Memoria histórica

Ni calles, ni estatuas, ni mausoleos: ¿qué queda de los dictadores en Sudamérica?

Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla y Juan María Bordaberry.

El 20 de noviembre de 1975, mientras el águila de San Juan se preparaba para abandonar España y dar paso a la democracia, la sombra del cóndor de las dictaduras se expandía por América del Sur. El golpe de estado del general Videla en Argentina, ocurrido al año siguiente, completaría el mosaico: Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, Geisel en Brasil, Hugo Banzer en Bolivia, y Bordaberry en Uruguay. Y sin embargo, a diferencia de Francisco Franco, ninguno de estos hombres descansa bajo una tumba monumental ni es objeto de honores. ¿Qué queda de los dictadores en Sudamérica?

El espectro de Stroessner

El militar Alfredo Stroessner llegó al poder en Paraguay con un golpe de estado en 1954. Su régimen de 35 años trajo la paz del sepulcro: 400 personas fueron ejecutadas o desaparecidas y casi 19.000 torturadas, según datos de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, hasta que el propio dictador fue depuesto por uno de sus subordinados. Hasta 1993 no se celebrarían elecciones democráticas, en las que vencería el partido del general.

“La mayoría de los crímenes cometidos durante la dictadura se siguen investigando y han sido reconocidos”, explica Soledad Villagra, presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del país. Las avenidas por las que caminan los paraguayos ya no son las mismas. “Hay una plaza de detenidos desaparecidos, pero no hay tantos monumentos como en Argentina. Lo símbolos los quitaron ya: quitaron las estatuas del dictador, las calles que tenían los nombres de sus parientes se cambiaron, la ciudad Presidente Stroessner pasó a llamarse Ciudad del Este”, enumera la abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional a infoLibre.

Sin embargo, Villagra advierte de que el espectro de la dictadura sigue rondando. “Prácticamente todos los gobiernos de la transición tenían personas allegadas al régimen de Stroessner. El primero (que sucedió al dictador) fue su consuegro, el segundo fue una persona que se enriqueció durante la dictadura”, relata la abogada. El “continuismo” salta a la vista: el Partido Colorado –el mismo del dictador–, lleva gobernando desde entonces, a excepción del mandato de Fernando Lugo (2008-2011). “Y el gobierno que acaba de ser electo es el más stroessnerista de todos, son los cachorros de la dictadura. El presidente actual llegó a llevar el cajón del dictador cuando murió”, lamenta. En este contexto, no extraña que el ministerio de Justicia no haya identificado los primeros desaparecidos hasta 2016.

También explica por qué Alfredo Stroessner murió en Brasil, exiliado, pero impune. Aunque está enterrado en una sencilla tumba en Brasilia, su recuerdo sigue pesando sobre los paraguayos, así como sobre Soledad Villagra: “Yo empecé a trabajar en Derechos Humanos impulsada por mi historia familiar. Tengo tres tíos que desaparecieron y mi papá fue encarcelado”, narra. “Estuvo preso tres meses durante la dictadura de Stroessner por escribir un poema unos líderes comunistas que habían sido asesinados. Luego pudo salir y nos fuimos a Chile, fue un más o menos autoexilio... Estuvimos allí hasta que llegó la dictadura de Pinochet”.

 

Fragmento del poema 'La espera', escrito por Carlos Alberto Villagra Marsal | IL

“Todos los centros importantes de detención, represión o exterminio se han convertido en sitios de memoria”

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, improvisó a finales de agosto una visita al Museo de la Memoria y la Reconciliación en Santiago, en su escala en Chile. En este cofre de cinco mil metros cuadrados se preservan los recuerdos más amargos: las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado entre 1973 y 1990, la dictadura de Augusto Pinochet. Al igual que en Paraguay, aunque muchos miembros de las fuerzas de seguridad han sido enjuiciados y condenados, el dictador murió en libertad. La batalla legal por enjuiciar a Pinochet comenzó con su detención en Londres en 1998. No obstante, el anciano militar alegó en numerosas ocasiones un mal estado de salud para escapar de los juicios. Finalmente murió en Chile en 2006 de un infarto, a los 91 años de edad, en medio de un proceso por secuestros, homicidios y torturas. Sus restos permanecen en una capilla privada en Valparaíso.

Recién estrenada la democracia, el presidente Patricio Alywin –cuyo margen de maniobra estaba ampliamente restringido debido al poder de los militares– encargó a la nueva Comisión de Verdad que esclareciera qué sucedió con durante la Doctrina de Seguridad Nacional. Apenas un año después, el mandatario apareció en todas televisiones chilenas anunciando los resultados del Informe Rettig: 3.550 violaciones de derechos humanos. En 2004, otra comisión amplió estas cifras: 28.000 torturados, 3.197 asesinados o desaparecidos y 200.000 exiliados.

No obstante, el director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez, explica a infoLibre que todavía quedan muchos asuntos en la penumbra. “El principal problema que tenemos nosotros es el desconocimiento del paradero de los desaparecidos. Están sus nombres, sus fotografías, la certeza del momento en el que fueron detenidos. Pero no está la certeza de su paradero ¿Qué pasó con sus cuerpos? ¿Dónde fueron enterrados? ¿O Fueron tirados al mar? Hay muy poca información porque obedeció a una estrategia de la dictadura de eliminar todos los rastros de su represión. Ese es un tema clave todavía pendiente, así como el avance de las investigaciones judiciales y la sanción. El fantasma de la impunidad siempre está. Siempre está rondando. Y para que esto no ocurra, Estado y Sociedad Civil deben estar unidos”, argumenta el historiador de la Universidad Católica y Premio UNESCO-Mandajeet Singh 2014.

