Investigación

La Corte Penal Internacional 'olvida' juzgar a los acusados de cometer agresiones sexuales

Edificio de la Corte Penal Internacional.

“La testigo” aparece en la pantalla plana de la sala de audiencias. La difusa silueta, anónima, asiente, en sango, con voz metálica. “La testigo” no está sentada en la sala de vistas de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en los Países Bajos, sino a más de 5.000 km de allí, en Bangui, la capital de la República Centroafricana.

“La testigo comparece hoy por videoconferencia para dar a conocer sus puntos de vista y preocupaciones”, explica Sylvia Steiner, la jueza brasileña que preside la sala. Entre cada frase, se intercalan largos silencios, el tiempo necesario para que sus palabras sean interpretadas en inglés y en francés, las dos lenguas de trabajo de estos magistrados, abogados y ujieres llegados de los cinco continentes. El 16 de mayo de 2016 fue un día histórico. Se trataba de la primera vez, tras 330 días de juicio, que un responsable militar era condenado por cometer violaciones como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En esta sala aséptica, Jean-Pierre Bemba, ex hombre de Estado congoleño, enfundado en un traje oscuro y escoltado por dos policías, perdía su arrogancia. El hombre, de espaldas anchas, mira con ojos taciturnos la pantalla a través de la que presta testimonio la víctima. A veces también dirige la vista en dirección a las pocas filas que ocupan un puñado de oyentes. Permanece callado, con la resignación de quien conoce su suerte. Porque Jean-Pierre Bemba ya ha sido declarado culpable. Fue el 21 de marzo de 2016, en primera instancia, en su calidad de jefe militar, por cometer homicidios como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pillajes como crímenes de guerra y violaciones como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En esta jornada se sabrá los años que va a permanecer en la cárcel por los abusos que cometieron sus tropas.

“La testigo” es una de las 5.229 víctimas, que tal y como reconoce la CPI, sufrió la violencia perpetrada entre el 26 de octubre de 2002 y el 15 de marzo de 2003, en la República Centroafricana por los 1.500 hombres del Movimiento de Liberación del Congo (MLC), la milicia fundado por Jean-Pierre Bemba. Entre ellas, una terrible mayoría sufrió violaciones. En el día de hoy, los jueces escuchan las declaraciones de ellas, Flavia y Mélanie (nombres supuestos), cuyas vidas han quedado marcadas irremediablemente.

El calvario de estas mujeres comenzó cuando las tropas de Bemba llegaron para apoyar a su aliado, Ange-Félix Patassé, el presidente de la República Centroafricana amenazado por el golpe de Estado de François Bozizé. Convencidos de que los civiles habían apoyado a los rebeldes, los milicianos congoleses lanzaron una amplia operación punitiva. Flavie tenía entonces “entre 15 y 16 años”. Tras ser secuestrada, junto a su tía, ambas fueron conducidas a sendos campos del Movimiento de Liberación del Congo. “Cuando llegué a su base, uno de sus jefes me arrastró a una casa abandonada [...] y me violó”, cuenta con sobriedad Flavie. Secuestrada con otras mujeres, algunas de 13 años, fue violada a diario, obligada a seguir a las tropas, hasta su repliegue en la República Democrática del Congo. Allí, descubrió que está embarazada y que debe vivir con uno de sus violadores. Más tendría nacería su segundo hijo; el primero murió siendo bebé.

