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La XII Legislatura

El Congreso sólo aprueba ocho leyes en su primer año de legislatura, frente a 28 pendientes y 34 vetadas

  • El Gobierno ha sacado adelante 16 decretos ley y sólo ha visto rechazado uno, el primero de la reforma de la estiba
  • Los diputados han registrado un total de 13.890 preguntas escritas al Ejecutivo y se han puesto en marcha tres comisiones de investigación de las 19 que se han reclamado

infoLibre Publicada 09/07/2017 a las 13:25 Actualizada 09/07/2017 a las 14:51    
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Soraya Saénz de Santamaría y Mariano Rajoy en el Congreso.

Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy en el Congreso.

E.P.
El Congreso de los Diputados sólo ha completado la tramitación de ocho leyes en el primer año de la XII Legislatura, mientras que tiene pendientes otras 28, muchas de ellas varadas desde hace meses, y se ha topado con 34 vetos del Gobierno a otras tantas iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios o de parlamentos autonómicos. Además, los diputados han registrado un total de 13.890 preguntas escritas al Ejecutivo.

En este periodo se han presentado para su debate en Pleno 435 proposiciones no de ley, de las que se han votado 35 y se han aprobado 28. En comisión la cifra de registradas asciende a 2.049, se han llegado a votar 495 y han recibido el aval de la Cámara 435. De las 19 comisiones de investigación que se han reclamado, se han aprobado tres. También se ha pedido la creación de 47 subcomisiones o ponencias, y de ellas se han puesto en funcionamiento once.

Este es el balance de los primeros 12 meses de una legislatura que arrancó el 19 de julio de 2016, fecha en la que se constituyeron el Congreso y el Senado surgidos de las elecciones generales del 26 de junio del año pasado.

Según los datos de actividad de la Cámara Baja recogidos por Europa Press, en este periodo el Congreso completó la tramitación de tres proyectos de ley del Gobierno –los Presupuestos Generales del Estado para 2017, uno sobre bienes culturales y otro relativo a precursores de explosivos– y de cinco iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios: tres del PP, una de socialistas y los conservadores, y otra de Ciudadanos.

De las leyes impulsadas por el PP que han salido adelante, dos se aprobaron antes de la investidura de Rajoy: la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la reforma de la Ley Electoral para evitar repetir elecciones el Día de Navidad.

La última, la ley de autónomos

La tercera ley de los conservadores ha servido para eliminar el informe médico que se exigía a discapacitados sensoriales para casarse. Con el PSOE y Ciudadanos (que luego se retiró para no perder turno de propuesta), el PP también firmó una iniciativa legislativa para garantizar que los abogados y procuradores del turno de oficio estén exentos de pagar el IVA. El paquete de leyes aprobadas lo completa la nueva legislación sobre autónomos promovida por Ciudadanos, que acaba de remitirse al Senado.

Además de a estas siete iniciativas legislativas, el Congreso ha dado el visto bueno a 16 decretos-ley aprobados por el Gobierno, pero en este caso la labor de los diputados se limita a la convalidación, sólo votar, sin opción a introducir cambios. Uno de ellos, el relativo a la reforma de la estiba, tuvo que enviarse dos veces porque el primero que se presentó fue tumbado por la oposición.

Y la próxima semana el Ejecutivo espera sacar adelante la convalidación de otros tres decretos ley, los referidos al canon digital, la oferta pública de empleo extraordinaria y medidas urgentes en materia financiera.

El Gobierno tiene pendientes de aprobación otros tres proyectos de ley de trasposición de directivas europeas, dos de ellos sobre contratación pública y uno referente a alternativas a los litigios en materia de consumo, que también se aprueba la próxima semana.

Prórrogas y más prórrogas

El Pleno del Congreso ha tomado en consideración otras 25 leyes, 16 de ellas promovidas por grupos parlamentarios (una del PP, cuatro del PSOE, tres de Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, una de Esquerra Republicana y otra del PDeCAT), cuya tramitación no acaba de avanzar por las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas.

