Choque en la comisión de selección de futuros jueces y fiscales por la plaza asignada a la hija de un magistrado del Supremo

La asignación de una plaza en el Centro de Estudios Jurídicos –que prepara a los futuros fiscales– a una hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, derivó a mediados de mes en un choque que partió literalmente en dos la Comisión de Selección de aspirantes a la judicatura y el ministerio público. 

Fuentes conocedoras de lo sucedido aseguran que cuatro de los ocho integrantes de ese comité -los dos representantes de la Fiscalía, el del Ministerio de Justicia y el director del Centro de Estudios Jurídicos– cuestionaron la legalidad del acuerdo con el que la comisión permanente del CGPJ abrió en diciembre las puertas de la carrera fiscal a Sofía Marchena.  Portavoces autorizados del departamento que dirige la ministra Dolores Delgado confirmaron a infoLibre que la funcionaria que representa a Justicia en la Comisión de Selección albergaba "dudas sobre la legalidad" de esa fórmula pero declinaron aportar ningún otro dato o valorar lo ocurrido en la comisión de selección.

En virtud del acuerdo de diciembre, el órgano de gobierno de los jueces permitía que tras una baja por enfermedad y previa creación de una plaza adicional a las 35 convocadas, la joven pudiera incorporarse este año al Centro de Estudios Jurídicos y no a la Escuela Judicial. Es decir, la que prepara a los futuros jueces y que es la que la hija del magistrado había elegido cuando aprobó la oposición y en la que, de hecho, había llegado a comenzar el curso en 2017.

Por unanimidad y bajo la batuta de su presidente, que también lo es del Tribunal Supremo, el conservador Carlos Lesmes, el CGPJ acordó no solo que Sofía Marchena se incorporase al Centro de Estudios Jurídicos sumándose a la siguiente promoción de aspirantes aprobados sino que lo hiciera "conservando la puntuación obtenida". 

Una vez aprueba los exámenes de oposición, cada aspirante a incorporarse a la judicatura o a la carrera fiscal se sitúa ante una encrucijada: en función de sus preferencias y siempre que su puntuación le permita bascular entre las dos opciones posibles, ha de elegir entre la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos. Su decisión es irreversible. En la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona, el periodo de formación dura casi dos años. En el Centro de Estudios Jurídicos, con sede en Madrid, los nuevos fiscales están ya listos en seis meses.

"No ha habido ningún trato de favor"

Fuentes consultadas por infoLibre entre quienes defienden los pasos dados por el CGPJ ponen el énfasis en dos elementos: el primero, que no se ha causado ningún perjuicio a ningún aspirante; el segundo, que la nota obtenida por la hija del juez Marchena en la oposición a la que concurrió le daba amplio margen para elegir la opción que quisiera y que por tanto "no se ha beneficiado de ningún trato de favor". Simplemente, alegan, "la suya era una situación inédita que, como reconoce la propia Comisión de Selección, no está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

El Poder Judicial, agregan las citadas fuentes, tomó su decisión después de que "por unanimidad" el claustro de la Escuela Judicial informase a favor de que ni se tuviera en cuenta que Sofía Marchena había empezado su formación en ese centro. Este periódico no ha logrado que ninguna de las partes involucradas le dé acceso a esa acta ni al informe que la dirección de la Escuela Judicial emitió a renglón seguido. Supuestamente, ese informe invoca una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la discriminación por razones de enfermedad.

El comunicado de la Comisión de Selección –difundido por el CGPJ– subraya que "se ha respetado la opción manifestada por todos los aspirantes aprobados en la convocatoria del año 2017 en cuanto al centro de formación elegido".

No obstante, este periódico no ha logrado que los portavoces del CGPJ respondan a la siguiente pregunta: la de por qué si, dado que de las 100 plazas convocadas -65 de jueces y 35 de fiscales- habían quedado tres vacantes porque solo hubo 97 aprobados, no se ofreció solo a Sofía Marchena sino a los otros aspirantes la posibilidad de acceder a la carrera fiscal mediante la "transformación" de las plazas libres, por utilizar el término empleado ya el miércoles por los portavoces del Poder Judicial. Según los citados portavoces, no se creó una plaza ex profeso para la joven sino que se "transformó" una de las convocadas para la carrera judicial. 

La controvertida decisión del CGPJ llegó a la Comisión de Selección el 9 de julio. El día 23 y tras fuertes discrepancias, el comité que tramita la distribución de los aspirantes entre las dos escuelas preparatorias -la de jueces y la de fiscales- articuló una vía para salvar su unanimidad: Sofía Marchena se incorporaría al Centro de Estudios Jurídicos como alumna de la plaza 36 -la convocatoria establecía solo 35 para fiscales y otras 65 para jueces– pero su nota se vería recortada hasta situarla en el último puesto del escalafón. 

Dos asociaciones piden explicaciones

El acta de la Comisión de Selección sostiene, de hecho, que lo aprobado en diciembre por el CGPJ -conservarle la nota original- implicaba "un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas". El debate que dividió a la Comisión de Selección no radicaba en si la joven opositora tenía derecho a retomar su periodo de formación sin que se le aplicara la penalización prevista en la ley para quienes no "superan" los cursos de la Escuela Judicial sino en que el Poder Judicial había autorizado de manera inédita que hiciera lo que en términos coloquiales se denomina cambiar de caballo con la carrera ya comenzada. Es decir, optar por la carrera fiscal cuando ya se había decantado por ser juez.

La decisión del Poder Judicial pasó inadvertida hasta que saltó a Twitter. Este jueves, dos asociaciones del sector, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la asociación judicial Francisco de Vitoria pidieron explicaciones al CGPJ después de que la periodista Elisa Beni publicase un artículo sobre el asunto.

La UPF, en un comunicado emitido este jueves, pide "que se proporcione a esta asociación y a la opinión pública, información y la debida documentación en relación a la creación, para el próximo curso de formación inicial de la carrera fiscal, de una nueva plaza que se suma a las existentes, y que se adjudica a una persona procedente de la carrera judicial".

Mientras, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado copia del acuerdo del CGPJ por el que se modifica la nota de Sofía Marchena y "las razones por las que se decidió crear una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria". La asociación reclama también una copia de la solicitud de "transformación de una plaza inicialmente prevista para jueces en una plaza para fiscales, así como copia de la resolución del Ministerio de Justicia acordando dicha transformación", y copia de la solicitud del resto de aspirantes.