Unión Europea

Los acuerdos fiscales entre Estados y multinacionales permitieron a casi 40 empresas ahorrarse 14.000 millones en Europa

Un usuario consulta su iPad junto al famoso logotipo de Apple.

Bruselas sigue dando pasos en su ofensiva contra la evasión fiscal de las grandes multinacionales en suelo comunitario. La Comisión Europea anunció a mediados de diciembre la apertura de una investigación en profundidad sobre las ventajas fiscales de Ikea en Holanda al sospechar que la firma de muebles sueca se ha estado aprovechando durante años de un trato de favor en materia impositiva que le ha permitido pagar un menor volumen de tributos que sus competidores. Es la novena investigación de estas características en los últimos tres años. Y puede que no sea la última. "Todas las empresas, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deberían pagar su justa parte de impuestos. Los Estados miembros no pueden dejar que ciertas compañías paguen menos permitiendo que transfieran de manera artificial sus beneficios a otro lugar", avisó a través de un comunicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, nada más conocerse la apertura de las pesquisas.

El Ejecutivo dirigido por Jean-Claude Juncker lleva desde 2013 analizando todas las resoluciones fiscales –conocidos como tax rulings, son acuerdos entre una compañía y un país en materia tributaria– selladas en los Estados miembro. Unas diligencias que han llevado a la Comisión Europea a a abrir desde entonces nueve importantes investigaciones en esta materia –ocho de ellas poniendo el foco en más de 40 compañías y otra centrada exclusivamente en el régimen fiscal británico–. Por el momento, Bruselas ha concluido seis de estos expedientes. Y el tirón de orejas ha sido mayúsculo. En total, el Ejecutivo comunitario ha exigido a cuatro países –Irlanda, Bélgica, Luxemburgo y Holanda– recuperar casi 14.000 millones de euros por los impuestos que Apple, Starbucks, Fiat, Amazon y otras 35 compañías consiguieron esquivar gracias a los trajes fiscales que les hicieron a medida. Ikea, McDonald's y la energética Engie, por su parte, están de momento bajo la lupa de Competencia.

Fiat y Starbucks: entre 40 y 60 millones

La primera decisión se tomó en la mañana del 21 de octubre de 2015. Un año después de la apertura de los respectivos expedientes, Bruselas concluyó que las ventajas fiscales ofrecidas por Holanda y Luxemburgo a Fiat y Starbucks, respectivamente, habían sido ilegales y exhortó a las autoridades de los dos Estados a recuperar "entre 20 y 30 millones de euros" de cada una de las multinacionales por la reducción indebida de su carga fiscal. "Las dos resoluciones investigadas aprobaron métodos artificiales y complejos para determinar los beneficios imponibles de las empresas, sin reflejar la realidad económica", explicaba la Comisión en un comunicado. Aunque dejaban claro que los tax rulings son legales, aseveraban que no se ajustan a las normas comunitarias cuando respalden métodos "que fijen precios de transferencia sin justificación económica y que trasladen indebidamente los beneficios a fin de reducir los impuestos pagados".

En concreto, la resolución aprobada por Holanda en el caso de Fiat en 2012 –cuando eran ministros de Economía y Finanzas del país los actuales vicepresidente de la Comisión y presidente del Eurogrupo, Frans Timmermans y Jeroen Dijsselbloem, respectivamente– permitió a la sociedad financiera de la marca automovilística tributar sólo "por una pequeña parte de sus beneficios reales". En el caso de Starbucks, el acuerdo firmado en 2008 facilitó que "la mayor parte de los beneficios" de la empresa de torrefacción de café usada por la cadena americana se trasladaran al extranjero, donde "tampoco se gravaban". "Espero que, con las decisiones adoptadas hoy, este mensaje llegue tanto a las administraciones públicas de los Estados miembro como a las empresas", señaló Margrethe Vestager. Según apuntan a infoLibre fuentes conocedoras del caso, a día de hoy estos dos países ya han recuperado todo el dinero escabullido.

