietudes para ella, reconoce al otro lado del teléfono, era tener que volver a estar cara a cara con la jueza. 

La de Miriam es una de las muchas experiencias compartidas a diario por las víctimas de violencia machista, quienes se topan en ocasiones con otra forma de violencia inesperada: la institucional. Por primera vez, el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) ha puesto cifras a estas agresiones sistemáticas, en un informe presentado este viernes. Y lo hacen poniendo el foco no sólo en las víctimas, sino en las mujeres en general: el análisis incluye también las experiencias discriminatorias que narran las mujeres, en todas las esferas de su día a día, cuando los responsables de esa violencia son las instituciones. Las conclusiones parten de la recopilación de 143 casos que llegaron al observatorio a través de un canal de denuncia colectiva.

El 52% de los casos recogidos por la entidad refieren situaciones de violencia en el marco del sector judicial, como en el caso de Miriam. Pero además, la violencia institucional tiene rostro: el agente más veces señalado es, precisamente, el juez (22,6%), sobre el total de agentes públicos analizados. Las vulneraciones de derechos más reiteradas entre las mujeres en el sector judicial se clasifican en cuatro tipologías. En primer lugar, "se priorizan los derechos parentales sobre el interés superior de hijas e hijos supervivientes de violencia machistas", por ejemplo concediendo regímenes de visitas a padres agresores o incluso custodias compartidas. El informe recalca que habitualmente "se utilizan argumentos vinculados al falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)".

Además, plasman las investigadoras, "se vulnera el derecho a la seguridad de mujeres, adolescentes, niñas y niños que sufren estas violencias". ¿De qué manera? A través de la denegación de órdenes de protección como medida cautelar o, como en el caso de Miriam, haciendo coincidir en los mismos espacios a víctima y agresor. También "se niegan derechos económicos a las víctimas o supervivientes", omitiendo las indemnizaciones en las sentencias. Por último, relatan las mujeres, "se vulnera el acceso a asistencia jurídica especializada y de calidad, incluyendo el turno de oficio". En este apartado, las expertas identifican patrones específicos como la no tramitación de medidas civiles, la falta de información sobre el procedimiento judicial o la tendencia a abreviar de forma injustificada el proceso.

La narración de Miriam encuentra su reflejo en las conclusiones del informe, donde las autoras citan otras dinámicas como los "pactos entre abogados sin comprensión por parte de la víctima". También hablan de "no creer a la persona menor de edad", "criminalizar a la mujer ante las denuncias cruzadas", "minimizar el delito de agresiones sexuales" o "no tomar en cuenta las pruebas presentadas por la madre, pero sí pruebas presentadas por el padre".

Violencia en la comisaría y en el centro de salud

El sector policial es el segundo más señalado por quienes han escrito al observatorio, especialmente por mujeres extranjeras: el 42,9% de las afectadas nacieron fuera de la Unión Europea. La policía autonómica es mencionada con mayor frecuencia (52,2%), seguida por la nacional (21,7%), la local (17,4%) y la guardia civil (8,7%). Las autoras explican este orden aludiendo a que habitualmente las competencias en materia de violencia de género recae en la policía autonómica.

Las mujeres identifican algunos patrones que se repiten en el seno de las comisarías. Hablan, por ejemplo, de la omisión frente a las violencia machistas, a través de dificultades a la hora de interponer una denuncia o inadecuación de los espacios de atención. Pero también señalan a los agentes como propios agresores: deslizan en estos casos "abuso de poder, amedrentamiento y criminalización de las mujeres".

Tampoco en los centros de salud terminan de ser espacios seguros. El 5,6% de los casos recogidos se corresponden con lo que las autoras del informe han dado en llamar violencia institucional primaria. Es decir, aquellas situaciones en las que la mujer experimenta violencia directa por parte de una institución pública, sin un contexto previo de violencia machista. Y en estos casos, la inmensa mayoría (63,6%) tiene lugar en el sector de la salud.

Aquellas que se han sentido desprotegidas en el sector sanitario, citan como foco de violencia los centros de atención primaria y especializada (47,6%), los hospitales (28,6%) y los centros de salud mental (23,8%). En ese contexto, denuncian "negligencias profesionales por parte del personal sanitario", la imposibilidad de ser atendidas en servicios de urgencia o la negación de atención psicológica a menores ante la oposición del padre agresor.

También dicen ser víctimas de gordofobia de género. "Menos llorar y más correr" fue la respuesta de una obstetra cuando su paciente, uno de los testimonios recogidos en el informe, rompió a llorar tras sentirse humillada en consulta. Fue durante la ecografía de las 20 semanas, cuando la profesional de la salud le "humilló por ser persona gorda, indicando que no sabía por qué a las mujeres gordas" les "dejaban" quedarse embarazadas. 

Machismo, racismo, clasismo

El sector social también es señalado por las mujeres como espacio donde aflora la violencia institucional machista. Y en este escenario, hace acto de presencia otro elemento fundamental: el racismo, una de las principales discriminaciones percibidas por las mujeres.

El racismo mencionado por el 42,7% de las mujeres cuando tratan de escarbar en las raíces de la discriminación. La mayoría cree que la violencia tiene como origen "ser mujer", por lo que identifican el machismo como la base de la agresión. Pero hay más: el 22,2% habla de clasismo, el 15,4% de capacitismo y el 12,8% de edadismo. Las autoras del informe inciden en que la violencia machista institucional tiene muchas caras, todas ellas capaces de retroalimentarse.

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En el sector social, las mujeres hablan especialmente de centros de servicios sociales (62,5%), puntos de encuentro familiar (25%), institutos municipales de personas con discapacidad (6,3%) y servicios de vivienda (6,3%). En estos espacios resulta especialmente urgente proteger a las mujeres, pues funcionan como "puerta de entrada al sistema de protección". Si esa puerta resulta estar averiada, todo el sistema se resiente.

Pese a ello, las víctimas dicen haber presenciado alianzas desde el servicio con sus agresores e informes emitidos en los puntos de encuentro familiar a favor del padre y sin tener en cuenta la opinión del menor. Una vez más, señalan que se siguen utilizando argumentaciones propias del falso SAP.

Si la violencia en el ámbito social es especialmente sangrante, más aún lo es aquella que se identifica en el sector de atención integral a la violencia machista, aquel que debería funcionar como refugio para las víctimas. Sin embargo, ellas hablan de una revictimización constante en este tipo de servicios, con consecuencias devastadoras para las afectadas: el 85,7% cita secuelas en su salud emocional y el 78,6% reporta desgaste físico. El 50% señala específicamente a los servicios especializados en atención a las violencias machistas, el 42,9% a los servicios municipales de información y atención y el 7,1% a los recursos residenciales para víctimas.