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Hacienda deja en el aire la privatización de la gestión del agua de Alcázar

  • Un tribunal dependiente del Ministerio ha paralizado cautelarmente la privatización de Aguas de Alcázara causa de un recurso presentado por el PSOE de la localidad
  • Los socialistas alegan que la empresa adjudicataria cuenta con un capital de 3.000 euros y fue constituida el 7 de febrero de este mismo año

Publicada el 26/03/2014 a las 20:03 Actualizada el 26/03/2014 a las 20:04
Los vecinos sostienen pancartas contra la privatización del servicio de aguas.

Los vecinos sostienen pancartas contra la privatización del servicio de aguas.

PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha paralizado cautelarmente la privatización de Aguas de Alcázar este miércoles a causa de un recurso presentado por el PSOE de la localidad. La suspensión provisional se mantendrá hasta que se resuelva esta apelación.

Los socialistas, que presentaron su recurso el pasado día 19, aseguran que el proceso de privatización de la empresa, al que se ha opuesto desde el principio la mayoría de los vecinos, ha estado plagado de "irregularidades". Su portavoz, Rosa Melchor, explica que en la apelación se hace referencia a que la empresa adjudicataria, Aqualcázar –una Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por las compañías Aqualia y Trainsa–, se constituyó el día 7 de febrero con un capital social de 3.000 euros, unas condiciones que para el PSOE no son suficientes para hacerse cargo de la gestión del agua.

"Entendemos que esta empresa [Aqualcázar] no tiene ni experiencia ni capital para acometer este proyecto", señala Melchor, que tacha de "ridículo" que la compañía cuente tan sólo con 3.000 euros ya que, con tan exigua cantidad, "no puede hacer frente a ninguna eventualidad" en un pueblo que, recuerda, cuenta con más de 30.000 habitantes.

No obstante, la paralización del proceso no es definitiva, sino que el recurso se resolverá en unos 15 o 20 días. La portavoz de los socialistas explica que, a partir de ahora, el Tribunal tendrá que solicitar la documentación al Ayuntamiento y ver si los contratos de adjudicación cumplen con las condiciones. De no ser así, Hacienda podría "dar marcha atrás al proceso hasta el punto donde se hayan cometido los errores".
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