700 millones perdidos en Bélgica

Dos meses después, el tirón de orejas se lo llevaba Bélgica. Tras un año de investigación, el Ejecutivo europeo reclamó a las autoridades belgas en enero de 2016 recuperar casi 700 millones de euros que 35 multinacionales se habían ahorrado durante una década en concepto de impuesto de sociedades gracias al conocido como régimen fiscal de beneficios extraordinarios. En virtud de ese sistema, presentado bajo el eslogan "Only in Belgium" ("Sólo en Bélgica"), se calculaba el beneficio real de una multinacional en base al beneficio medio hipotético que una empresa independiente habría tenido en situación similar. El resto registrado por la compañía se consideraba "beneficio extraordinario" –no tributaba–. Por ejemplo, si el beneficio total de una multinacional por sus actividades en Bélgica había sido de 10 millones y el beneficio real de una empresa independiente en un contexto similar era de promedio 4 millones, la multinacional sólo pagaba impuestos por esa cantidad y esquivaba la tributación de los otros seis millones restantes.

"En la práctica, el beneficio registrado real de las compañías en cuestión generalmente se reducía en más del 50% y en algunos casos llegaba hasta el 90%", señaló la Comisión Europea a través de un comunicado, en el que añadió que dicho régimen había constituido una "distorsión muy grave" que daña "gravemente" la competencia en la UE al no tratar "a los pequeños competidores de la misma manera que a las multinacionales". Al conocerse la decisión, la comisaria de Competencia rechazó desvelar en rueda de prensa el listado de firmas afectadas. No obstante, la posterior apertura al público del expediente arrojó luz en esta cuestión. Entre las compañías que se aprovecharon de estos acuerdos en suelo belga destacan, por ejemplo, la petrolera BP, la química germana BASF, la cervecera AB InBev y la sueca de equipamiento industrial Atlas Copco. Según las fuentes consultadas por este diario, ya se ha recuperado "la gran mayoría" del dinero evadido.

El récord de Apple en Irlanda

Pero el mayor varapalo hasta la fecha en materia de privilegios tributarios aprovechados por las grandes multinacionales se conoció en agosto de 2016. Tras una exhaustiva investigación, Bruselas declaró ilegales dos resoluciones fiscales emitidas por Irlanda con respecto a Apple que permitieron a la firma estadounidense reducir "artificial y sustancialmente" los impuestos pagados en suelo irlandés durante dos décadas. Según el Ejecutivo comunitario, la compañía dirigida por Tim Cook se benefició de esta manera de "un trato selectivo" que le permitió pagar menos tributos que otras empresas. "Apple consiguió pagar un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 1% sobre beneficios generados en Europa en 2003 y que se redujo hasta el 0,005% en 2014", señaló la Comisión. Traduciendo, la tecnológica abonó en ese último año 50 euros en impuestos por cada millón de beneficios.

Según se explicó en un comunicado, el mecanismo era el siguiente: la "práctica totalidad" de los beneficios por ventas que obtenían las sociedades mercantiles irlandesas del grupo Apple –Apple Sales International y Apple Operations Europe, las únicas autorizadas para fabricar y vender productos de la marca fuera de América– se distribuían internamente a una "administración central", que sólo existía "nominalmente". Dichas ganancias, completaba la Comisión, "no fueron objeto de gravamen en ningún país". "A mí me habría llamado la atención", apostilló Vestager tras hacerse pública la decisión. En total, el Ejecutivo comunitario ordenó a Irlanda recuperar la friolera de 13.000 millones de euros que se habría ahorrado la compañía durante los años investigados –de 2003 a 2014–.

El gigante tecnológico criticó con dureza la decisión de la UE, asegurando que iba a provocar "un profundo daño en las inversiones y la creación de empleo" y aseverando que se estaba intentando "reescribir la historia de Apple en Europa" y "dar la vuelta al sistema fiscal internacional". Tampoco se mostró conforme el Gobierno irlandés, que apuntó que apelarían porque no se habían concedido "ventajas fiscales" de ningún tipo a la compañía. "La decisión no me deja otra opción que buscar la aprobación del gabinete de apelar. Esto es necesario para defender la integridad de nuestro sistema fiscal, para velar por la seguridad fiscal de los negocios y para desafiar a la invasión de las normas sobre ayudas estatales de la UE", apuntó el entonces ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan. 