Al cabo de 4 años, la joven consiguió huir con su hija: en la República Centroafricana encontró a su familia, a la que creía muerta. Allí se encuentra también con su tía, quien había sido violada también. Pero la vuelta a la normalidad es imposible. Su tía, infectada de VIH, muere, al no recibir ningún tratamiento. Su familia, a quienes los milicianos se lo quitaron todo, vive en la miseria y Flavie no puede volver a la escuela. Estigmatizada por sus vecinos, decidió instalarse en Bangui. Hoy, viuda, rechazada por su familia política, que se enteró de que había sido violada, sin recursos y con tendencias suicidas, vive con sus cuatro hijos en casa de una tía. La niña fruto de la violación no sabe nada de lo ocurrido. “La sentencia de la Corte Penal Internacional no cambiará en nada mi vida, pero alguien debe pagar por los abusos cometidos”, cuenta desde el otro lado de la pantalla. Se ha hecho justicia con Flavie y Mélanie y con las otras víctimas del Movimiento de Liberación del Congo. Son las únicas, las demás mujeres que han recurrido a la Corte Penal Internacional no tendrán esta suerte.

Han tenido que pasar 14 años para que el tribunal condene por fin por primera vez a un alto responsable por agresiones sexuales. Sin embargo las violaciones figuran como delitos recogidos en el Estatuto de Roma, texto que dio origen al tribunal. El tribunal ni siquiera ha condenado a nadie en la República Democrática del Congo, país mundialmente conocido por las agresiones que sufren los civiles. Un fracaso en toda regla debido a la falta de medios y a los errores de la Corte Penal Internacional.

Investigaciones: precipitación y sinsabores

En el corazón del sistema, el responsable de abrir las investigaciones determina las estrategias de la investigación y pone en el punto de mira a los sospechosos: el fiscal de la CPI. Por tanto, Luis Moreno-Ochampo, la primera persona que ocupó este cargo, en 2003, es quien señala a su equipo los objetivos. Pero en 2004, todo está por hacer en la Corte Penal Internacional: contrataciones, organización y creación de los diferentes servicios. Los inicios de la oficina del fiscal son arduos.

Los investigadores deben empezar de cero. Los primeros meses, sólo había dos personas para ocuparse de toda la República Democrática del Congo. Las condiciones de la investigación eran difíciles: no tienen ni oficina, ni alojamiento, ni coche, en un país donde la seguridad es relativa. Más tarde se produjeron las primeras contrataciones oficiales: en 2005, los investigadores en el Congo eran 12. No obstante, entre ellos, había pocos policías.

Así lo quiso Luis Moreno-Ocampo. El fiscal argentino pretende ser el paladín de una Justicia penal internacional nueva: “¡Id más allá de los paradigmas establecidos!”, espeta a sus equipos, escépticos. “Este tipo de declaración volvía locos a algunos juristas!”, cuenta socarrón Sacha (nombre supuesto), otro empleado de la Corte Penal. Se opuso a que en sus equipos hubiese policías y mostró su preferencia por los exempleados de ONG, más familiares, según el fiscal de contextos sociopolíticos. “Los investigadores que proceden de las policías nacionales han hecho los contactos y conseguido fuentes en las milicias sobre las que investigábamos. Los investigadores procedentes de otros campos tenían fuentes entre las víctimas”, justifica Luis Moreno-Ochampo, quien ha aceptado responder a nuestras preguntas por e-mail. “Era dos planteamientos diferentes”.

Para algunos colaboradores de la oficina del fiscal, esta reticencia a emplear a policías podía estar relacionada con la propia historia del fiscal y la de su país.

En Argentina, donde participó en los años 80 en los procesos de la junta militar, Luis Moreno-Ochampo aprendió a trabajar sin el apoyo de la policía, cómplice del régimen, pero con apoyo de las ONG. Aunque “brillantes”, los jóvenes reclutados no saben “ni recabar pruebas ni llevar a cabo audiciones rigurosas ni ocuparse de los informantes”, cuenta Denis (nombre supuesto), empleado de la CPI que trató al fiscal y que ha aceptado responder a nuestras preguntas. Más elementos para ralentizar unas investigaciones que progresaban ya con dificultad.

