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'caso Lezo'

Instituciones Penitenciarias separa a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino por decisión del juez del 'caso Lezo'

  • Edmundo Rodríguez Sobrino ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al Ministerio del Interior
  • Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití

infoLibre Publicada 12/07/2017 a las 18:21 Actualizada 12/07/2017 a las 18:37    
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Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los detenidos y considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, es conducido a los calabozos en la noche del miércoles.

Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los detenidos y considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica.

Instituciones Penitenciarias ha separado de prisión a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino por decisión del juez instructor del caso Lezo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, han informado a Europa Press fuentes de este Departamento dependiente del Ministerio del Interior.

Edmundo Rodríguez Sobrino, el "hombre fuerte" de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al Ministerio del Interior que no se facilitara la comunicación diaria entre ambos internos.

El juez García Castellón tomará declaración mañana a Edmundo Rodríguez Sobrino después de aplazar su citación fijada en un principio para el pasado martes. Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el investigado quiere aportar información después de casi dos meses y medio en prisión incondicional dictada el 21 de abril por el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco.

El expresidente de Inassa y mano derecha de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II, la empresa de aguas situada en el centro de la operación Lezo, pidió declarar voluntaria ante el nuevo juez. El supuesto líder de la trama, el expresidente madrileño Ignacio González, también ha pedido comparecer ante García-Castellón.

Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos imputados en la trama de corrupción Lezo contra los que el juez Velasco dictó prisión incondicional. A Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond les impuso prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.

Tras el relevo de magistrado en el Juzgado Central 6, Richmond quiso declarar voluntariamente para aportar nueva documentación sobre la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 y solicitar una rebaja en las medidas cautelares para poder "defenderse desde la libertad".

Un día después, el juez García Castellón rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza para poder salir de la cárcel, lo que se hizo efectivo el pasado viernes a última hora. Ahora es Rodríguez Sobrino el que quiere declarar voluntariamente y ofrecer nuevos datos al magistrado para intentar obtener una mejora en sus condiciones, aunque su caso es diferente al de Richmond, ya que él está en prisión provisional sin fianza.

Sobornos en el extranjero

Según el auto de prisión redactado por el juez Velasco el pasado 21 de abril, Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos para Inassa, filial del Canal de Isabel II en América Latina.

En el auto se explicaba también que los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito" tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.

Durante la investigación del caso Lezo, el expresidente de Inassa fue consciente de la intervención de su teléfono, por lo que inició "operaciones de transformación de su patrimonio conocido", de ahí que se deduzca que "habría intentado alejar su patrimonio con la doble intención de dificultar el descubrimiento de su origen y eludir las posibles responsabilidades civiles que pudieran serle atribuidas".
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