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La obscena indiferencia de Europa ante la agonía de los migrantes en el infierno libio

Migrantes en el centro temporal de Ain Zara, en la capital de Libia (Trípoli).

Nejma Brahim (Mediapart)

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El pasado 8 de octubre, volvían a perderse vidas humanas, ante una indiferencia casi general, en Libia. Seis hombres murieron a tiros en el centro de detención de Al-Mabani, en Trípoli, a manos de guardias armados que abrieron fuego tras un motín y un intento de fuga de los inmigrantes allí recluidos. Al menos otras 24 personas resultaron heridas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyos equipos se encontraban presentes en el lugar de los hechos y fueron testigos de lo sucedido.

“El uso excesivo de la fuerza y la violencia, que con frecuencia conlleva la muerte, es un fenómeno común en los centros de detención libios”, resumía el jefe de Misión de la OIM en Libia, Federico Soda, con una mezcla de amargura y fatalismo. “Algunos de nuestros empleados describen a los migrantes heridos tirados en un charco de sangre en el suelo. Estamos desolados por esta trágica pérdida de vidas”.

Muertos y un charco de sangre no escandalizan a mucha gente. El 1 de octubre comenzó una fuerte represión en Trípoli, que condujo a la detención de muchos exiliados en un campamento improvisado en el barrio de Gargaresh, y posteriormente en otros campamentos, y a su ingreso en este centro de detención, ya superpoblado. “Las redadas comenzaron hace 15 días en los barrios donde hay una alta concentración de inmigrantes y solicitantes de asilo. Se desalojaron5.000 personas, se destruyeron sus casas, fueron detenidas e internadas en uno de los centros de detención dependientes del DCIM [Departamento de Lucha contra la Inmigración Ilegal, dependiente del Ministerio del Interior]”, explica Jean-Paul Cavalieri, jefe de misión del ACNUR en Libia.

Una “gran redada” que tuvo como consecuencia la duplicación de la población de personas detenidas en todo el país en apenas unos pocos días. “Como resultado, se encontraban hacinadas en celdas mal ventiladas y 2.000 ellas intentaron escapar. Seis hombres murieron y decenas resultaron heridos”. “Desde hace dos semanas, es una verdadera cacería humana”, suspira Hamed [nombre supuesto], un joven africano que vive en Trípoli desde hace tres años y que ha intentado varias veces cruzar a Europa, sin éxito.

Y añade: “La Policía va a las casas de la gente, echa la puerta abajo y entra. Los detienen en sus casas y los llevan a la cárcel. Es muy peligroso para los migrantes en Trípoli en este momento. Antes, este tipo de cosas no ocurrían. Podías acabar en un centro de detención tras ser interceptado en el mar o secuestrado en la calle por grupos armados, pero la policía no venía a acecharte a casa”.

“Varios de mis amigos fueron detenidos y llevados a Al-Mabani. Algunos de ellos resultaron heridos en el momento del tiroteo y las ONG los sacaron del centro para atenderlos”, afirma otro exiliado subsahariano contactado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), que prefiere mantener el anonimato.

Una fuerte represión en el período previo a las elecciones

Según una fuente cercana al Ejecutivo libio, la orden vino “de arriba” y podría tener un fin electoral: una señal de firmeza enviada a la población local relativa a la migración, dos meses antes de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de diciembre, tras el nombramiento de un nuevo ejecutivo interino el pasado febrero.

Oficialmente, las autoridades libias justificaron la represión lanzada a principios de octubre por el deseo de desmantelar las redes de tráfico de drogas y el alojamiento ilegal de inmigrantes. En un comunicado publicado en su página de Facebook, el Ministerio del Interior libio informó de un muerto y varios heridos, sin precisar su número, pero también de policías heridos. Aludía a una “operación policial llevada a cabo con profesionalidad y sin el uso de la fuerza”.

El pasado mes de abril, en el mismo centro de detención, ya había perdido la vida una persona y otras dos resultaron heridas, según informó Médicos Sin Fronteras, cuyos equipos habían atendido a dos adolescentes con heridas de bala. En junio, un informe de Amnistía Internacional recogía que la violencia cometida contra los exiliados durante una década había continuado en el primer semestre de 2021, a pesar de las promesas de hacer algo al respecto.