Poco importa la falta de medios, se hacía necesario llevar casos a los jueces, que comienzan a impacientarse. El fiscal decide entonces concentrar los esfuerzos de su equipo en masacres aisladas, en incidentes concretos. Un método que causa escepticismo: “La probabilidad de dar con el hecho aislado que permita llegar hasta un alto responsable era pequeña”, observa Denis. A sus equipos, “el fiscal le imponía cambios bruscos” en las orientaciones de la investigación, cuenta Camille (nombre supuesto), antiguo trabajador del tribunal. Se investigan pistas sobre masacres donde se habían cometido violaciones, que eventualmente habrían podido llevar a los máximos responsables, pero se abandonan de la noche a la mañana por falta de tiempo.

Luis Moreno-Ocampo quiere golpear de forma rápida y fuerte. Más aún cuando en 2006 el tribunal atrapó al primer pez gordo, Thomas Lubanga Dyilo, jefe de guerra congoleño, entregado por Kinshasa. Su decisión estratégica versa sobre la suerte de los niños soldados enrolados por la milicia de Lubanga. ¿Qué importan las agresiones sexuales cometidas por la milicia? El objeto de la investigación pudieron haberla sugerido las ONG, según Camille. El reclutamiento de los niños soldado indigna, no es para menos, a Occidente, pero para los congoleños, “las infracciones que más perciben eran los pillajes y las violaciones”, comenta el extrabajador. Sin embargo, el fiscal cree que el caso es fácil de dirigir y no menos simbólico. Sin embargo, los equipos de la oficina de la fiscalía se preguntan: “¿Cómo vamos a demostrar la edad de los niños en un país en que el Registro Civil no es fiable?”, dice Camille (nombre supuesto). Luis Moreno-Ocampo elude estas preguntas cuando se lanza en esta cruzada. Para Luis Moreno-Ocampo, la oficina del fiscal era entonces “una start-up mundial en la que trabajaban colaboradores del mundo entero, de opiniones divergentes. Al principio, era muy difícil armonizar las prácticas, lo que generaba desencuentros”, escribe.

Las tensiones crecen en la oficina y el dirigismo de Luis Moreno-Ochampo no resuelve nada. Frustración, incomprensión de las estrategias de investigación, cambios de objetivos erráticos contribuyen a que, entre 2005 y 2007, se marche parte de los efectivos de la oficina “muchos de ellos eran policías experimentados”, según Camille.

Crímenes sexuales descartados por necesidades “mediáticas”

El primer proceso de la Corte Penal Internacional, el de Thomas Lubanga Dyilo, el jefe miliciano congolés se abrió en enero de 2009. En un juicio, la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Radhikha Coomaraswamy, trató de poner sobre la mesa la cuestión de las agresiones sexuales. Estas “forman parte de la utilización de los niños soldado, en particular de las niñas”, hace saber. En vano. Los cargos que se imputan en este juicio, según determinaron en la oficina del fiscal –de medios limitados– se limitarán al reclutamiento de menores de 15 años. Exclusivamente. “Siempre ha habido decisiones difíciles de tomar”, reconoce ahora Luis Moreno-Ocampo. “El caso Lubanga es buen ejemplo de ello. Tuve que elegir entre continuar las investigaciones para acumular los cargos [contra Lubanga] u optar por detenerlo inmediatamente e iniciar los primeros juicios”. Thomas Lubanga Dyilo fue condenado finalmente, a 14 años de cárcel, en junio de 2012 pero no fue acusado de ninguna agresión sexual.

En la investigación abierta en Uganda en julio de 2004, sobre las masacres cometidas por el Ejército de la Resistencia del Señor (ARS), una milicia sanguinaria y sectaria, el escenario era idéntico: de las cinco órdenes de arresto decretadas por la Corte Penal Internacional en 2005, sólo dos dirigidas contra los principales responsables, Joseph Kony y Vincent Otti, incluían cargos por violación o esclavitud sexual. Las otras tres órdenes de arresto contra Dominic Ongwen, Matthew Lukwiya y Okot Odhiambo no incluían dichos delitos. “Los delitos sexuales eran importantes en el ARS pero los cargos no reflejaban los crímenes cometidos” por la milicia, lamenta Richard, exempleado de la Corte Penal Internacional. Pero en este caso el tiempo también juega en contra. Luis Moreno-Ocampo apremia a sus equipos a conseguir lo antes posible de los jueces las órdenes de detención necesarias “para mostrar al mundo que conseguía resultados”, suspira el excolaborador.