Ante la dilación de Irlanda a la hora de tomar las medidas necesarias para recuperar el dinero evadido –tendría que haber sido una realidad a comienzos de enero de 2017–, la Comisión Europea intentó dejar claro el pasado mes de octubre que en este asunto será inflexible y anunció que llevaría al Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE. "Ha pasado un año desde la decisión e Irlanda sigue sin haber recuperado esa suma, ni tan siquiera en parte", criticó la comisaria de Competencia. Un mes más tarde, el Ejecutivo irlandés desveló que había alcanzado un acuerdo con la multinacional estadounidense para ingresar los 13.000 millones perdidos. Según explicó el ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, se espera que Apple comience a transferir el dinero a partir del primer trimestre de 2018.  

Los 250 millones de Amazon

El mismo día que Bruselas comunicó que llevaría el caso Apple ante el TJUE, la Comisión hizo público también el resultado de otra nueva investigación –última decisión en esta materia tomada hasta la fecha–. En concreto, el Ejecutivo comunitario exhortó a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros que el gigante de comercio electrónico Amazon había evitado pagar en concepto de impuestos entre mayo de 2006 y junio de 2014 gracias al traje fiscal a medida que le confeccionó Gran Ducado. "Luxemburgo concedió beneficios fiscales ilegales a Amazon. (...) Se le permitió que pagara la cuarta parte de los impuestos que pagan otras empresas locales sujetas a las mismas normas fiscales nacionales. (...) Los Estados miembro no pueden conceder a grupos multinacionales beneficios fiscales selectivos a los que no tienen acceso otros", apuntó Vestager. Debido a lo reciente del caso, el país tiene todavía de plazo hasta febrero para recuperar los 250 millones.

La ingeniería fiscal se hizo a través de dos compañías radicadas en Luxemburgo: Amazon EU –con 500 trabajadores en 2014, esta "empresa de gestión" se encargaba de adoptar decisiones y realizar actividades relacionadas con el negocio minorista de la compañía en el Viejo Continente– y Amazon Europe Holding Technologies –sin empleados, oficinas o actividad empresarial, esta "sociedad de cartera", fundada para cobrar los derechos de propiedad intelectual de la marca en Europa, actuaba como intermediaria entre la primera y la matriz en Washington–. Según explicaba Competencia a través de un comunicado, la firma tecnológica registraba mediante la primera sociedad –sujeta a tributación– los beneficios por su actividad en el continente, pero los transfería casi por completo en concepto de canon por derechos de propiedad intelectual a la "sociedad cartera", que no estaba sujeta al pago del impuesto de sociedades en el Gran Ducado. Gracias a esto consiguió eximir del fisco casi el 75% de sus ganancias.

McDonald's y Engie, también bajo la lupa

Bruselas también tiene abiertas en estos momentos otras dos investigaciones por el trato fiscal que Luxemburgo dio a McDonald's y a la energética francesa Engie cuando el actual presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, era primer ministro y ministro de Finanzas en el Gran Ducado y presidente del Eurogrupo. En el primer caso, Competencia sospecha de dos operaciones financieras que permitieron tratar una misma transacción como deuda y como inversión en acciones, lo que permitió que "una parte significativa de los beneficios registrados" por la empresa a través de los dos acuerdos "no fuera gravada en absoluto". En el segundo, creen que los pactos que McDonald's cerró con la Hacienda luxemburguesa en 2009 esconden ayudas de Estado ilegales que permitieron a la multinacional no pagar prácticamente ningún impuesto.

No obstante, Bruselas no se centra sólo en acuerdos concretos con grandes multinacionales. El pasado mes de octubre, con la negociación sobre el Brexit en uno de sus puntos álgidos, el Ejecutivo comunitario anunció la apertura de una investigación a Reino Unido ante las sospechas de que su legislación favorece que grandes multinacionales esquiven al fisco. En este caso, resulta paradójico que la posible laguna pueda encontrarse en las normativas británicas contra la evasión fiscal. La ley de Reino Unido impide que una matriz pueda operar con una filial extranjera a través de otra filial radicada en un territorio de escasa o nula tributación. Sin embargo, en 2013 se introdujo una exención que se aplica a ciertos ingresos financieros de grandes empresas que operan en Reino Unido. Ese cambio es el que está ahora bajo la lupa del departamento dirigido por Vesteger, que tendrá que ver si las multinacionales aprovecharon ese resquicio para esquivar el pago de impuestos.

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