“Para mí, estos no son centros de detención, sino prisiones. Las condiciones sanitarias son deplorables, no hay comida. Puede haber entre 400 y 500 personas hacinadas en una sala, los guardias están armados y son violentos. Si intentamos escapar, nos disparan en el acto”, añade Hamed, que también ha estado detenido.

¿Debemos aceptar que ese grado de violencia se esté convirtiendo en algo habitual contra los inmigrantes, un término que, en boca de quienes lo quieren utilizar, tiende a deshumanizar a mujeres, hombres y niños y contribuye a reforzar el miedo al “otro”? ¿Deben considerarse sus vidas menos valiosas que las de los demás?

Durante años, en este país dividido y desgarrado por la guerra, en el que prosperan peligrosas milicias locales, los emigrantes, sobre todo los procedentes de África (subsaharianos, norteafricanos), han sido objeto de los peores abusos, como ser secuestrados y retenidos por mafias que luego exigen un rescate por su liberación. También son víctimas, en la mayoría de los casos, de explotación, malos tratos, abusos sexuales y violaciones, torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones sumarias, incluso en centros de detención oficiales.

Un sistema de crímenes generalizado apoyado, indirectamente, por la Unión Europea, que ha inyectado, según las últimas noticias, la módica suma de 455 millones de euros en Libia como parte del Fondo Fiduciario de Emergencia para África. Detrás de este largo título, la Unión Europea pretende financiar la “formación de guardacostas” o “la mejora de la gestión de las fronteras”, pero sobre todo “la protección y el apoyo a los migrantes y refugiados”. Tanto como decir que en este último punto, todavía estamos lejos de ello.

“Además de estar superpoblados, los centros de detención oficiales carecen de fondos y están mal equipados. También hay una falta total de control judicial para los detenidos”, señala Jean-Paul Cavalieri. “Las causas no son sólo el hacinamiento, sino las graves violaciones de los derechos humanos, la extorsión de los guardias de la prisión, la desesperación. ¿Se perseguirá a los responsables de este sistema de detención por estos abusos?”, se preguntaba Vincent Cochetel, enviado especial del ACNUR para la situación en el Mediterráneo occidental y central, en Twitter, que reclamaba “sanciones”.

Una pesadilla interminable

El momento de esta represión y el anuncio de esta matanza se produce coincidiendo con la publicación, a principios de octubre, en Ginebra del informe de una misión independiente de investigación de la ONU, en el que los inspectores hablan de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” contra los migrantes. La noticia no llegó a las portadas de los diarios.

“Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados son objeto de una letanía de abusos en el mar, en los centros de detención y a manos de los traficantes”, denunció Chaloka Beyani, miembro de la Misión de Investigación, que recogió y analizó cientos de documentos y entrevistó a más de 150 personas en Libia, Túnez e Italia, lo que permitió identificar a las personas (entre grupos libios y actores extranjeros) que pueden tener responsabilidad en las violaciones, abusos y crímenes cometidos en el país desde 2016.

“Nuestras investigaciones indican que las violaciones contra los migrantes son cometidas a gran escala por actores estatales y no estatales, con un gran nivel de organización y con el estímulo del Estado, todo lo cual es sugerente de crímenes contra la humanidad”, añadió el investigador de la ONU.

Detrás, se esconden las reveladoras cifras de las detenciones arbitrarias, pero también las de la interceptación de migrantes por parte de los guardacostas libios en el Mediterráneo, que son inmediatamente detenidos a su regreso a Libia. Se trata de 3.400 personas, entre ellas 356 mujeres y 144 niños, sólo para el abarrotado centro de Al-Mabani en Trípoli. Diez mil en todos los centros de detención libios, con poco o ningún acceso a la ayuda humanitaria.

Según la OIM, todos los vuelos humanitarios están suspendidos desde hace meses por decisión del director del DCIM, lo que obliga a más de mil detenidos a permanecer en Libia aunque hayan expresado su deseo de regresar voluntariamente.

“Las autoridades libias tienen una parte de responsabilidad, ya que los centros de detención están bajo su jurisdicción”, recuerda el jefe de la misión del ACNUR en Libia. “Naciones Unidas y la Unión Europea deben estudiar la posibilidad de imponer sanciones para que se persiga a los cómplices de graves violaciones de los derechos humanos, aunque tengan una función oficial. Es legítimo apoyar a Libia, pero es importante que este apoyo esté condicionado al respeto de los derechos humanos, tanto en los centros de detención como en el mar cuando se realicen interceptaciones”.