La imperiosa necesidad del fiscal de mostrar que actúa parece haber primado sobre la condena de las agresiones sexuales. Luis Moreno-Ocampo, quien en Argentina, en el pasado, presentó un programa de telerrealidad de temática judicial, “tenía tendencia a jugar con los medios de comunicación”, recuerda Camille (nombre supuesto) y asumió el papel de primer embajador de la Corte Penal Internacional. Mientras permaneció en el cargo, abrió las puertas de la institución para que se rodaran cuatro documentales. La imagen de matachín de la impunidad, tal y como se presenta, sin embargo denota cuál es su reputación de puertas adentro: la de un hombre que prefiere colaboradores que “lleven faldas”, ironiza Denis (nombre supuesto). El caso silenciado por la Corte Penal Internacional que le enfrentó al denunciante Christian Palme, habría podido empañar la imagen que se había construido.

“El jefe ha hecho algo mal”

¿Y si el fiscal hubiera cometido una falta grave que manchara la “alta consideración moral” que la función de fiscal de la Corte Penal Internacional requiere? El 29 de marzo de 2005, Christian Palme, responsable de relaciones con los medios de la Corte se hace esa pregunta. Ese día, el hombre recibió un e-mail de un colega, Yves Sorokobi. Éste parece turbado porque “el jefe ha hecho algo mal”, como recoge la transcripción de la conversación mantenida entre los dos hombres y que figura en la denuncia presentada por Christian Palme contra Luis Moreno-Ocampo. Éste supuestamente pudo haber abusado sexualmente de una periodista mientras se encontraba en África del Sur. Ese día de marzo de 2005, en el hotel donde se aloja el fiscal, acaba la entrevista. La reportera, cuyo nombre no ha trascendido, espera poder irse de vacaciones cuando Luis Moreno-Ocampo, supuestamente, le cogió las llaves del coche, se la llevó a su habitación y allí, supuestamente, la obligó a mantener relaciones sexuales.

Yves Sorokobi, amigo de la periodista, habló con ella por teléfono, y ésta parecía “conmocionada”. Mientras le cuenta los hechos, Yves Sorokobi graba la conversación. Ocho meses después, el 30 de noviembre era Christian Palme quien grababa a su colega mientras le relataba la supuesta agresión. Durante la entrevista, Yves Sorokobi le deja oír grabación de su amiga periodista, efectuada en marzo.

El 20 de octubre de 2006, el responsable de relaciones con los medios de comunicación lleva la denuncia ante el presidente de la Corte: acusa a Luis Moreno-Ocampo de un “delito de violación o de agresión sexual o de violencia sexual o de abusos sexuales”. La presidencia de la Corte Penal Internacional rechaza su denuncia por considerarla “no fundada”, como puede leerse en la sentencia del 8 de mayo de 2008 de la OIT a la que hemos tenido acceso. El 16 de marzo de 2007, Christian Palme fue despedido por “falta grave”. Según la Corte Penal Internacional, “realizó alegaciones falsas”.

Christian Palme no se detiene ahí y lleva el caso ante la Organización Internacional del Trabajo, competente en los casos de litigio entre las organizaciones internacionales y sus empleados. La OIT le da finalmente la razón y sanciona la intervención del fiscal en el despido del denunciante. La OIT considera las pruebas aportadas por Christian Palme, cuya grabación “habría podido tener un valor probatorio en el marco de un proceso penal”. La Corte Penal Internacional es condenada a pagar 240.000 euros a Christian Palme. A día de hoy, no se ha dado seguimiento al caso ni en el seno de la Corte Penal Internacional ni en las jurisdicciones sudafricanas, puesto que la supuesta víctima no ha presentado denuncia. “La OIT ha considerado que no se ha probado que Palme tuviese intención de causar prejuicio [a Luis Moreno-Ocampo] y ordenó una indemnización”, dice Luis Moreno-Ocampo con sobriedad. Éste dejó la Corte Penal Internacional cuatro años después, al concluir su mandato.

