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La Justicia condena al Gobierno francés a reparar el daño ecológico causado por su inacción contra el calentamiento global

Una mujer sostiene un póster en el que se puede leer 'Energía 100 por 100 renovable para las personas y las comunidades' en la cumbre del clima en París.

Mickaël Correia|Ismaël Bine|Jane Lindgaard (Mediapart)

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Francia ha sido condenada a reparar los daños causados por el incumplimiento de sus compromisos climáticos. Ese es el resumen de la sentencia dictada el Tribunal Administrativo de París este jueves 14 de octubre.

Se trata de una decisión histórica, fruto de una larga movilización por parte de la iniciativa Affaire du siècle [caso del siglo], que reagrupa a las ONG Notre affaire à tous, la Fundación Nicolas-Hulot, Greenpeace Francia y Oxfam Francia. En marzo de 2019, y tras una petición que logró recabar 2,3 millones de firmas, las cuatro organizaciones ecologistas presentaron una demanda contra el Estado por sus incumplimientos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2015 y 2018.

Durante ese periodo, Francia debería haber reducido sus emisiones en un 1,9% anual, pero sólo lo hizo en una medida del 1,1% anual. Sin embargo, el país se comprometió a reducir sus emisiones un 40% con respecto a 1990, en el marco del Acuerdo de París, y a lograr la neutralidad del carbono en 2050.

En un primer fallo, el 3 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de París consideró culpable al Estado por no cumplir sus compromisos climáticos. En ese momento, el tribunal condenó al Estado a pagar un euro a las cuatro asociaciones demandantes para compensar el perjuicio moral. Además, ordenó una investigación adicional para pronunciarse sobre las consecuencias de su inacción climática.

Tras una vista judicial celebrada el 30 de septiembre, en la que la fiscal pidió a los jueces que emitieran un “requerimiento” destinado a obligar al Estado a respetar sus compromisos contra el calentamiento global, el tribunal decidió el 14 de octubre instar “al primer ministro y a los ministros competentes a que adopten todas las medidas útiles para reparar los daños ecológicos y evitar que se agraven en lo equivalente a la parte no compensada de emisiones de gases de efecto invernadero [...] La reparación de los daños debe ser efectiva a más tardar el 31 de diciembre de 2022”.

“Esta sentencia es clara, además de tener que respetar sus compromisos climáticos y, por tanto, su trayectoria de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el Estado está ahora obligado a recuperar el retraso en el que ha incurrido”, señalan las asociaciones de la iniciativa “caso del siglo” en un comunicado conjunto, en una decisión que califican de “jurisprudencia histórica”.

A dos semanas de la COP26, esta condena se suma a la decisión adoptada por el Consejo de Estado el 1 de julio. El máximo tribunal administrativo, al que acudió la ciudad de Grande-Synthe (Norte), consideró que el Estado no estaba a la altura del reto climático y pidió al Gobierno que “tomara todas las medidas útiles” para que Francia redujera drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de finales de marzo de 2022, so pena de sanciones económicas.

“Se trata de un día histórico para la justicia climática”, se felicitaba en Twitter Jean-François Julliard, director ejecutivo de Greenpeace. “La inacción climática del Gobierno francés ha sido ampliamente sancionada”, recalcó.

Por su parte, Marie Toussaint, eurodiputada de Los Verdes y cofundadora de la ONG demandante Notre affaire à tous: “El clima estará presente, con toda las de la ley, en las elecciones presidenciales de 2022. Los y las candidatas tendrán que rendir cuentas ante los tribunales, pero también ante los votantes sobre cómo pretenden reducir las emisiones de Francia”.

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Traducción: Mariola Moreno

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