Este año, las interceptaciones en esta ruta migratoria han sido especialmente elevadas: 24.000 personas fueron detenidas por los guardacostas libios, a veces en condiciones terribles, como muestran las imágenes de la asociación Pilotes volontaires, cuyos aviones de reconocimiento patrullan para detectar embarcaciones en dificultades en el mar, en las que se puede ver cómo las personas caen al agua y quedan a la deriva, sin saber si el mar se ha tragado muchas vidas y cuántas.

La Unión Europea, que financió la creación de la zona SAR (búsqueda y rescate) libia, sigue subvencionando la misión de estos guardacostas, que han demostrado su incompetencia y violencia con los exiliados.

Desde el final de las operaciones de rescate Tritón o Sophia, puestas en marcha por la agencia europea de vigilancia de fronteras Frontex, ningún buque militar opera en el Mediterráneo central. Al delegar sus misiones en los guardacostas libios, que no dudan en violar el derecho internacional llevando a cabo devoluciones ilegales (interceptando a personas en las zonas de búsqueda y salvamento maltesas o italianas y devolviéndolas a Libia), la Unión Europea elude sus responsabilidades. Como si fuera adecuado, y aceptable, dejar que los seres humanos pierdan la vida, a menudo en naufragios invisibles de los que nadie es consciente.

Solo iniciativas como el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM intentan poner un número y un nombre a las personas desaparecidas en el mar: 17.000 muertos y desaparecidos en el Mediterráneo central desde 2014. ¿Hasta cuándo el mundo y Europa seguirán mirando hacia otro lado?

Para reaccionar y poner fin a estos abusos, a los dirigentes europeos les convendría embarcarse en un buque humanitario para participar en una patrulla en el Mediterráneo central; a veces las fotos o los vídeos de personas a bordo de balsas no bastan para tomar conciencia de la gravedad de la situación. Es necesario confrontarse con la realidad, ver las figuras desesperadas, a bordo de una embarcación improvisada y a menudo sobrecargada, flotando en medio de una extensión infinita de agua con el cielo como único horizonte; escuchar sus gritos de auxilio, acercarse a ellos, adivinar los frágiles cuerpos de bebés inocentes envueltos en una simple manta; acercarse a los supervivientes, ver su piel lacerada por la tortura, enfrentarse a sus ojos vacíos y a sus sollozos incontrolados, curar las heridas; escuchar las historias de las mujeres violadas, convertidas en esclavas sexuales, comprender qué es Libia y por qué tanta gente huye de ella, por cualquier medio. Muchos dicen que preferirían morir en el mar antes que ser devueltos a este “infierno libio”.

Si el horror es tan grande, ¿por qué tantos migrantes (597.611 actualmente en Libia) deciden ir allí? En realidad, la mayoría de las personas van a Libia por las oportunidades de trabajo que ofrece el país, sin intención de continuar su viaje migratorio por el Mediterráneo, y sin imaginar los malos tratos que les esperan. A menudo, una vez allí, para huir de los abusos, deciden escapar intentando la travesía.

Que se sepa, ningún líder político experimentará jamás una operación de búsqueda y rescate en el mar. Se encargarán de dejar el trabajo sucio a las asociaciones ciudadanas, como SOS Méditerranée y otras ONG cuyo barco humanitario recorre el Mediterráneo central para rescatar a los exiliados en apuros, y que, como señaló un joven rescatado por el Ocean Viking a principios de 2021, no sólo salvan a personas, sino a “toda la humanidad”.

La perspectiva de unas elecciones presidenciales y parlamentarias en Libia en diciembre y enero da esperanzas a los más optimistas sobre el futuro. “Da esperanza para la creación de un espacio de cooperación para intentar mejorar las cosas, para la instalación de un gobierno estable, la reconstrucción del país y una gobernanza migratoria que permita a la gente venir a trabajar al país legalmente”, concluye Jean-Paul Cavalieri.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Al menos 10 muertos en el naufragio de una embarcación con 130 tripulantes en las costas de Libia

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