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Cataluña ante el 1-O

Concluye el registro de Unipost después de que los Mossos desalojaran una protesta que impedía el paso a la comitiva judicial

Efectivos de los Mossos d' Esquadra retiran a uno de los manifestantes concentrados junto al acceso a la oficina de la empresa de mensajería Unipost en Terrassa (Barcelona).

infoLibre

La Guardia Civil y la comitiva judicial abandonaron sobre las 20.00 horas de este martes la empresa Unipost de Terrassa (Barcelona) después de que los Mossos d'Esquadra desalojaran a una veintena de personas que protagonizaron una sentada para impedir el paso a la comitiva judicial.

Los Mossos facilitaron que la comitiva, encabeza por el secretario del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa, pudiera entrar en las dependencias de la empresa de mensajería Unipost. La intervención concluyó sin que se produjera ninguna identificación ni detención, informaron a Europa Press fuentes policiales.

La policía catalana activó a las 11.30 horas una unidad de mediación, que intercedió para que los concentrados permitieran la actuación. A las 20.00 horas unas 200 personas seguían concentradas frente a la empresa donde la Guardia Civil intervino material relacionado con el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Los concentrados entregaron claveles a los agentes de la Guardia Civil y entonaron L'Estaca de Lluís Llach y gritos de Independència.

Un juez autorizó a la Fiscalía a intervenir la "ingente cantidad de sobres" con el logotipo de la Generalitat incautados este martes en la empresa y a abrir uno de ellos para comprobar si contenían tarjetas censales para el referéndum.

En el auto, el Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa, en funciones de guardia, dictó que procedía intervenir todos y abrir uno para "esclarecer la posible participación de algún responsable" de esta empresa como cooperador necesario de un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

El juez recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite una querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers del Govern por la Ley de Referéndum.

También aludió en el auto que Unipost está vinculada a la Generalitat "al amparo de un marco contractual idéntico o similar al que se dio en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014".

La Guardia Civil se incautó de centenares de sobres embalados y almacenados en cajas en el registro que efectuó este martes en Unipost. El instituto armado registró las sedes en Hospitalet y Terrassa de Unipost para interceptar material como las tarjetas censales y las citaciones para formar parte de las mesas electorales del referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional. El pasado viernes concluyó el plazo para este tipo de comunicaciones habituales en los procesos electorales.

Fuentes de la investigación explicaron que, cumpliendo con el mandato judicial, la Guardia Civil había procedido al registro de Unipost, una empresa privada de mensajería, tras el rechazo de Correos de enviar las notificaciones del referéndum. Poco después de conocerse la decisión de la empresa pública, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró que los catalanes recibirían "muy pronto" las tarjetas censales.

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En 2014, Unipost ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9N. A instancias de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público remitió un oficio a la empresa Unipost para que le enviara la hoja de encargo, contrato y los documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda.

Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, la Fiscalía quería saber entonces qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.

Unispot forma parte del entramado empresarial de la familia Raventós, propietaria del Grupo Codorníu. En julio de 2017 la filial de mensajería declaró la suspensión de pagos debido a las deudas acumuladas con la Agencia Tributaria.

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