Así se aísla en una cárcel dentro de otra a los reclusos, población de riesgo en la crisis del covid-19

A principios de marzo, cuando el coronavirus todavía no había alcanzado las cotas de contagio que ha alcanzado ahora, los sindicatos ya empezaron a mostrar cierta preocupación por cómo podía afectar el covid-19 dentro de las prisiones. En ese momento tan sólo había dos sospechas de positivos, ambos en la prisión de Picassent (en Valencia). En este momento, un mes y medio después de aquellas preocupaciones, ya se puede afirmar que el virus ha entrado en las prisiones. O al menos que ha afectado a algunos trabajadores y a algunos internos. ¿Y qué pasa cuándo esto ocurre? Tal y como llevan semanas insistiendo las autoridades sanitarias, cuando una persona es positiva o cuando tiene síntomas de serlo la primera medida que debe tomarse para evitar males mayores es el aislamiento. Pero, ¿es posible en una cárcel? ¿Cómo se confina a quien ya está confinado o se aísla a quien ya vive aislado? Algunos presos tan mediáticos como José Manuel Villarejo —que se encuentra en la prisión madrileña de Estremera—, Rodrigo Rato o Luis Bárcenas —que están en la cárcel de Soto del Real, también en Madrid—, han visto cómo sus cárceles tenían que tomar medidas en este sentido. 

A priori, podría parecer que la población reclusa es una de las más protegidas ante la amenaza del covid-19. Permanecen en un centro cerrado, por lo que la única posibilidad de contagio llega desde el exterior. Es decir, desde los propios trabajadores. Y así parece que ha ocurrido. Según los datos facilitados a infoLibre por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, este jueves ya se habían detectado 249 casos positivos de coronavirus: 217 entre funcionarios de prisiones y 32 entre internos. Además, ya se habían registrado dos fallecimientos: uno de una interna de la prisión de Estremera —la más afectada por la enfermedad— y otro de un funcionario que trabajaba en la cárcel de Alicante Cumplimiento. Las cifras, según Instituciones Penitenciarias, no son alarmantes. Y es que, según explican, la población reclusa ronda las 50.800 y el personal de prisiones es de alrededor de 24.000 trabajadores. 

En cualquier caso, y más allá de lo que suponen las cifras dentro del micromundo de las prisiones, la aparición de casos positivos ha obligado a los centros a tomar medidas. ¿Cómo se hace? Silvia Fernández, secretaria general de CCOO en instituciones penitenciarias, explica que los confinamientos y los aislamientos se producen por módulos. Cada uno de ellos funciona con sus propios servicios: tienen sus zonas comunes como, por ejemplo, los comedores. Y todas ellas funcionan con normalidad hasta que se detecta que un preso ingresado en ese módulo presenta síntomas compatibles con el covid-19 o, directamente, da positivo en la prueba. Algo que, denuncia, es complicado que ocurra "porque no se están realizando test".

Solo en esos dos supuestos es cuando comienzan a tomarse las medidas más drásticas. En ese momento es cuando se aísla a la persona y cuando se empiezan a organizar turnos para utilizar las zonas comunes del módulo y, de este modo, facilitar el distanciamiento social tan recomendado por las autoridades. Pero eso sí, "cada cárcel funciona de manera distinta. No ocurre lo mismo en prisiones situadas en el foco del coronavirus como Madrid que, por ejemplo, las de Canarias", apunta. Además, allí donde hay "presión sindical" han conseguido que se tomen antes "las medidas preventivas", explica. 

Ese aislamiento es el que se ha producido, explica Fernández, en un módulo de la prisión de Soto del Real, donde permanecen ingresados el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo —ambos condenados por Gürtel— y el expresidente de Bankia Rodrigo Rato —por las tarjetas black. Hasta ahora, en ese centro han dado positivo por coronavirus tres internos. Algo parecido ha ocurrido en la cárcel de Picassent, la más grande de España. Por el momento, y de manera preventiva por la posible existencia de cinco positivos en covid-19, tiene aislados tres módulos. Y ahora el Gobierno ha asegurado que estudiará la instalación de un hospital en el centro, tal y como  publicó este martes El Independiente, que recogió las declaraciones que hizo en este sentido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Miguel Ángel Villaroya.

Sin embargo, esta no es la única modalidad de aislamiento que existe dentro de las prisiones y que tiene como objetivo paliar una posible expansión de algún caso de contagio por coronavirus. Según explica un portavoz del sindicato Acaip-UGT, también existen cárceles donde el confinamiento va un poco más allá y no se permite a los internos salir de su propia celda. Y esto es lo que le ha ocurrido al comisario José Manuel Villarejo que, según detalla su abogado, Antonio García Cabrera, no ha podido salir del pequeño espacio de su celda de Estremera desde el pasado 23 de marzo, algo que califica de "inhumano y degradante". "Ese confinamiento conlleva problemas físicos, porque no se puede hacer el ejercicio, y problemas psicológicos", se queja su defensa que, de hecho, solicitó la libertad de Villarejo durante la etapa de confinamiento, pero le fue denegada, igual que a Bárcenas. 

Los sindicatos denuncian falta de material adecuado

Las cifras que deja el covid-19 dentro de las instituciones penitenciarias distan mucho de las que deja la enfermedad a nivel nacional. Sin embargo, tal y como explica Chema López, responsable de salud laboral de CCOO en instituciones penitenciarias, hay que ponerlas en contexto. Según él, la tasa de contagios entre los trabajadores es muy elevada. Y todo porque, denuncia su sindicato y Acaip-UGT, las medidas de seguridad han llegado tarde. Y algunas, además, en forma de materiales que no se ajustan a las necesidades que exige la realidad de los centros penitenciarios. 

