La fijación de un tope al precio del gas divide a la Unión Europea por miedo a las represalias rusas

Gasoducto Nord Stream 1, en Alemania.

La Comisión Europea presentará este miércoles su plan de reforma del sistema energético para tratar de reducir definitivamente la factura de la luz de los europeos. Y uno de sus dos pilares será limitar el precio al que la Unión Europea compra el gas natural a sus proveedores, una materia prima indispensable en la generación eléctrica y cuyo precio es seis veces superior al de hace año, lo que dispara el coste de la electricidad. 

El tope al precio de compra del gas ya fue respaldado a grandes rasgos el viernes pasado por los ministros de energía de los 27 miembros, pero la letra pequeña de este mecanismo tendrá que ser definida ahora por la Comisión, y aquí es donde difieren los gobiernos. Unos proponen limitar solo la factura del gas ruso para estrangular las arcas de Vladímir Putin, y otros abogan por un tope a todos los vendedores. Estas asperezas quedan reflejadas en un borrador del plan de Bruselas filtrado este lunes donde no hay rastro de este mecanismo, que podría ser incorporado a última hora o podría quedar fuera de la futura legislación por falta de consenso.

Según algunos expertos, ponerle un límite al precio que Europa está dispuesta a pagar por el gas extranjero es una medida arriesgada y compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como geopolítico, ya que podría poner en peligro el suministro de esta materia prima. Aun así, podría ser efectiva si se activan también políticas de rebaja del consumo de luz.

"Un tope de gas podría parecer una medida atractiva para algunos gobiernos para reducir la actual crisis inflacionaria y las restricciones presupuestarias", explica Maria Pastukhova, analista de Política Energética del think tank E3G, a infoLibre. "Pero al mismo tiempo, podría crear efectos indirectos negativos que superen los posibles beneficios, ya que Rusia podría cortar completamente el suministro de gas como represalia". 

Albert Banal-Estañol, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, añade que este mecanismo alterará las dinámicas del mercado eléctrico, "pero está claro que el sistema no funciona y algo hay que hacer, porque las familias y las empresas están pagando una factura inasumible".

Posibles represalias de Rusia

Si el gas ruso representaba en el pasado el 40% de las importaciones europeas, ahora supone apenas el 9%. Sin embargo, los países del este de Europa siguen dependiendo en gran medida de su materia prima, y temen que establecer ese tope ponga en peligro su suministro este invierno. Esto ya pasó a comienzos de septiembre, cuando los países del G7 acordaron un límite al precio del crudo ruso, a lo que Rusia respondió que no vendería su petróleo a quienes firmasen ese acuerdo. 

"Rusia ya ha amenazado con cortar todo el flujo de gas si se impone un tope al precio, pero mientras el tope esté por encima del coste de producción hay incentivos para Rusia, porque cortar totalmente el flujo de gas le dejaría sin un arma estratégica contra Europa (la amenaza de reducir flujos) y perdería una fuente de ingresos", opina Jorge Fernández Gómez, coordinador del área de energía del Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad 

En todo caso, para no arriesgarse a que Rusia cierre el grifo de gas, al menos una decena de países presiona en Bruselas para que el tope al precio del gas se extienda al resto de proveedores, entre ellos Italia, Grecia y Bélgica. En lado contrario, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, entre otros, se oponen a un tope general del precio del gas y advierten de que pondría en peligro el suministro energético, según ha podido saber Reuters de fuentes diplomáticas.

Por otro lado, ampliar el tope al resto de vendedores permitiría que la medida tuviese un impacto real, ya que Rusia ha perdido mucho peso en el mercado europeo del gas. "Noruega suministra ahora el 40%. Por lo tanto, si el objetivo de un tope de precios del gas es reducir los costes para los consumidores, tiene más sentido aplicarlo de forma más amplia que solo al gas ruso", argumenta Bram Claeys, asesor del Regulatory Assistance Project, un think tank de Bruselas especializado en política energética. 

Precisamente Noruega ha sido el primer vendedor en mostrar su desacuerdo con la propuesta de los ministros de energía, ya que la futura normativa acabaría con el gran negocio de venta de gas del que disfruta ahora este país.  "Un precio máximo no resolvería el problema fundamental, que es que hay muy poco gas en Europa", declaró este lunes el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en un comunicado posterior a una conversación telefónica con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión.

No obstante, se mostró predispuesto a "tener un diálogo cercano sobre las propuestas que están sobre la mesa", una actitud que contrasta con las "consecuencias no deseadas" de las que habló la semana pasada Støre, cuando supo que Bruselas preparaba un tope a su precio de compra de gas natural. 

Los beneficios caídos del cielo, el otro frente de Bruselas 

Además de limitar el precio del gas, Bruselas prepara otras fórmulas para contrarrestar la subida de la luz en el documento que presentará esta semana. 

La Comisión gravará los ingresos extraordinarios de la generación renovable y nuclear –los llamados beneficios caídos del cielo– y utilizará ese dinero para ayudar a las familias europeas. También incluirá medidas de ahorro energético y un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las empresas de energías fósiles, según un borrador de la propuesta filtrado este lunes por el medio francés Contexte Énergie

En el texto, la Comisión explica que con este gravamen a las eléctricas y las productoras de gas, carbón y petróleo, pretende que estas empresas tengan los mismos beneficios que hubiesen tenido "si las cadenas de suministro mundiales funcionaran con normalidad, en ausencia de las interrupciones del suministro de gas que han tenido lugar desde la invasión de Ucrania". 

El objetivo de esta medida sería extraer los grandes beneficios del sector privado derivados de la crisis y emplearlos para reducir el coste de la luz a los ciudadanos, como señalan los expertos. Jorge Fernández, del Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, apunta que para que esta política sea eficaz, el dinero recaudado debe ir destinado "única y exclusivamente para reducir las facturas energéticas".

"Los consumidores deberían recibir ayudas directas [para pagar sus recibos] o ayudas para invertir en medidas de ahorro energético como el aislamiento de edificios, las bombas de calor, etc.", añade Bram Claeys. 

Según el sistema actual de fijación de precios de la luz en Europa, el coste diario del megavatio se establece en función de una subasta a la que acuden los diferentes productores de energía. Las energías más baratas –la renovable y la nuclear, llamadas inframarginales– son las primeras que se venden para cubrir la demanda, pero el precio final al que se paga toda la luz lo fijan las energías más caras como el carbón y el gas, lo que provoca que los productores de energías baratas obtengan unas enormes ganancias.

Es aquí donde la Comisión quiere actuar, aplicando un límite a estos beneficios y utilizando ese dinero sobrante para ayudar a los consumidores vulnerables. Concretamente, según adelanta la prensa anglosajona, la Unión Europea limitará los ingresos de las energías inframarginales a entre 180 y 200 euros por megavatio hora, mientras que ahora ingresan más de 400 euros y en agosto superaron los 600 en gran parte de Europa.

Uno de los problemas que plantean los expertos es que esta medida podría desincentivar la inversión en plantas renovables, ya que estas energías perderían parte de su rentabilidad, si bien Bruselas ha recogido en su borrador que el tope a los ingresos que establezca esta semana "no debe poner en peligro a los productores y debe preservar e incentivar las futuras inversiones en la capacidad necesaria para un sistema eléctrico descarbonizado y fiable", según se lee en el texto.

En el caso de los productores de combustibles fósiles, se espera que la Comisión proponga un impuesto de al menos 33% sobre los beneficios extraordinarios que reciban este año en comparación con el periodo 2019-2021.

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