Europa

La UE pone el foco en los asesores fiscales para intentar frenar la evasión de impuestos

Edificio del banco suizo UBS.

En noviembre de 2014, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) destapó que casi 350 multinacionales –Pepsi, Ikea, AIG, Fiat, Amazon, JP Morgan o Deutsche Bank, entre otras– se habían beneficiado de acuerdos fiscales con las autoridades de Luxemburgo entre 2008 y 2010 para eludir la mayor parte de su tributación por beneficios: algunas de estas empresas pagaban sólo un 2%, a pesar de que en el Gran Ducado regía el 28,6%. Trajes a medida que fueron diseñados gracias a la intermediación de las cuatro auditorías más potentes del mundo, las conocidas como big four: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte y Ernst & Young. Y en una época en que el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, era primer ministro luxemburgués.

Bancos, asesores fiscales y abogados juegan un papel fundamental en los movimientos que permiten a multinacionales y grandes fortunas ahorrarse millones de euros en su factura tributaria. Ellos son los encargados de diseñar las sofisticadas tramas para esquivar las garras del fisco. Por eso, la Unión Europea ha decidido atarlos en corto. Este martes, los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) han dado luz verde a varias modificaciones de la directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad que permitirán a los Estados miembro incrementar el escrutinio sobre estos actores. Entre los cambios aprobados, la obligación de los intermediarios de informar de los trajes fiscales agresivos que diseñen para sus clientes.

“Las nuevas reglas confirman a la UE como líder mundial en transparencia fiscal. En el futuro, los intermediarios tendrán que compartir con las administraciones los esquemas que venden a sus clientes. Las administraciones tributarias tendrán acceso a la información que necesitan para poner fin a los esquemas de planificación fiscal agresiva que erosionan sus bases impositivas”, destaca el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, quien considera que el acuerdo adoptado por los ministros es “un paso más hacia una mayor apertura y una mejor cooperación” que facilitará “una imposición más justa y efectiva en toda la UE”.

En la misma línea se pronuncia el recién nombrado ministro de Economía español, Ramón Escolano, que destaca que a petición de España se ha incluido una referencia para que la medida “se extienda más allá de la Unión Europea”, pues “su aplicación internacional es la mejor garantía” de que estos pasos darán “resultados a nivel internacional”. “Es un movimiento importante hacia una mayor justicia fiscal”, valora por su parte el portavoz de los Verdes en la comisión de Asuntos Económicos, Sven Giegold, quien no obstante lamenta la decisión de atrasar la aplicación de la norma –estaba previsto que comenzara a funcionar en el primer trimestre de 2019–.

Los cambios

Con la nueva normativa, asesores o bancos, entre otros, estarán obligados a “presentar información” –a partir del 1 de julio de 2020– a las autoridades tributarias de los países miembro de cualquier acuerdo transfronterizo fiscalmente agresivo en un plazo de cinco días desde que el arreglo se haya puesto sobre la mesa de los clientes. En caso de que el intermediario “tenga derecho a un privilegio profesional legal”, como por ejemplo los abogados con el secreto profesional, esta transparencia obligada se trasladaría “al contribuyente” que va a beneficiarse de dicha planificación fiscal. Con esta medida, Bruselas pretende desincentivar que empresas e intermediarios recurran a estas artimañas para esquivar el pago de impuestos.

Según el texto aprobado el martes por los ministros de Economía y Finanzas, la rendición de cuentas ante las autoridades nacionales será de obligado cumplimiento si el esquema fiscal elaborado incluye ciertas características fijadas por Bruselas: el pago a un destinatario que esté domiciliado en un país de baja o nula tributación; la participación en el plan de un Estado cuya legislación contra el lavado de capitales sea “inadecuada”; o que el acuerdo aproveche una misma deducción “en más de una jurisdicción”, por ejemplo. Además, la Unión Europea exige a los países miembro que fijen sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias” para castigar a los que no cumplen con lo establecido en la directiva.

La nueva normativa europea también obliga a las autoridades competentes que reciban esta información a transmitirla cada tres meses, a través de una base de datos centralizada, al resto de países de la UE. En sus comunicaciones, deberán constar la identificación de intermediarios y contribuyentes, un resumen del acuerdo, la fecha en la que se pondrá en marcha o la identificación de los Estados miembro que puedan verse afectados por el plan diseñado. “Si las autoridades reciben información sobre esquemas de planificación agresiva antes de que sean implementados, podrán terminar con las lagunas antes de que se pierdan ingresos”, señala Vladislav Goranov, presidente de turno del Ecofin.

Sangría multimillonaria

Según cálculos de la Comisión Europea, los países miembro dejan de ingresar anualmente 1.000 millones de euros como consecuencia del fraude y la elusión fiscal. Sin embargo, otros estudios elevan radicalmente estas pérdidas. Según un informe del Parlamento Europeo de julio de 2016, sólo el ahorro de las multinacionales en el pago del Impuesto de Sociedades provoca un agujero anual de entre 50.000 y 70.000 millones de euros. Esta sangría podría ser incluso mayor a tenor de un estudio elaborado por la Eurocámara tras el estallido de los Papeles de Panamá, que cifraba la pérdida de ingresos en este caso concreto en más de 170.000 millones de euros.

Europa, según el informe ¿Sospechosos habituales? Co-conspiradores en el negocio de eludir impuestos –elaborado por el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo–, es el segundo continente con mayor número de intermediarios fiscales –más de 5.700–, sólo por detrás de los más de 10.000 registrados en Asia. Unos 3.200, es decir, el 57% del total, están asentados en sólo tres países: Reino Unido (1.540), Suiza (1.321) y Luxemburgo (403). En España, el estudio de Los Verdes calcula que hay unos 200.

Según el informe, que ha tomado como referencia Bruselas a la hora de preparar los cambios, los diez principales intermediarios fiscales a nivel internacional son: UBS, Credit Suisse, Trident Corporate Services, Offshore Business Consultant Limited, Orion House Services, Prime Corporate Solutions, Citibank, G.S.L. Law and Consulting, HSBC y Ansbacher. En total, más de 63.400 sociedades offshore de todo el mundo aparecen vinculadas a todos ellos. Sólo UBS y Credit Suisse aparecen relacionados con más de 24.600 de estas compañías.

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