Según denuncia, la entrada del coronavirus a las prisiones se explica porque "por parte de la Secretaría ha habido una demora muy grande en la aplicación de las medidas de protección". "Si no hay protección, hay contagio", explica. "Las cosas han ido con mucho retraso y sin recursos", añade. Ahora, según dice, los funcionarios ya tienen material de protección necesario como mascarillas o guantes. Pero "desde hace aproximadamente una semana. Antes no había nada", dice. Y de ahí han llegado los positivos. "Queríamos blindar a la población reclusa. Desde que se logró cerrar todo el acceso a la prisión, el único vector contaminante hemos sido nosotros. Y si nosotros estamos protegidos la población reclusa está protegida", dice. Pero tal y como denuncia, eso no ha sido así.

Fernández se sitúa en la misma línea. Tal y como dice, es ahora cuando "está llegando el material necesario". "Entendemos que poco a poco llegará más, pero ha habido un problema de desabastecimiento importantísimo", denuncia. De hecho, critica que las mascarillas FFP2, las que mejor protegen a quien las lleva y a las personas con las que se relaciona, todavía son una anécdota. La mayoría de las que disponen, dice, son quirúrgicas. "El material que se ha entregado es claramente insuficiente", añaden desde Acaip-UGT.

Pero eso no es todo. Tal y como indica Fernández, el problema también ha llegado porque la elaboración de un protocolo específico ha sido tardío. Según recuerda, las prisiones se estuvieron guiando por las directrices básicas del Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III hasta entrado en vigor el estado de alarma. "El protocolo se hizo un poco tarde", sostiene. "La labor preventiva empieza a actuar antes, pero en una pandemia ha sido muy difícil y las normas han ido por detrás de la situación", dice.

Sin embargo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias defiende la gestión que se ha realizado en cuanto a los protocolos y a las medidas de seguridad tomadas. Según explican sus fuentes a infoLibre, ya se han entregado un total de 180.000 mascarillas y 9.000 batas a estos centros. Además, sostienen que se empezó a actuar a tiempo y que, de hecho, fue el 12 de marzo cuando se decidió que lo más prudente era cerrar el contacto de las prisiones con el exterior. Antes, recalcan, de que el Gobierno decretara el estado de alarma. "El objetivo era, y es, evitar el contagio entre profesionales penitenciarios y entre los internos, que tienen una salud más frágil", sostienen. Y eso, precisamente, es lo que preocupa a los sindicatos y lo que, según CCOO, puede hacer que las prisiones sigan un camino similar al de las residencias de mayores y se conviertan, de este modo, en focos de contagio.

La realidad dentro de las cárceles como factor que complica el control del virus

Desde que el coronavirus irrumpió con fuerza en nuestro país, las autoridades sanitarias han insistido siempre en el mismo mantra: los sectores de población que más riesgo tienen de sufrir las peores consecuencias del covid-19 son los mayores y los que sufren patologías previas. Por eso el virus ha provocado una crisis elevadísima en las residencias de ancianos y por eso Fernández teme que las prisiones sigan un camino similar. "Las cárceles se pueden convertir en reservorios del virus porque son espacios con mucha población y donde una gran mayoría tiene problemas inmunológicos o enfermedades como sida o hepatitis", lamenta. Y eso, dice, complica que el virus, si aparece, pueda controlarse. 

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No solo eso. López también recalca que uno de los motivos radica en que "el personal penitenciario está muy envejecido". "Hay centros donde la media de edad de los trabajadores ronda los 57 ó 58 años. Es decir, hay mucho personal vulnerable", lamenta. "Tenemos que lograr que el virus no entre en los módulos o las prisiones se convertiran en un reservorio", advierte.

Sin embargo, desde Acaip-UGT tienen una visión distinta. Tal y como explica un portavoz de la organización, las prisiones seguirán la misma tendencia que se vive a nivel nacional. Y como ya se ha pasado el pico de contagios, según las autoridades, no cree que en las cárceles vaya a producirse uno ahora. 

Pero para evitar eso, ambas organizaciones insisten en una misma necesidad: hay que hacer test. "Hay casos en Madrid no contabilizados por síntomas leves que no han sido testados o porque son asintomáticos", denuncia Fernández. El peligro de eso, advierte, es que no se tomen las medidas necesarias y que un caso leve o asintomático termine por contagiar a un módulo entero de una prisión, con las consecuencias que eso puede tener. El Ministerio de Sanidad, de hecho, es consciente de ello. Por eso, en la Guía para la utilización de test rápidos de anticuerpos para covid-19 que publicó el pasado 7 de marzo se hacía una especial mención a las prisiones, que deberían realizar estas pruebas para conocer un poco cuál es la realidad dentro de las instituciones penitenciarias. "Los test de detección de anticuerpos serológicos están indicados en pacientes con alta sospecha clínica, sin PCR o con PCR negativa con varios días de evolución desde el inicio de síntomas", indica el documento, elaborado conjuntamente con el Instituto de Salud Carlos III. La medida es buena, dicen los sindicatos, pero el problema es que todavía no ha comenzado a llevarse a cabo, dicen. Salvo en Asturias donde, según explica López, sí que ha comenzado ese testeo.