Mausoleos vs mujeres violadas

En junio de 2012, Luis Moreno-Ocampo dejaba el cargo y tomaba posesión su adjunta, la jueza gambiana Fatou Bensouda, elegida meses antes. En 2014, redacta “un documento de política general relativo a los delitos sexuales y de carácter sexista”: en lo sucesivo, estos crímenes serán analizados sistemáticamente. En 2016, incluye nuevos acusaciones de agresiones sexuales en el caso Dominic Ongwen, miliciano ugandés detenido en enero de 2015. Desgraciadamente, estas declaraciones no han impedido que la Corte Penal Internacional vuelva a caer en viejos vicios.

En septiembre pasado, la Corte condena a un yihadista maliense, Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, a 9 años de prisión por la destrucción de los mausoleos de Tombuctú, en Mali, en 2012. Cuatro años después de los hechos llega la sentencia, pero que no tiene en cuenta el papel del acusado en una policía de costumbres, supuestamente culpable de cometer violaciones y de matrimonios forzados. Una vez más, las víctimas de agresiones sexuales son las grandes olvidadas en un caso que tendrá sí que causará mucho ruido mediático [Fatou Bensouda ni la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional no han dado curso a nuestras peticiones de entrevista]. Y cuando finalmente las agresiones sexuales se tienen en cuenta en las imputaciones, la Justicia a veces deja de lado a una parte de las víctimas, las del bando de los vencedores.

Las anteojeras de la Justicia de los vencedores

Los jueces en el caso Bemba, iniciado por Luis Moreno-Ocampo, no condenaron a todos los agresores. Este juicio histórico en el que la Corte Penal Internacional condenaba las agresiones sexuales, muy seguido por la prensa, silenciaba las violaciones cometidas por el otro bando, el de François Bozizé.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) intentó defender a las víctimas remitiéndole al fiscal los informes que recogían los abusos cometidos también por las tropas de François Bozizé, aunque eran menos numerosos. En un informe que la ONG hizo llegar al fiscal en febrero de 2003, se decía que detrás del 30% de las víctimas –de todo tipo de abusos– registradas se encontraban los rebeldes. Y en noviembre de 2004, Amnistía Internacional denunciaba también las violaciones “generalizadas” cometidas por los hombres de Bozizé, sobre todo en las ciudades de Kaga-Bandoro, Bossangoa, Sibut y Damara.

“Da la impresión de que las cosas no se han llevado hasta el final en este caso”, dice Euphrasie Goungaye, viuda del abogado franco-centroafricano Nganatouwa Goungaye Wanfiyo. Este defensor de los derechos humanos trabajó, y quizás pagó con su vida, por que que todas las víctimas fuesen escuchadas, también la de los rebeldes. “François Bozizé tenía miedo de ir a la Corte Penal Internacional”, confía. Pese a las amenazas y a la oferta de una cartera ministerial, el abogado siguió con su trabajo y estudió los casos de todas las víctimas que la FIDH había comunicados a la oficina del fiscal. “Pero no le dio tiempo de llegar al juicio”, constata con amargura la viuda. El noche del 28 de diciembre de 2008, su coche chocó contra un camión y el abogado murió en el acto.