“Todos los centros importantes de detención, represión o exterminio se han convertido en sitios de memoria”, señala Estévez. “No ha habido una política sistemática del Estado de cambiar los nombres de lugares de la ciudad que hayan sido nombrados con nombres relacionados de la dictadura. Si existen esos centros, es porque las víctimas o sus familiares han trabajado permanentemente por que esos sitios vayan contando la verdad sobre lo que sucedió en ese lugar y que se reivindique la justicia”, añade. 

Despúes de recorrer los pasillos del Museo, Pedro Sánchez anunció que renunciaba a la idea de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria. Francisco Estévez, a su vez, duda que la tumba de Franco pueda convertirse en un hogar de reconciliación: "Se construye como un símbolo de la guerra donde domina el franquismo. A mí me parece muy difícil que ese lugar pueda resignificarse. Hay que pensar que si se hace un museo de la memoria u otra iniciativa similar, creo que tienen que buscarse otro lugar".

 

Augusto Pinochet | EP

'Nunca más'

“Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad. Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo sólo han conocido horrores semejantes a través de crónicas de otras latitudes. La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel «¿será cierto?» con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse?”.

Esa es la interrogante que lanzó el informe Nunca Más, que reveló lo sucedido durante la dictadura militar argentina, un año después desde la recuperación de la democracia. El fracaso de la Guerra de las Malvinas precipitó el hundimiento del llamado Proceso de Reorganización Nacional en 1983. Y con él, salieron a flote las torturas, desapariciones forzadas, secuestros y robo de niños que, al mando de Jorge Rafael Videla, aterrorizaron a los argentinos . Se estima que 30.000 personas murieron. Un asunto que los militares buscaron dejar atrás mediante una ley de autoamnistía promulgada justo antes de permitir unas elecciones libres.

Pero la democracia argentina tomó otro camino desde el principio. “Este fue el único caso en la historia de América Latina en que las principales autoridades de un gobierno durante el cual se perpetraron masivamente crímenes contra la humanidad fueron llevadas ante la Justicia para rendir cuentas”, explica Amnistía Internacional. Con el Nunca Más sobre la mesa, los 5 miembros de la Junta Militar fueron condenados. El dictador Videla y Eduardo Massera, responsable del mayor centro de desapariciones, fueron condenados a cadena perpetua.

A pesar de que la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida promulgadas a mediados de los ochenta buscaron poner fin a los juicios, y de las amnistías concedidas durante el gobierno de Ménem en los años noventa, la lucha contra la impunidad se retomó en el siglo XXI. Según el último informe anual de Amnistía Internacional, “entre 2006 y diciembre de 2016 se habían emitido 173 sentencias, con lo que el número total de personas declaradas culpables se elevaba a 733”. Esparcidos a lo largo del país decenas de Espacios de Memoria recuerdan el oscuro periodo de la dictadura, pero el sepulcro de Videla no es uno de ellos. Sin haber nunca mostrado arrepentimiento, el dictador murió en prisión en 2013: un funeral sin honores de Estado y una tumba con un nombre falso fue su destino.

 

Fotografías de desaparecidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional | EP

“No se les podía perseguir, o habría problemas”

Al otro lado del Río de La Plata, en Uruguay, las elecciones volvieron en 1985, terminando con la dictadura cívico-militar iniciada por Juan María Bordaberry doce años antes. El uruguayo Omar Torres-Collazos se convirtió en profesor de Ciencias Políticas y de Historia de la Filosofía del Derecho una vez en España, pero todavía recuerda el día del golpe de estado –un 27 de junio de 1973– y los años de represión. Tenía 17 años cuando detuvieron a su padre.

“En todas las familias uruguayas ha habido un preso político. Yo sé que no hubo muchos, pero es que tampoco somos muchos uruguayos. También ha habido muchos desaparecidos. Solamente somo 3 millones y medio de uruguayos”, detalla. Si bien las violaciones de derechos humanos fueron similares a las ocurridas en los países vecinos, Uruguay se diferencia por su transición. “En 1984 –narra– se reunieron los políticos tradicionales con los militares. De ahí salieron los acuerdos de Parque hotel que permitieron la vuelta a la democracia. Y, evidentemente, se estableció una amnistía general. No sólo incluyó a los guerrilleros, sino también a los militares. Por eso, después de las elecciones en 1985, salieron todos en libertad”.

El gobierno, habiendo pactado con los actores de la dictadura, aprobó la Ley de Caducidad de la Acción Punitiva del Estado: los responsables no podrían ser juzgados. Y sin embargo, aunque esta decisión ha sido sometida dos veces a referéndum, la mayoría de uruguayos se niega a derogarla. ¿Por qué? “Ya no valía la pena. El desprestigio de los militares era bestial. Pero la gente de uruguay es bastante inteligente, y se daba cuenta de que en aquel momento donde los militares todavía tenían mucho poder, no se les podía perseguir. O habría problemas. Prácticamente no hubo limpieza de los militares. Se fueron muriendo, se les mandó a su casa, siguieron cobrando sus pensiones, no devolvieron lo que se robaron, aunque tampoco robaron gran cosa”, explica el politólogo.

Hasta el año 2000 no hubo una Comisión de Paz que registrara las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Apenas una veintena de militares fueron condenados, entre ellos el dictador Gregorio Álvarez en 2009. El propio Bordaberry fue finalmente condenado a 30 años de prisión al año siguiente. Murió el 18 de julio de 2018, bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, y fue enterrado en un cementerio de la capital. Al igual que Stroessner, Pinochet y Videla, Bordaberry no tuvo un funeral de Estado.

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