Otra asignatura pendiente: España no tiene ni un solo centro de crisis contra la violencia sexual

El peso de la violencia sexual, la urgencia de combatirla, comienza a calar en las calles pero no termina de arrancar en las instituciones. Una radiografía a nivel estatal revela un paisaje amargo. A día de hoy, no existe en todo el territorio ni un solo centro de crisis 24 horas para atender a las víctimas de violencia sexual. Pero sí empiezan a llegar promesas de cambio. El pasado jueves, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista, que plantea la creación de un centro de crisis que ofrezca "atención integral, incluyendo teléfono permanente y especializado, y que disponga de delegaciones que cubran adecuadamente el territorio de la región". La proposición salió adelante con el respaldo de todos los grupos, a excepción de Vox.

Si bien la Asamblea interpela a la Comunidad de Madrid, el mayor progreso se está dando en otro escenario. El propio Ayuntamiento de la ciudad trabaja por abrir un centro de crisis antes de que finalice el año. La iniciativa, que proviene del anterior equipo municipal, apuntaba a septiembre como mes de apertura del centro que se prometía pionero, pero los comicios de mayo retrasaron los planes. El Consistorio había cifrado un gasto anual de aproximadamente 1.300.000 euros, entre personal y gestión, para garantizar el "acompañamiento multidisciplinar a las víctimas desde el momento de la agresión". Tal y como han confirmado fuentes del actual Gobierno municipal, el proyecto continúa intacto, aunque con diciembre como fecha de inauguración. "Todo sigue igual, no hay ningún cambio", aseguran las mismas fuentes respecto a las características de la iniciativa.

Aunque España sí dispone de centros especializados en violencia sexual, ninguna comunidad cuenta con centros de crisis 24 horas. Así lo reveló Amnistía Internacional en su informe Ya es hora de que me creas. Y así continúa hoy día. Según el Consejo de Europa, debe funcionar al menos un centro de crisis por cada 200.000 mujeres o uno en cada provincia. 

Para Amnistía Internacional, resulta "alarmante la inexistencia en las 17 comunidades autónomas de centros de crisis" formados por "equipos multidisciplinares para dar una atención de emergencia y según las demandas posteriores de las mujeres". Esta ausencia, unida a otras carencias a nivel legislativo, supone un incumplimiento del "deber de diligencia debida en el marco de la asistencia y prestación de servicios de apoyo a víctimas y supervivientes de violencia sexual".

Atención y reparación

Las dimensiones del problema no pasan desapercibidas. Según el informe más reciente del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2019 se produjeron 829 agresiones sexuales con penetración y 7.258 delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Un 3,8% y un 11,8% más en relación al mismo periodo del año anterior, respectivamente. Todo ello teniendo en cuenta que las cifras tan sólo representan la parte visible del fenómeno. No existen datos relativos a las agresiones que no se denuncian, pero sí se sabe que en torno al 70% de las víctimas mortales de violencia de género no había presentado denuncia previa.

Bárbara Tardón, investigadora y experta en violencia sexual, recuerda en conversación con infoLibre la genealogía de los centros de crisis. La idea nace en 1974 en Washington y enseguida se extiende al ámbito anglosajón. Los espacios pronto se asientan "en todos los Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra y se van exportando a otros países", comenta la investigadora. La principal particularidad es su permanente e ininterrumpido funcionamiento, 24 horas durante los 365 días del año. Otra de sus señas de identidad es que "los centro de crisis no sólo sirven para atender casos de agresiones de violencia sexual que suceden a corto plazo", sino que ayudan a encarar "precisamente la crisis frente a una agresión sexual, que se puede producir muchos años después". Tardón relata un ejemplo muy gráfico: el caso de una mujer octogenaria que "necesitaba morirse contando su secreto". 

Safira Cantos, portavoz de Amnistía Internacional, insiste en que los centros "garantizan una atención integral: asistencial, sanitaria, psicóloga y jurídica", pero además "tienen que estar en disposición de atender en cualquier momento y en cualquier fase que experimente una mujer que ha sufrido violencia sexual". En ese sentido, Cantos subraya que "los efectos del daño tienen muchas caras", de manera que los recursos deben estar dispuestos para "atender todas esas dimensiones". "A veces el daño tiene unas manifestaciones prolongadas en el tiempo que afectan al bienestar y la salud de la víctima", incide.

Los espacios de 24 horas, asimismo, atienden a "víctimas, familiares y personas cercanas", también a través de teléfonos que funcionan como una suerte de "ayuda o acompañamiento". Quien está al otro lado no es necesariamente un psicólogo, sino alguien que ha recibido la formación adecuada. "Una de las cosas fascinantes es que si tienes un buen equipo puedes prestar ayuda", comenta Tardón.

La atención que brindan los centros, por tanto, se subdivide en dos tipos: presencial y telefónica, todo en función de las necesidades de la víctima. "Muchas mujeres no van a querer o poder trasladarse al centro", explica Tardón, pero además no todas las mujeres que han sufrido violencia sexual quieren denunciar. Sin embargo, incluso la no interposición de denuncia conlleva todo un camino para superar el trauma, donde "un grupo de ayuda para acompañarla en el proceso de sanación" se hace imprescindible. Se trata, por tanto, de centros "muy necesarios" cuya competencia "va más allá de una mera intervención psicológica o paliativa", sino que "son referentes para las mujeres en un sistema que no las cree".

Coordinación institucional

Tardón recuerda que la incorporación de servicios de atención a víctimas forma parte de las obligaciones de las instituciones públicas para reparar el daño que han sufrido las mujeres. Y aunque se han desarrollado algunas políticas al respecto, los mecanismos disponibles requieren de refuerzo, coordinación y compromiso. Las expertas insisten en que la existencia de determinados instrumentos, como los centros especializados, no anula la necesidad de trabajos complementarios en la lucha contra la violencia.

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La Comunidad de Madrid, por ejemplo, dispone del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM), "pero no estamos ante un centro de crisis", sino que por el contrario "trabaja con cita previa" y a través de "plazos que no pueden garantizar una asistencia inmediata aunque se requiera", afirma Cantos. Este tipo de centros, presentes en siete comunidades, tampoco están abiertos todos los días del año las 24 horas.

Para la activista, resulta fundamental una "adecuada coordinación de recursos", acompañada de una comunicación fluída entre los profesionales. "No nos podemos permitir el lujo de que la atención frente a la violencia sexual sea cuestión de suerte o de un esfuerzo personal extraordinario", sino que "debe estar asegurado que cualquier mujer que sufra violencia sexual pueda acceder a los recursos necesarios".

En ese sentido, no basta con disponer de algunas herramientas aisladas. "España no cumple con las obligaciones internacionales", reitera la activista, quien repara en que el Convenio de Estambul obliga a habilitar un teléfono especializado disponible las 24 horas para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres. "No se trata de duplicar recursos", razona, "sino de asegurar atención integral sin que se produzca un peregrinaje de las víctimas para suplir con sus propios medios la falta de coordinación". Y recuerda: "Estamos hablando de atender a mujeres que han sufrido una agresión sexual, un daño muy profundo, muy íntimo, por lo que es imprescindible evitar su revictimización".