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Corrupción política

La Audiencia de Madrid ordena investigar al excuñado de Rato por la venta de un palacete

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato sale de su domicilio en Madrid detenido el 16 de abril de 2015.

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La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Antonio Serrano-Arnal, que instruye la causa por el patrimonio presuntamente irregular del exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato, que incoe diligencias previas contra el excuñado de éste Santiago Alarcó por la supuesta comisión de un delito en la venta del denominado Palacete de Vegas de Matute, en Segovia.

Los magistrados consideran que esta investigación debe hacerse en el marco de la causa que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid sigue contra el exministro del PP, informa Europa Press.

En la resolución dada a conocer este miércoles, la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión por la que el juez Serrano-Arnal en la que éste se negaba a deducir testimonio y mandar el asunto relativo a la venta del palacete al Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla para su reparto al entender que los hechos denunciados nada tenían que ver con el procedimiento principal. Ahora será Decanato el que le asigne nuevo juzgado o decida remitirlo al 31 al tratarse de una deducción de testimonio, han informado fuentes jurídicas.

Rechaza la petición de Rato

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Por otra parte, la misma Sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que es la competente para los recursos de apelación de este procedimiento, ha desestimado la petición de Rodrigo Rato de que se anule la pieza separada por la contratación por Bankia de su excuñado por la posible comisión de un delito de administración desleal.

El pasado 8 de septiembre, Rato defendió ante el juez Serrano-Arnal los contratos que hizo la entidad bancaria a su excuñado Santiago Alarcó y a su secretaria Teresa Arellano, durante su mandato entre los años 2010 y 2012 en Caja Madrid. Subrayó experiencias laborales de ambos como requisitos para los cargos en los que fueron contratados.

Informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aportados al sumario señalaban que Alarcó fue contratado como asesor de Caja Madrid con una retribución de 120.000 euros; en 2012 el contrato se renovó por 240.000 y un año después por 480.000 euros.

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