Incluso aunque François Bozizé hubiese sido interrogado por la Corte Penal Internacional, ¿habría cooperado, comunicado pruebas incriminatorias en su contra, como se recoge en el Estatuto de Roma? La CPI, que no cuenta con policías, ¿habría podido obligarlo a comparecer? No está claro. Jean-Pierre Bemba, por contra, podía ser detenido sin grandes dificultades en Bruselas, por las autoridades belgas, el 24 de mayo de 2008 cuando estaba en el exilio político. Contra Ange-Félix Patassé, el presidente centroafricano expulsado, que recurrió a los hombres de Bemba para mantenerse en el Gobierno, refugiado en Togo, país que no es firmante del Estatus de Roma, nunca se emitió una orden de detención. Murió, en abril de 2011, en Camerún sin haber sido castigado por los crímenes cometidos.

La detención de Jean-Pierre Bemba llega en plena hecatombe política para el jefe del Movimiento de Liberación del Congo, que aspiraba a las más altas funciones del Estado. El 29 de octubre de 2006, perdía la segunda vuelta de las presidenciales en la República Democrática del Congo frente a Joseph Kabila, le siguieron violentos enfrentamientos en el país. Jean-Pierre Bemba “molestaba, comprometía la paz en el país”, observan antiguos empleados de la Corte Penal Internacional. La Corte ¿pudo haber sido instrumentalizada, favoreciendo la llegada al poder de Joseph Kabila? La decisión de Luis Moreno-Ocampo de confiar la investigación a otro congolés, el fiscal Jean-Jacques Bandibanga, sigue alimentando los rumores de la orientación de la investigación, que inculpó a Jean-Pierre Bemba.

Diplomáticos en la Corte, un juego turbio en la CPI

La instrumentalización política de la Corte Penal Internacional es una acusación reforzada en su informe diplomático: la institución cuenta en sus filas con numerosos funcionarios de Ministerios de asuntos extranjeros.

Desde su creación, la oficina del fiscal se ha dotado de una División de la Competencia de la Complementariedad y de Cooperación (DCCC). “Los diplomáticos del fiscal”, suspira Denis, nombre supuesto, exempleado de la Corte Penal Internacional: La célula, especie de antecámara de la oficina del fiscal, estuvo dirigida durante los siete primeros años, por dos diplomáticos: entre 2003 y 2006, por Silvia Fernández de Gurmendi, exdirectora adjunta de derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Extranjeros argentino; de 2006 a 2010, por Béatrice Le Fraper du Hellen, asesora de Asuntos Extranjeros de Francia, actual embajadora de Francia en Malta.

La mezcolanza de la diplomacia y de la judicatura supuestamente es necesaria “porque antes de poner en marcha una investigación, debe hacerse un trabajo de identificación de los problemas políticos que va a plantear”, asegura Camille. Pero para otros, la división era demasiado poderosa. “En un primer momento pensaba que esta célula debía facilita nuestro trabajo, pero en lugar de eso, se encargaba de la toma de decisiones”, en la dirección de la investigación, recuerda Richard. “En algunos casos, la DCCC no quería necesariamente detener a las personas en detención preventiva pero utilizaba de los mandatos de las negociaciones de paz”. Para Silvia Fernández de Gurmendi, actual juez y presidenta de la Corte Penal Internacional, “ni la DCCC ni ninguna otra división de la Corte tiene vocación ni poder de comprometer el trabajo judicial de la Corte”.

A día de hoy, la oficina del fiscal analiza diez “situaciones”, sobre todo la de Colombia, abierta hace 10 años por los crímenes cometidos en el conflicto con las FARC y que incluye agresiones sexuales. No se ha abierto ninguna investigación.

“Una institución como está, sin policía, que sólo puede contar con la cooperación de los Estados para ejecutar sus órdenes de detención está obligada a recurrir a los resortes diplomáticos”, admite un exfiscal de la Corte Penal Internacional. Las investigaciones llevadas a cabo por la oficina sobre las violencias postelectorales en Kenia, entre 2007 y 2008, donde más de 900 personas fueron víctimas de agresiones sexuales, han padecido esta ausencia de policía porque, desde la apertura de la investigación en 2009, Uhuru Kenyatta, principal sospechoso, se ha convertido en presidente de Kenia en 2013; otro acusado, Francis Muthaura, ha sido nombrado jefe de la función pública. La Corte Penal Internacional choca con la obstrucción del Gobierno acusado. Testigos intimidados se retractan. Al final, la oficina y los jueces abandonan las cargas contra los dos acusados.

