La decisión de Sánchez de gobernar por decreto ley entierra su compromiso de limitar el abuso de este procedimiento

“Si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece y limitar el uso del real decreto ley”. Estos eran los términos del compromiso que, en noviembre de 2015, el entonces candidato a la Presidencia Pedro Sánchez adquirió con los ciudadanos en un acto público organizado por el diario El Mundo. Ahora, una vez al frente del Gobierno, no sólo ha hecho del real decreto ley su principal instrumento de acción legislativa sino que desde hace varios días está afirmando su decisión de convertirlo en la principal herramienta del Ejecutivo para sacar adelante iniciativas, especialmente si, como parece, no va a contar con apoyo suficiente para aprobar el proyecto de Presupuestos de 2019 que negoció con Unidos Podemos.

El decreto ley es un instrumento que la Constitución otorga a los gobiernos para aprobar normas con rango de ley que entran en vigor inmediatamente, sin pasar por el Congreso. Pero la Carta Magna pone condiciones. La primera es que se dé una circunstancia de “extraordinaria y urgente necesidad”; la segunda que la norma no verse sobre determinadas materias de especial relevancia y que están tasadas en la Constitución y la tercera que el real decreto sea convalidado por el Congreso en el plazo de un mes.

La “extraordinaria y urgente necesidad” es un concepto lo suficientemente vago como para que diferentes gobiernos de todos los colores lo hayan invocado para justificar la aprobación de decretos ley. El Tribunal Constitucional ha reconocido el “juicio puramente político” del Gobierno, al que incumbe la dirección del Estado, para la apreciación de la concurrencia de tales circunstancias. Pero aunque el TC reconoce la existencia de un “razonable margen de discrecionalidad”, también ha dejado claro que “extraordinaria y urgente necesidad” “no es una cláusula o expresión vacía, sino la constatación de un límite jurídico”. De hecho, ya existen precedentes en los que el tribunal arbitral ha anulado total o parcialmente decretos ley del gobierno.

Hace tres años Sánchez criticaba a Mariano Rajoy porque un 34% de sus decisiones legislativas se habían hecho hasta ese momento por decreto ley, “más que ningún otro gobierno en la democracia”, subrayaba el hoy presidente del Gobierno, convirtiendo así “una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar” y “hurtando a las Cortes Generales, es decir a los representantes del pueblo español, su función”.

Ese porcentaje que Sánchez criticaba a su antecesor en la Moncloa es hoy de casi el 94%. Quince de las 16 iniciativas legislativas aprobadas por el Ejecutivo socialista en los cinco meses y medio que lleva en la Moncloa son decretos ley y sólo una —el proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia no universitaria— ha sido tramitada como proyecto de ley.

La cifra es abrumadora. El ritmo de aprobación de decretos ley es de prácticamente tres por mes, muy superior a la de cualquier gobierno precedente. Y lejos de ser un fenómeno relacionado con el arranque del nuevo gobierno, es una práctica que Pedro Sánchez ya ha anunciado que piensa seguir utilizando como norma, a la vista de las dificultades que se está encontrando para tramitar iniciativas de manera ordinaria en el Congreso, donde la derecha —PP y Ciudadanos— controla la Mesa de la Cámara a pesar de estar en minoría en el Pleno y la utiliza para congelar indefinidamente el debate de las iniciativas que no le interesa que salgan adelante, incluso de aquellas que, sobre el papel, gozarían de apoyo mayoritario.

La necesidad de argumentar el decreto ley

El Gobierno socialista ha recurrido a argumentos de “extraordinaria y urgente necesidad” para tramitar por decreto ley iniciativas tan variadas como la que permitió desatascar la renovación de los órganos de dirección de RTVE, reformar la ley para que sean los bancos y no los clientes los que paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de las hipotecas o elevar de 15.000 a 300.000 euros las multas máximas previstas para sancionar la negligencia que puedan cometer las concesionarias de autopistas de peaje.

También ha regulado por este método expeditivo el uso de las planeadoras por parte de grupos de narcos y traficantes de seres humanos, los VTC, el restablecimiento del acceso universal al Sistema Nacional de Salud, la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos o la puesta en marcha de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. De las quince iniciativas, sin embargo, el PP sólo ha recurrido al TC la primera, que permitió renovar la cúpula directiva de RTVE.

No serán una excepción. Antes de fin de año ya se sabe que el Gobierno pretende aprobar por decreto ley la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, probablemente la medida estrella del proyecto de Presupuestos pactado con Unidos Podemos y que el Ejecutivo no enviará al Congreso hasta diciembre.

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El propio Sánchez lo confirma siempre que es preguntado por ello. La última vez, en rueda de prensa desde la Moncloa hace apenas una semana. Si los independentistas, PP y Ciudadanos insisten en no facilitar la tramitación del proyecto de presupuestos, la “responsabilidad” del Gobierno, enfatizó, “será atender las urgencias sociales. Si no es a través de los Presupuestos”, subrayó, “será a través de modificaciones presupuestarias como lo garantizaremos”.

Para sacarlas adelante, el Gobierno debe encontrar el modo de justificar su “urgente necesidad” si no quiere encontrarse con una condena del Tribunal Constitucional. Son muchos los expertos que creen que no es posible, por ejemplo, sacar adelante los nuevos impuestos con los que el Ejecutivo pretende financiar sus medidas —el que gravará a determinadas empresas del sector digital que basan una parte de su negocio en la utilización de los datos personales de sus usuarios así como ciertas transacciones financieras—. Este procedimiento, señalan, puede resultar poco ortodoxo, sobre todo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero también hay quien cree que es posible reformar la fiscalidad por esta vía, siempre y cuando se puedan argumentar razones de urgencia motivadas, por ejemplo, por el cumplimiento de compromisos con la Unión Europea.

Los ajustes en las pensiones o la subida salarial de los funcionarios suelen modificarse por este procedimiento cuando la Administración se ve obligada a gestionar presupuestos prorrogados. Cuando se refiere a sus prioridades para el año próximo, Sánchez menciona siempre, además del salario mínimo, asuntos tales como las ayudas a la dependencia o el blindaje de las pensiones. El pasado fin de semana citó cinco retos inmediatos: una nueva ley educativa, la eliminación de los artículos “más lesivos” de la reforma laboral impulsada por el PP, la defensa del Estado de Bienestar y de las pensiones —cuya actualización automática en función del IPC se comprometió a blindar—, la lucha contra el cambio climático y una reforma constitucional “para reconocer más derechos, libertades y garantizar la convivencia” sobre la que, sin embargo, no dio más detalles que una referencia a la inminente tramitación de la norma que propone acabar con el aforamiento de los políticos.