x

Nos gustaría enviarte notificaciones de las últimas noticias y novedades

PERMITIR
NO, GRACIAS
X

Accede a todos los contenidos de infoLibre durante 15 días por 1. | El periodismo tiene un valor

infolibre Periodismo libre e independiente

¿Quiénes somos? Sociedad de Amigos
Buscador de la Hemeroteca

Hazte socio
Iniciar sesión Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Has olvidado
tu contraseña?
Secciones

Regístrate en infoLibre Comenta las noticias y recibe las últimas novedades sobre nosotros.

Gracias por registrarte en infoLibre Si además de comentar noticias quieres hacerte socio, sigue este enlace: Hazte socio
Formulario de Registro
¿Qué es Nombre público?

Es el nombre que se mostrará cuando hagas un comentario en infoLibre.es




Memoria histórica

"Pasar de las palabras a los hechos": organizaciones de derechos humanos exigen al Gobierno reparar ya a las víctimas del franquismo

  • Varias asociaciones han enviado un comunicado al Gobierno, al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado instando a que, de una vez por todas, el Ejecutivo cumpla con las recomendaciones de la ONU
  • La reparación de las víctimas ha sido imposible por distintos obstáculos, como la permanencia de la Ley de Amnistía, la falta de ayuda para llevar a cabo exhumaciones o la mala tipificación del delito de desaparición forzada

Publicada el 29/08/2018 a las 10:36 Actualizada el 29/08/2018 a las 11:44
Facebook Mas Redes

Envíalo a un amigo Imprimir Comentarios

Ascensión Mendieta, en el entierro de los restos de su padre.

Ascensión Mendieta, en el entierro de los restos de su padre.

ARMH
La memoria histórica ha sido una de las cuestiones principales del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que llegara a la Moncloa, y con la decisión de exhumar los restos del dictador Francisco Franco como cuestión principal, la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo han ocupado un papel central. Distintas organizaciones lo celebran, pero reclaman pasar de escuchar iniciativas a ver hechos concretos. Así lo han hecho desde la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain, que han firmado un comunicado conjunto reclamando el impulso de las medidas "que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares". El documento, además, ha sido enviado al Ejecutivo, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial, precisamente, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este jueves.

No sólo lo piden estas organizaciones. Según ellas mismas recuerdan, fue la propia ONU la que trasladó "su preocupación por la inacción" que las autoridades españolas han llevado a cabo durante todos estos años. En este sentido, apuntan al informe que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias emitió en septiembre de 2017 y en el que se constató que las recomendaciones que ya formuló en 2014 continuaran sin ser plenamente implementadas. Meses antes, en mayo, el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, insistió también más en la necesidad de que el Gobierno español atienda "de forma urgente" las exigencias de las víctimas. Recordó, así, que el Estado tiene la obligación de atender estas reclamaciones y poner fin al sufrimiento de las víctimas quienes, a pesar del tiempo que ha pasado, siguen sin saber dónde están los restos de sus familiares. No pueden porque, a juicio de las organizaciones firmantes, se encuentran con no pocos obstáculos. 

1. Deficiente tipificación del delito de desaparición forzada

La reforma del Código Penal que tuvo lugar en el año 2015 introdujo la tipificación del delito de desaparición forzada. Sin embargo, según señaló la propia ONU, continúa sin ser compatible con la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Por qué? Según el informe del Grupo de Trabajo, "por omitirse características típicas que definen a las desapariciones forzadas". 

2. No se investiga y los casos se archivan

Por otro lado, la apelación a la prescripción de los delitos o al fallecimiento de los culpables, así como la vigencia de la Ley de Amnistía, ha provocado que no se produzcan investigaciones sobre personas desaparecidas y que, además, muchos de los casos acaben archivados. En este sentido, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas dijo encontrarse "consternado por el hecho de que hasta la fecha no se haya velado por garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura". 

3. Obstaculización al procedimiento argentino

Las autoridades españolas, del mismo modo, han obstaculizado y no han cooperado con la investigación abierta por Argentina sobre las violaciones de Derechos Humanos que cometió España en el pasado. Lo dijo, también, el Grupo de Trabajo de la ONU. Mostró, en este sentido, su preocupación "por la información sobre constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina". 

4. Ignorancia a las peticiones de nulidad de las sentencias franquistas

Varios grupos parlamentarios lo llevan pidiendo años, pero el Congreso siempre lo ha omitido. Hasta el pasado año, cuando la Cámara aprobó una PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se instaba al Gobierno a anular las sentencias de muerte dictadas durante el franquismo. "No sólo serviría de reparación simbólica, sino para acabar con los efectos legales de dichas sentencias", apuntan las organizaciones firmantes. De momento, el texto aprobado por el Congreso no ha llegado más allá.

5. Falta de apoyo institucional para exhumar a las víctimas

"El modelo actual de exhumaciones delega la responsabilidad en las víctimas y las asociaciones, alimentando la indiferencia de las instituciones estatales", critican los firmantes del documento. Lo dijeron las víctimas. Desde que se aprobara la Ley de Memoria Histórica, los procesos de exhumación han corrido a cargo de los familiares de las víctimas, sin ningún tipo de apoyo por parte de la Administración. Y esta situación, además, se vio agravada desde 2011, cuando la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa derogó de facto la normativa al dejarla sin dotación presupuestaria. La homologación y oficialización de la verdad, así, se complica, apuntan. 

Frente a esta situación, ¿qué plantean? Un cambio en la legislación –para tipificar correctamente el delito de desaparición forzada y reformar la Ley de Amnistía–, el procedimiento de oficio en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas, la cooperación institucional en el proceso de exhumación de las víctimas y la formación a jueces, fiscales y funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Así, opinan, lo que hasta ahora han sido simples palabras y promesas se convertirán en hechos concretos que, de verdad, reparen a las víctimas. 
Más contenidos sobre este tema




Hazte socio de infolibre

3 Comentarios
  • Manuel Fa Manuel Fa 30/08/18 23:05

    Chipionero, no sabes que a los franquistas les importa una mierda las víctimas, (del bando que sean) son tan cínicos que solo se pueden catalogar como "mala gente".

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    2

  • Cañuelo y Pereira Cañuelo y Pereira 30/08/18 17:36

    Y no olvidemos las 591 víctimas de la transición y por lo tanto víctimas de los franquistas que sólo reconocen las 855 víctimas de ETA. 591 son bastantes víctimas como para olvidar. Verdad, memoria y justicia.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    4

  • El chipionero El chipionero 30/08/18 03:55

    ¿Cómo  es que miman tanto a las victimas de ETA y parece que odian tanto a las victimas del franquismo, cuando ETA fue una consecuencia del franquismo?

    Responder

    Denunciar comentario

    1

    5

 
Opinión
Oferta anticrisis
 
Sociedad de amigos

Ya puedes ser accionista de infoLibre

Cargando...
Cualquier ciudadana o ciudadano interesado en sostener un periodismo independiente como garantía democrática puede participar en la propiedad de infoLibre a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre.