Sánchez evita pronunciarse sobre si vería bien el regreso del emérito si la Fiscalía cierra el caso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre si el Gobierno vería con buenos ojos el regreso a España del rey emérito si se confirma que la Fiscalía del Tribunal Supremo cierra las investigaciones abiertas en torno a Juan Carlos I.

Preguntado expresamente sobre si el Gobierno tendría alguna objeción al retorno del padre del rey a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos, Sánchez ha sostenido que no le "corresponde" a él responder a esa cuestión. El Ejecutivo ha venido defendiendo en todo momento, después de que el rey emérito abandonara el país en agosto de 2020, que este es libre de regresar cuando lo considere oportuno a España igual que fue libre de abandonar el país.

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Como en ocasiones anteriores en las que se le ha preguntado por la situación del rey emérito, Sánchez ha insistido en rueda de prensa en Eslovenia, donde ha participado en la cumbre UE-Balcanes, en que con su caso ha quedado demostrada que "la igualdad de todos los españoles, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden" ante la justicia. "Lo que ha hecho la Agencia Tributaria y lo que ha hecho la Fiscalía es trabajar en absoluta libertad, con todos los recursos económicos y materiales que necesitan, para poder investigar hasta el último de los hechos que tuvieran que ser susceptibles de investigación".

"A partir de ahí, estaremos a lo que nos diga la Fiscalía General del Estado", ha rematado el presidente del Gobierno, después de que fuentes jurídicas hayan confirmado que la Fiscalía sopesa el archivo de las diligencias de investigación en torno a Juan Carlos I y la finalización de las pesquisas.

Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando el rey emérito era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros. En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.