Díez-Picazo firmó al menos cinco autos admitiendo la "trascendencia social" de la decisión sobre el impuesto

El presidente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, que el pasado viernes decidió avocar al Pleno de la Sala para revisar el giro jurisprudencial sobre el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, ha firmado en el último año al menos cinco autos en los que admite la “importante trascendencia social” de la decisión sobre el tributo hipotecario y en los que se reconoce que hay abierto un "debate doctrinal" alrededor de una materia que "afecta a un gran número de situaciones", según consta en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, en todos esos recursos terminó acordándose que fuera la Sección Segunda –especializada en materia impositiva–, y no el Pleno de lo Contencioso-Administrativo, la encargada de "precisar, aclarar, matizar, revisar o ratificar" la doctrina jurisprudencial existente "en relación con la condición de sujeto pasivo en las escrituras de constitución de préstamos con garantía hipotecaria".

El primer acto de la polémica que ha colocado al Supremo en una situación inédita se desarrolló el pasado jueves. Ese día, la Sección Segunda del Alto Tribunal dictaminó, a raíz del recurso interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, que deben ser los bancos, y no los clientes, los que se hagan cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las escrituras ante notario de los préstamos hipotecarios. La sentencia, que salió adelante con cinco votos a favor y uno en contra, asevera que la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados afirma “expresamente” que la parte obligada a abonar el tributo será “aquel a cuyo favor se realice el acto”, condición que “sin duda ostenta el acreedor hipotecario”. "Desde esta perspectiva, no nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento (escritura notarial hipotecaria) que nos ocupa no es otro que el acreedor hipotecario”, recalca.

Tras hacerse público el fallo, las cotizaciones de los bancos se desplomaron en Bolsa y las asociaciones de consumidores comenzaron a elaborar guías para reclamar la devolución de los importes abonados injustamente. La alegría de los hipotecados, sin embargo, duró solo veinticuatro horas. El viernes, el presidente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió dejar en stand by el cambio de criterio de sus propios magistrados con un movimiento que los propios juristas calificaron de “nada habitual”. Así, a través de un comunicado, Díez-Picazo acordó “con carácter urgente” que el Pleno de la sala, compuesto por 31 magistrados, estudie otros recursos de casación pendientes “con un objeto similar” a fin de decidir si el nuevo criterio jurídico debe ser o no confirmado. El cónclave se celebrará el próximo lunes 5 de noviembre, según ha informado este lunes el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Díez-Picazo, que fue profesor hasta hace un año del centro universitario propiedad de los bancos españoles, explicó en el comunicado que había adoptado esta decisión por el “giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado” que suponía la nueva sentencia y por la “enorme repercusión económica y social” que podía tener. Por esto mismo, los juristas mostraron en todo momento su incomprensión ante la decisión de que un asunto de tanta relevancia –según Adicae puede afectar a 8 millones de personas que han suscrito una hipoteca con el banco– no hubiera sido llevado desde el principio ante el Pleno de la Sala. Desde el Tribunal Supremo, el mensaje que se trasladó a los medios de comunicación es que el presidente de lo Contencioso-Administrativo se había enterado del fallo por la prensa y que, tras ver la trascendencia del asunto, decidió que el siguiente recurso “con un objeto similar” fuera analizado por los 31 miembros del Pleno.

"Debate doctrinal"

Pero Díez-Picazo conocía desde hace meses que sus magistrados estaban estudiando el caso del impuesto sobre actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios y era plenamente consciente de la importancia que tenía esta cuestión. Así consta en hasta cinco autos con los que se decretaba la admisión a trámite de varios recursos de casación interpuestos por la EMV de Rivas Vaciamadrid sobre este asunto. Fechados entre el 18 de octubre de 2017 y el 24 de enero de 2018, los escritos judiciales, firmados por Díez-Picazo, encargaban directamente a la Sección Segunda “la tramitación y decisión” de los recursos. En ellos se reconocía que “las cuestiones” suscitadas por los recurrentes mostraban “interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia” y se señalaba que era “notorio” que éstas “afectan a un gran número de situaciones, trascendiendo del caso objeto del proceso”.

De estos autos también se saca en claro que los magistrados eran plenamente conscientes de que podían desembocar en un completo giro de la jurisprudencia marcada por el Alto Tribunal en sentencias anteriores. “De su lectura se infiere fácilmente que invoca la contradicción del razonamiento desestimatorio de la sentencia recurrida con los de las otras sentencias del Tribunal Supremo”, señalaron los magistrados en el escrito de admisión que terminó desembocando en el fallo del pasado jueves. Además, en todos los autos la Sección de Admisiones reconoció además que se había abierto “un debate doctrinal” sobre la cuestión del tributo que requería “una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo”. “Máxime cuando, como pone de manifiesto la entidad recurrente en su escrito de preparación, es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social”.

Respaldo de Lesmes y críticas de parte de la judicatura

Este lunes, con el debate en plena ebullición, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha mantenido una reunión con Díez-Picazo y con los seis magistrados de la Sección Segunda cuyo criterio marcado en la sentencia del pasado jueves será revisado por el Pleno. “Los magistrados integrados en la Sección Segunda y el presidente de dicha sección han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”, señaló Lesmes a través de una nota informativa al término de la reunión. Un comunicado en el que respalda a Díez-Picazo: “La avocación al Pleno de los asuntos pendientes y no resueltos por parte del presidente de la Sala forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia”.

Pero el movimiento del presidente de lo Contencioso-Administrativo ha molestado, y mucho, a una parte de la judicatura. Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se ha exigido “la inmediata dimisión” de Díez-Picazo por la “nefasta gestión de este asunto”, que “ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces” y “ha generado inseguridad jurídica”. Un malestar que también expresó la Asociación Judicial Francisco de Vitoria a través de un comunicado: “Lo insólito de la nota informativa –en referencia a la emitida el pasado viernes–, unido a la importancia de la materia sobre la que versa, crea confusión y no contribuye a la imagen de independencia del Poder Judicial. La labor diaria que los jueces y tribunales españoles desarrollan respetando escrupulosamente este principio, merece el máximo respeto y protección de todos y, especialmente, de los cargos orgánicos”.