Privatizaciones

Los vecinos de Alcázar paralizan en los tribunales la privatización del agua

El alcalde de Alcázar desafía a los vecinos y busca privatizar el agua este viernes

Tras la paralización cautelar, ha llegado la definitiva. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha declarado nulo este martes el proceso de privatización del 52% de la empresa Aguas de Alcázar, adjudicado a Aqualcázar –una Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por las compañías Aqualia y Trainsa–, así como el pliego de condiciones por el cual se realizó.

El primer paso para la anulación definitiva del proceso se dio el pasado el pasado día 19 de marzo, cuando el PSOE de la localidad presentó un recurso administrativo que paralizó el proceso ya que, a su juicio, la privatización –que se hizo efectiva el 28 de febrero– se había llevado a cabo cometiendo numerosas irregularidades. Los socialistas argumentaban, en este sentido, que la UTE se había constituido pocas semanas antes –el día 7 de febrero– y que sólo contaba con un capital social de 3.000 euros, una situación que en palabras de la portavoz del PSOE, Rosa Melchor, eran una muestra de que la compañía no tenía "ni experiencia ni capital" para acometer el proyecto.

El tribunal ha decidido admitir las alegaciones del recurso, por lo que ahora mismo el Ayuntamiento tiene dos opciones: o bien interponer, a su vez, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), o bien aceptar la decisión y, en todo caso, volver a iniciar los trámites desde el principio para privatizar el 52% de la empresa. Ambos casos, no obstante, pueden dilatarse en el tiempo durante varios meses.

Sin embargo el alcalde, Diego Ortega, ya ha tomado una decisión al respecto: en un comunicado difundido por el consistorio, el regidor asegura que "la decisión de este equipo de Gobierno es la de subsanar y modificar las advertencias y los aspectos señalados por este tribunal en las cláusulas 9 y 22", unos cambios en los que ya están trabajando los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Por ello, la corporación ha anunciado que "se continúa adelante con el proceso, mediante licitación del pliego para proceder al cambio de modelo de gestión de la Empresa Municipal de Aguas".

No han sido las únicas declaraciones por parte del Ejecutivo local, ya que su portavoz, Ángel Puente, ha asegurado que "si hubiera que volver a empezar una nueva licitación, habría que disolver Aguas de Alcázar", lo que conllevaría el despido de los trabajadores. Rosa Melchor, sin embargo, se muestra contraria a esta hipótesis, y asegura que, en caso de que el Ayuntamiento disolviese la compañía tendría que prestar directamente el servicio con empleados públicos del propio consistorio, ya que está obligado "por ley" a ofrecer el abastecimiento de aguas.

Por su parte los vecinos, organizados en la Plataforma contra la privatización que lleva protestando desde el inicio del proceso, han celebrado la decisión del tribunal administrativo, aunque prefieren tomarla con cautela dadas las intenciones del alcalde. En este sentido el portavoz del colectivo, Juan Garrido, ha asegurado a infoLibre que los vecinos van a esperar a que el Ayuntamiento "mueva ficha" antes de tomar cualquier decisión, si bien ha criticado que el regidor pretenda reiniciar el proceso con "la ciudadanía en contra" –casi el 100% de los votantes se mostraron contrarios a la privatización en la consulta ciudadana – y "el tribunal diciendo que lo estaban haciendo mal". "El equipo de Gobierno está atrincherado", ha remachado Garrido.

La oposición comparte los temores de los vecinos, si bien considera un "exito colectivo" de la ciudadanía haber paralizado la privatización en los tribunales. Pero tampoco lanzan las campanas al vuelo porque, en palabras de Rosa Melchor, el equipo de Gobierno de la corporación sigue "empecinado" en volver a iniciar el proceso, algo que califica de "disparate". De igual forma, el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recomendado al consistorio que "dé marcha atrás" y que "acepte la resolución" para que "se puedan calmar las aguas".

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