El periodismo en España sufre por la inseguridad de los periodistas, el incremento de las presiones políticas y económicas, el uso de litigios intimidatorios contra los medios, las dificultades de acceso a la información pública, la elevada concentración de la propiedad mediática y nuevas formas de censura o restricciones digitales.
Al menos eso es lo que denuncia la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) en su informe sobre la situación en España en 2025, que acaba de ser publicado. La PLI es una organización dedicada a proteger y promover los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Fue creada en noviembre de 2014 por un amplio grupo de medios, colectivos de periodistas, juristas y organizaciones sociales preocupados por las amenazas crecientes a estos derechos fundamentales.
En el informe recientemente presentado, la plataforma reseña diferentes episodios que califica como vulneraciones de la libertad de prensa en nuestro país, a partir de los cuales concluye que existe un proceso de erosión progresiva, resultado de la acumulación de presiones políticas, judiciales, económicas y digitales.
La organización documenta lo que denomina “un patrón sostenido de ataques y acoso a periodistas”, que combina agresiones físicas, intimidación durante coberturas informativas y campañas de hostigamiento digital.
El acoso digital, aseguran, “adquirió una dimensión especialmente preocupante” el año pasado. “Se documentaron campañas de amenazas de muerte, insultos racistas y señalamiento coordinado contra periodistas, en algunos casos impulsadas o amplificadas por actores políticos”.
Efecto acumulativo
Estas campañas, sostenidas en redes sociales, tienen un “efecto acumulativo”: erosionan la reputación profesional, afectan a la salud mental de los informadores y pueden conducir a la autocensura o al abandono de determinadas coberturas. Organismos como la OSCE han advertido reiteradamente que “el acoso en línea debe considerarse una amenaza real a la libertad de prensa, y no un fenómeno menor o inherente al debate público”.
Uno de los hitos más graves de 2025, señala la PLI, fue la imputación de cuatro periodistas por revelación de secretos tras publicar información de interés público relacionada con el caso del fiscal general del Estado, un caso recogido por la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho.
Es un caso, subrayan, que podría sentar un precedente peligroso, al normalizar la intervención penal en la actividad informativa. “El riesgo principal es el efecto desaliento: cuando los periodistas perciben que informar sobre determinadas investigaciones judiciales o policiales puede acarrear imputaciones personales, se reduce la disposición a investigar y publicar, incluso cuando existe un claro interés público”.
La plataforma se hace eco también de la persistencia de problemas en el acceso a la información pública en el marco de la ley de secretos oficiales, una norma de origen franquista que sigue sin reformarse, a pesar de que ha sido discutida en varias ocasiones en el Congreso.
La Comisión Europea, recuerda el informe, identifica además prácticas administrativas e institucionales que afectan de forma directa al trabajo de los periodistas. Entre ellas, el aumento de comparecencias oficiales sin turno de preguntas, la restricción del acceso de determinados medios a actos informativos y los retrasos recurrentes en la respuesta a solicitudes de información pública, que impiden a los profesionales acceder a datos en plazos compatibles con el ciclo informativo.
Censura indirecta
Son formas de “censura indirecta” o de baja intensidad que debilitan de manera sistemática la capacidad de los medios para fiscalizar al poder y que, cuando se normalizan, erosionan la rendición de cuentas y el pluralismo informativo, afectando de manera desigual a los medios más críticos o con menor capacidad de acceso privilegiado.
Por lo que se refiere a los medios públicos, la PLI recuerda los riesgos de politización de los órganos de gobierno de RTVE derivados de la reducción de los umbrales exigidos para su elección en el Congreso, así como las movilizaciones de profesionales de las radiotelevisiones públicas autonómicas en defensa de su independencia editorial.
El análisis de los casos de 2025, sostiene esta plataforma, muestra que las vulneraciones a la libertad de prensa en España no responden a un único patrón, sino a “la convergencia de múltiples presiones que operan de forma simultánea”. Agresiones y acoso, judicialización, restricciones informales, reformas normativas controvertidas y opacidad financiera configuran un entorno en el que el periodismo puede seguir ejerciéndose, pero a un coste creciente.
Desde la perspectiva del Estado de derecho, el riesgo no es solo la existencia de incidentes aislados, sino “su normalización”. Cuando informar implica asumir riesgos personales, legales o económicos desproporcionados, la libertad de prensa se vacía progresivamente de contenido, incluso sin necesidad de censura explícita.
El informe también señala la preocupación de sus redactores por algunas reformas legislativas en curso, desde la regulación del secreto profesional —que temen pueda acabar debilitando su protección— hasta el proyecto de ley de información clasificada, con capacidad para establecer prohibiciones de publicación durante plazos muy prolongados.
Riesgos en la EMFA
También hay una referencia a la reforma del reglamento del Congreso que estableció nuevas normas para los periodistas acreditados y que la PLI considera, en algunos supuestos, una amenaza para el trabajo periodístico. Y una última al proyecto de ley que aplicará en España el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), al que esta organización atribuye riesgos de restricciones indirectas a la libertad de información, inseguridad jurídica para medios y periodistas y un posible efecto disuasorio en el entorno digital.
Para corregir estos problemas, la plataforma propone, en primer lugar, definir con claridad y precisión los límites de derechos clave del periodismo, como el secreto profesional, el acceso a las fuentes o los sistemas de acreditación, para evitar interpretaciones arbitrarias o aplicaciones desproporcionadas. A ello se suma la exigencia de que cualquier reforma sea plenamente compatible con la normativa europea y los estándares internacionales, de modo que España no quede en una posición de menor protección de la libertad de información que otros países de la UE. En este marco, se subraya la importancia de reforzar los controles independientes, mediante órganos de supervisión imparciales que puedan revisar sanciones impuestas a periodistas o medios y actuar como garantía frente a posibles abusos.
Los ultras intensifican el acoso, los bulos y las amenazas contra medios y periodistas críticos
En segundo lugar, las recomendaciones de la PLI insisten en proteger de forma específica a los medios digitales e independientes, evitando que reformas como la del derecho de rectificación se conviertan en barreras de entrada al mercado informativo o fomenten la autocensura.
También reclaman una mayor transparencia en la clasificación de la información secreta, con plazos de desclasificación realistas, mecanismos de revisión y criterios claros de interés público en la futura ley de información clasificada.
Por último, el informe advierte de la necesidad de establecer garantías efectivas para que las sanciones por pérdida de acreditaciones no se utilicen como herramientas políticas destinadas a limitar el acceso de medios críticos o de alternativas informativas al espacio público.
El periodismo en España sufre por la inseguridad de los periodistas, el incremento de las presiones políticas y económicas, el uso de litigios intimidatorios contra los medios, las dificultades de acceso a la información pública, la elevada concentración de la propiedad mediática y nuevas formas de censura o restricciones digitales.