La Corte Penal Internacional, en la encrucijada

Las sospechas de instrumentalización política de la Corte Penal Internacional han terminado por minar su credibilidad. Desde su creación, la Corte Penal Internacional sólo ha juzgado a africanos. Resulta difícil para la Corte salir de este atolladero porque, entre los que no la reconocen, se encuentran sobre todo miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: China y Rusia. Estos dos últimos países han vetado la consulta de la ONU para investigar estos crímenes, entre ellos violaciones, cometidas en Siria.

Las respuestas de los países africanos han terminado beneficiando a Omar Al-Bashir, presidente de Sudán, contra quien la Corte emitió una orden de arresto en 2009 por las miles de violaciones cometidas por las milicias janjawid. El sudanés no ha dejado de desplazarse por varios países del continente donde no ha sido detenido. Entre sus anfitriones, Sudáfrica, que anunció un año después, su voluntad de dejar la Corte Penal Internacional antes de que la Corte Suprema del país declare la retirada del país de la CPI anticonstitucional e invalide la retirada. Pero el pasado 31 de enero, la Unión Africana aprobó el comienzo de una retirada colectiva del Estatuto de Roma. Si bien esta decisión no obliga a todos los miembros de la UA a dejar la Corte, deja oír la voz de los que cuestionan la Corte Penal Internacional en el seno del continente: cada vez más numerosos en Sudáfrica pero también en Kenia, Burundi o Uganda.

En el tribunal de la Corte Penal Internacional, el 16 de mayo de 2016, Mélanie, la segunda víctima, aparecía también en una pantalla plana desde la cual contaba su calvario tras las violaciones colectivas sufridas: su salud frágil y la transmisión del VIH, sus dificultades para pagar una terapia triple tras la muerte de su padre, que asistió a las violaciones y cuyo cuerpo se halló en uan fosa común. Tres años después de los hechos, Mélanie, no se ha atrevido a decirle nada a sus hijos, a los que “no quiere molestar”. Pero en la frialdad del tribunal la víctima suspira: “Me siento bien, liberada, aliviada, porque he podido decir lo que debí decir hace años”.

 

Investigación realizada por Ariane Puccini con informaciones de Camille Jourdan

infoLibre forma parte del proyecto internacional Zero Impunity (Impunidad Cero). Este consorcio, integrado por varios medios de comunicación internacionales, documenta y denuncia la impunidad que ampara a los autores de agresiones sexuales en conflictos armados.

El pasado 29 de enero, Zero Impunity fue galardonado con el primer premio Smart FIPA, que otorga el Festival Internacional de Programas Audiovisuales (FIPA) y que promueve la creación digital con el fin de anticipar "el futuro del audiovisual apostando por la escritura, las nuevas tecnologías y el talento futuro".

Este consorcio ha realizado seis investigaciones que desentrañan los mecanismos de impunidad existentes en el seno de nuestras instituciones públicas, de nuestras organizaciones internacionales e incluso de nuestros Ejércitos. Además, Zero Impunity es un trabajo de investigación que incluye una verdadera acción ciudadana.

infoLibre publica en exclusiva en España dichas investigaciones, que se pueden consultar en estos enlaces:

1. El ADN de 'Sangaris': las tropas francesas en misión humanitaria en la República Centroafricana, investigadas por abusos sexuales

2. Estados Unidos y la violencia sexual como método de tortura

3. La violación de menores o los otros crímenes de guerra del régimen sirio

4. La ONU, incapaz de reprimir los escándalos sexuales en misiones internacionales

5. Ucrania: agresiones sexuales como arma de guerra

 

Traducción: Mariola Moreno

Los crímenes de lesa humanidad y el increíble doble juego del fiscal de la Corte Penal Internacional

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