Bruselas impulsará una legislación para que los países que quieran puedan limitar los pisos turísticos

Decenas de personas durante una manifestación por la vivienda en Barcelona.

La Comisión Europea propondrá en 2026 un argumentario jurídico para que los entes locales en zonas con problema de vivienda que quieran limitar los alquileres turísticos tengan una base legal para acotarlos, anunció este martes el Ejecutivo comunitario.

La iniciativa, incluida en el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible que presentó este martes el Ejecutivo comunitario en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), pretende crear "un marco jurídico coherente" que permita a las autoridades locales "adoptar medidas específicas y proporcionadas" en esta materia. Entre los pilares de esta medida también se encuentran el "aumentar la oferta de vivienda, impulsar la inversión y las reformas y apoyar a las personas más afectadas", explicó la Comisión en un comunicado.

"Es un tema muy demandado por los ciudadanos, que esperan contar con un hogar seguro, estable y asequible. Una necesidad no lujosa, sino básica", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en la presentación a los medios del paquete. "Es una cuestión de dignidad humana", apostilló Ribera, que destacó la "claridad cristalina" de alcaldes y líderes locales junto a quienes han trabajado en las medidas y cuya contribución fue "clave" a la hora de desarrollar el paquete.

El plan parte de la base de que la oferta de vivienda en la UE, unas 1,6 millones al año, "no se ajusta a la demanda", sobre todo en las zonas urbanas, y que para reducir la brecha entre la oferta y la demanda en la próxima década será necesario añadir unas 650.000 viviendas anuales, lo que costaría unos 150.000 millones de euros por año.

La Comisión también busca reducir la burocracia para ayudar a las autoridades nacionales y locales a simplificar los códigos de construcción, así como los procedimientos administrativos de zonificación, planificación y permisos.

Alquileres de corta duración

Bruselas admite que los alojamientos a corto plazo reservados a través de plataformas en línea "ofrecen numerosas ventajas", incluidos los ingresos adicionales para los dueños, incentivos para invertir en reformas y un impulso al turismo y al empleo. Pero señala que su crecimiento de casi el 93% entre 2018 y 2024 ha contribuido a limitar la oferta de vivienda asequible para los residentes locales, especialmente en destinos muy populares, donde pueden representar hasta el 20% del parque de viviendas.

El Reglamento sobre Alquileres de Corta Duración, que la Comisión prevé aplicar en mayo de 2026, aportará más transparencia, al exigir el registro obligatorio de los propietarios y el intercambio de datos sobre las transacciones, pero "aún quedan cuestiones por resolver". Por ejemplo, preocupa que estos alquileres compitan con los proveedores de alojamiento tradicionales, que deben cumplir con requisitos más estrictos, como normas de seguridad y protección del consumidor. Fuentes comunitarias precisaron que en ningún caso se quiere imponer "una prohibición" de esos alquileres.

La Comisión tampoco recoge la propuesta de los técnicos independientes del Consejo Asesor de Vivienda de la Unión Europea, que en su propio informe presentado hace un mes abogaban por crear una tasa para que las plataformas de pisos turísticos contribuyan a un fondo para luchar contra el sinhogarismo. Según la opinión de ese grupo de expertos que asesora a la Comisión, también sería recomendable uniformar la regulación sobre las plataformas a nivel comunitario, de las que señala que "pagan poco o nada de impuestos".

Financiación y especulación

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El plan prevé movilizar nuevas inversiones en vivienda a cargo del actual presupuesto, incluyendo una inversión adicional de 10.000 millones de euros para 2026 y 2027 y al menos 1.500 millones de euros de propuestas de los países y las regiones para reprogramar los Fondos de Cohesión. Según la Comisión, uno de los principales obstáculos para comprender el impacto de la especulación en el mercado inmobiliario es la falta de datos.

Por eso, el Ejecutivo presentará también en 2026 un análisis de la dinámica de los precios de la vivienda, que incluirá la evidencia disponible sobre los patrones de especulación, las lagunas en los datos y las consecuencias económicas, y propondrá medidas de seguimiento cuando sea necesario. También colaborará con las autoridades públicas para aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario, agregaron las fuentes.

Bruselas anima, además, a los Estados miembros en su plan a implementar medidas para limitar los comportamientos especulativos, incluido mediante políticas fiscales eficaces. Recomienda también asignar de una proporción fija de las nuevas promociones de vivienda a viviendas sociales y asequibles. 

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