Entre ellas destacan sendas iniciativas del PSOE para suspender el calendario de implantación de la Lomce y para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, proposiciones de ley cuya tramitación vetó el Gobierno y que, pese a ello, la Mesa del Congreso decidió seguir adelante, doblegando al PP. Ambas estás recurridas en el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo.

En total, el Gobierno lleva vetadas 34 iniciativas legislativas de la oposición o de parlamentos autonómicos, y todas ellas, salvo las dos citadas, han quedado bloqueadas en la Cámara Baja. Es la Constitución la que otorga al Ejecutivo capacidad de veto para no tramitar iniciativas que considera que alternan su política presupuestaria, sea por aumento de gastos o por disminución de ingresos.

Otras proposiciones de ley que siguen acumulando sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas son las relativas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana rebautizada por sus detractores como ley mordaza, la mejora la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género, la reversión de las limitaciones a la justicia universal, la derogación de las penas de cárcel para los piquetes que coaccionen a los trabajadores para secundar una huelga, y la modificación de las leyes de Indulto y de Secretos Oficiales.

En la misma situación están dos proyectos de ley derivados de decretos ley convalidados (una trasposición de directivas europeas y otro para paliar los efectos de la sequía); dos iniciativas legislativas populares (una sobre dependencia y otra sobre una prestación de ingresos mínimos) y una proposición de ley del Parlamento Navarro sobre consumidores.

Dos estatutos heredados y uno esperando entrar

Las iniciativas que están en cola se completan con dos reformas estatutarias que llegaron al Congreso en legislaturas anteriores. En noviembre se tomó en consideración por tercera vez una reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana para introducir la denominada cláusula Camps, una nueva disposición adicional para que las inversiones del Estado en esta autonomía sean equivalentes al peso de su población.

La iniciativa había sido aceptada por el Congreso en 2015 y 2016, pero no sirvió de nada porque las Cortes se disolvieron al convocarse elecciones generales. Entre 2009 y 2015 se incluyó hasta cuatro veces en el orden del día del pleno pero fue retirada a petición de sus propios autores, por razones diversas, y nunca llegó a debatirse.

De su lado, la reforma del Estatuto Canario, fue tomada en consideración en febrero, 20 meses después de haber sido registrada en el Congreso, donde arribó en abril de 2015, aunque después quedó varada por las sucesivas convocatorias electorales.

Y a la espera de iniciar su tramitación en el Pleno del Congreso está la reforma estatutaria de Murcia para acabar con los aforamientos políticos en la región, que debería pasar su primer test en septiembre u octubre.

En próximos meses deben continuar también su tramitación dos propuestas de reforma del Reglamento del Congreso, una del PP para regular los lobbies y otra del PNV para el control parlamentario de los acuerdos sin fuerza de ley que apruebe la propia Cámara.

Tres comisiones de investigación

De las 19 comisiones de investigación que se han reclamado, se han aprobado tres (sobre la financiación del PP, el rescate financiero y el uso político del Ministerio del Interior bajo mandato de Fernández Díaz).

En el Registro del Congreso han entrado hasta 47 peticiones de creación de subcomisiones y ponencias. De las primeras se han puesto en marcha ocho, tres de las cuales se han marcado como objetivo sellar pactos de Estado contra la violencia de género, en materia educativa y judicial.

El resto persiguen acordar medidas para reformar la Ley Electoral, la legislación sobre financiación de partidos políticos o impulsar un Estatuto del Artista, así como analizar el trabajo autónomo y el régimen profesional de las Fuerzas Armadas.

Las tres ponencias que se han abierto tienen como misión estudiar las consecuencias de salida Reino Unido de la Unión Europea, la relación de los menores y el alcohol y las relaciones con Consejo de Seguridad Nuclear.


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