La Policía cree que Villarejo buscó ilegalmente datos reservados de la asesora de Pablo Iglesias

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía ha confirmado que la Policía cree que José Manuel Villarejo pudo hacerse ilegalmente y a través de bases policiales con datos reservados sobre la que fue asesora de Pablo Iglesias y a quien el robo de un móvil cuyo contenido apareció luego publicado ha convertido en protagonista de una pieza del caso. Y ello es así por cuanto el primer oficio remitido por la UAI al juez incluye a Dina Bousselham y a quien era su pareja en un listado de 164 nombres sobre los que el comisario y su grupo podrían haber obtenido información a través de bases policiales de "acceso restringido". Su nombre aparece junto con el de su pareja, Ricardo Antonio D.S.F, los números de sus documentos de identidad, el IMEI (la huella digital) del teléfono de la asesora y el número del de su compañero.

No obstante, el encargo de rastrear un ordenador portátil localizado en la unidad de escuchas de la Policía (UCAO) que dirigía Enrique García Castaño y ajeno a la red oficial no arrojó resultados en lo que a Bousselham se refiere. La búsqueda encontró en ese ordenador solo 12 registros de nombres. Y ninguno de ellos era el de la antigua asesora, datos de cuyo teléfono sustraído sí habían sido encontrados en el domicilio de Villarejo.

El informe de la UAI, al que ha tenido acceso infoLibre, incorpora una lista de 150 personas físicas, 10 empresas, dos asociaciones, el "Ministerio de Industria" y 67 números de teléfono sin identificar. Lo que el juez encomendó a Asuntos Internos fue la elaboración de un listado de aquellos sobre quienes García Castaño podía haber consultado datos reservados en bases policiales. 

Villarejo accedió a datos de Bousselham en abril de 2016, más tarde que Iglesias, según la Policía Científica

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La aparición de Dina Bousselham en esa relación refuerza las tesis de Podemos en un momento en que habían perdido fuelle según el juez. El magistrado Manuel García Castellón entiende que los cambios de versión de Dina Bousselham, quien acabó reconociendo que había enviado pantallazos de su móvil a otras personas, restan crédito a uno de los puntos esenciales para la formación que dirige Pablo Iglesias: la supuesta causalidad entre el robo del móvil de Dina, en noviembre de 2015, y la publicación en OKdiario de los mensajes de un chat interno en julio de 2016. Es más, todo apunta a que el juez está preparando el terreno para pedir al Supremo que investigue a Iglesias. De hecho, y en contra de lo que en sus escritos ha sostenido Bousselham, el juez recalca que nada permite sostener que como víctima haya descartado el "ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias"

El auto judicial que el 25 de mayo retiró a Iglesias la condición de perjudicado e instó por primera vez a su asesora a cambiar de abogado para no compartir el mismo con su antiguo jefe, sostenía lo siguiente: que ese cambio de versión de la propietaria del móvil robado y el hecho de que le fuese entregado luego a Pablo Iglesias por un periodista pone en tela de juicio que OKdiario hubiese obtenido de manera ilegal los mensajes del chat que publicó. Lo anterior –añadía la resolución– "no desacredita el hecho de que el investigado José Manuel Villarejo Pérez accediera y guardara en su domicilio datos muy sensibles e íntimos de Dina Bousselham sin su autorización". Pero el informe corrobora ahora que no solo guardaba datos "sin su autorización" sino que fue el mismo Villarejo quien movilizó a García Castaño para que le facilitase información obtenida de manera ilegal.

Si la pieza del caso sobre Dina Bousselham tiene su origen en el robo y difusión de mensajes internos, ahora la divulgación de otro chat está sacudiendo el caso en un momento relevante para las pesquisas sobre el espionaje a Luis Bárcenas y los contratos del BBVA con Villarejo. En esos mensajes la abogada de Dina insinúa sin tapujos que mantiene una relación con uno de los dos fiscales del caso y que Anticorrupción va a ayudar a Podemos. El único respaldo que exhibe la abogada, Marta Flor, es su propio relato. Anticorrupción mantiene su apoyo al fiscal mencionado, Ignacio Stampa.