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Juicio 9-N

El TSJC vuelve a rechazar que Rajoy y Catalá declaren como testigos en el juicio del 9-N

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega (d) y la exconsellera Irene Rigau (i) a su llegada al Palacio de Justicia de Barcelona

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha vuelto a rechazar, en las cuestiones previas del juicio del 9N, que se cite como testigos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quienes ha insistido en reclamar la defensa del expresidente de la Generalitat Artur Mas, según ha informado Europa Press.

En la resolución de las cuestiones previas en el juicio que ha comenzado este lunes en el TSJC, el ponente del tribunal, Jesús María Barrientos, lo ha rechazado después de haberse opuesto también el fiscal Emilio Sánchez Ulled al verlo innecesario: "No aportaría absolutamente nada" a la causa.

El abogado de Mas, Xavier Melero, había reclamado nuevamente –como ya había hecho en su escrito de defensa y que fue rechazado– citar a Rajoy a Catalá por las declaraciones que hicieron entonces en diversos medios sobre la consulta, ya que las ve "de interés" porque restaban validez al proceso participativo sobre la independencia.

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El tribunal también ha rechazado la petición de las defensas de añadir a la causa un informe previo de la Fiscalía Superior de Cataluña que consideraba que no había delito en el 9N –aunque luego, por orden de la Fiscalía General del Estado, acabaron interponiendo la querella contra Mas, la exvicepresidenta Ortega y la exconsellera Rigau–.

La Fiscalía también se ha opuesto a esta pretensión por varias razones: no aporta nada porque es posterior a los hechos –al 9 de noviembre de 2014–; porque las defensas ya citan continuamente este informe en sus escritos, y porque que es simplemente un escrito interno de la Fiscalía, que siempre está sometida a un principio de "unidad de acción y jerarquía".

El tribunal ha aceptado la petición del fiscal Emilio Sánchez Ulled de llamar a declarar a un técnico de la empresa Fujitsu, en el contexto de intentar probar que los acusados continuaron con los preparativos de la consulta una vez que la suspendió el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de noviembre.

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