Podemos pide al juez su desimputación en el 'caso Neurona' y avisa de que continuar sería caer en una investigación prospectiva

Podemos ha dirigido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en el que solicita el archivo de las actuaciones contra el partido como persona jurídica al considerar que no ha podido probarse ninguno de los extremos denunciados, sobre supuestas ilegalidades contables, por el exabogado de la formación José Manuel Calvente, despedido en diciembre del año pasado, y la exresponsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona, ni en lo que respecta a una supuesta financiación ilegal ni en irregularidades en los contratos con la consultora Neurona o en la reforma de la sede. Para Podemos, su mantenimiento como imputado en este procedimiento "generaría una suerte de instrucción prospectiva", pues no hay "indicio alguno de un supuesto hecho punible".

"Es evidente que el mantenimiento de la situación de investigada, más que salvaguardar sus derechos frente a una investigación de la que no consta indicio alguno que sostenga dicha imputación, genera efectos reputacionales negativos e injustificados, por lo que a la vista del resultado de las actuaciones hasta el momento, procede el sobreseimiento respecto de la persona jurídica", afirma el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre. De momento, el partido no se pronuncia con respecto a las personas físicas que también están imputadas, como son su responsable de Comunicación Juanma del Olmo, el tesorero Daniel de Frutos, la gerente Rocío Esther Val y la jefa de Compras Andrea Deodato, quienes declararon la semana pasada ante el instructor y negaron cualquier irregularidad contable.

El documento, de 24 páginas, repasa una por una las supuestas irregularidades denunciadas por Calvente y Carmona, pero presta especial interés a la declaración que prestó esta última en sede judicial, durante la cual, dice la representación letrada de Podemos, no se aportó "ningún documento" que acredite los hechos que ella misma habría estado investigando hasta su despido, también hace casi un año. En opinión de la formación morada, creer que Calvente y Carmona llevaron a cabo una investigación con sumo sigilo, como ellos afirman, "prácticamente obliga ahora a un acto de fe para confirmar que realmente se llevó a cabo".

Ni Calvente ni Carmona, apunta además, "han podido aportar indicio alguno de que tales investigaciones se estuvieran llevando a cabo"."La testigo Mónica Carmona no ha podido aportar ni un solo documento acreditativo de que hubiera solicitado expresamente ningún documento ni información respecto de los hechos que estaría presuntamente investigando y respecto de los que, según relata, le estarían impidiendo ejercitar sus funciones de vigilancia y control. Esto es, no ha podido acreditar que nadie le estuviera impidiendo el ejercicio de las funciones de vigilancia y control. No acaba de entenderse que, en su doble condición de abogada y responsable última de la vigilancia y control en la prevención de delitos, no dejara constancia documental de sus actuaciones y solicitudes de información a través de los conductos internos oportunos, con el fin de evitar posibles responsabilidades penales tanto para su empleadora pero sobre todo para ella misma", explica el partido.

Testigos desconocidos

Según el escrito, no se encuentra explicación a que Carmona "no confrontara" las supuestas informaciones que le habían dado testigos directos con el "testimonio de las personas que estaría investigando". Esos testigos directos, además, "no han sido hasta el momento identificados", de modo que la declaración de la testigo se convierte así "en un simple testimonio de referencia de fuentes ignotas o, lo que es lo mismo, simple rumorología carente de cualquier sustento indiciario, por lo que nula valoración puede concederse a su testimonio, más aún con la evidente enemistad de ambos denunciantes con quienes se denuncia".

No sólo se cuestiona que el abogado y la exresponsable de Cumplimiento Normativo llevaran a cabo la investigación interna que alega, sino que el escrito considera "igual de contradictorio que, de existir" esas pesquisas, "no activara sus facultades para paralizar operaciones que consideraba que pudieran ser constitutivas de delito como refieren en su denuncia". 

Así, por ejemplo, el partido se pregunta por qué no hay constancia documental de las indagaciones que pudieron haber hecho con respecto a los contratos con la consultora externa Neurona, una de las patas de la instrucción judicial sobre la que Escalonilla ha solicitado más diligencias. Si la información que les alertó, dice el escrito, "podía comprometer penalmente tanto a la entidad como a la responsable de Cumplimiento Normativo, se sigue sin comprender que no dejara constancia documental alguna que se aportase a la denuncia de haber solicitado formalmente documentación e información a los miembros del partido, ni ante la supuesta negativa u obstaculización de su investigación, no dejara constancia de intentar adoptar alguna medida correctiva, o consulta al propio Elías Castejón –directivo de la empresa–, o elevación de su solicitud ante el Consejo Ciudadano o la Secretaría General, o en última instancia ejercer su facultad de paralizar todo tipo de contratación hasta que no se dieran las explicaciones oportunas".

Podemos recuerda al magistrado que la documentación aportada por Calvente en su denuncia inicial "consiste, básicamente, en noticias obtenidas a través de Internet, rumores y en información pública mercantil a través de Axesor". Noticias, indica, "posteriores al despido" del abogado o de meses antes a la búsqueda de información de la mercantil por parte del abogado, que data de septiembre de 2019. No consta, añade, "ningún intento formal ni informal de solicitud de aclaración de los servicios de Neurona" por parte de Carmona ni que acudiera al local de campaña desde donde el partido asegura que se estaban realizando los trabajos electorales.

La afirmación de Carmona y Calvente de que la primera recibió el contrato con Neurona de "fuentes de Izquierda Unida", sin dar ningún nombre concreto, que le alertaron de posibles irregularidades también es puesto en duda por la representación legal de Podemos, pues recuerda que Carlos García Ramos, administrador de IU de la coalición electoral Unidas Podemos, declaró en sede judicial que "no sólo que no conocía a Mónica Carmona, sino que nadie, absolutamente nadie en su organización conocía de su existencia".

Podemos entregó el pasado verano al juezmás de 1.400 documentos –vídeos de campaña– para probar que los servicios contratados con Neurona se prestaron y es ahí donde el instructor ha puesto el foco de la investigación en los últimos días, de ahí que haya solicitado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE)extraer tanto la autoría como la fecha de realización así como "otros datos informáticos se puedan obtener de dichos vídeos", todo ello con el objetivo de saber si los trabajos efectivamente se hicieron y no fue un contrato simulado. En todo caso, si el juez encontrara indicios, se estaría ante un ilícito electoral, conducta que no se puede atribuir a personas jurídicas.

Calvente dio las indicaciones en la licitación de la obra

Sobre la investigación en torno a las obras de la sede del partido iniciadas en la primavera de 2019 y las supuestas irregularidades en torno a su licitación y presupuesto, la representación letrada de la formación destaca en su escrito los mensajes de texto que se intercambió Calvente con la responsable de Compras en los que, según considera, "era el mismo denunciante quien daba las indicaciones" de asesoría jurídica de la licitación sobre las que luego sustentó su denuncia: "Las decisiones en el chat aparecen nítidamente adoptadas por él como asesor jurídico de la licitación. Faltar a la realidad al privar del conocimiento de esta información, al igual que hacía con su denuncia aportando sólo las conversaciones que se ajustaban a su cuadro acusatorio y seccionando aquellas en las que se le hacían las explicaciones que contradecían esas acusaciones, es una actuación que puede ser calificada, como mínimo, de mala fe".

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Calvente denuncia que en la ejecución de la obra se reflejaron sobrecostes que él achacaba a una posible intención de beneficiar a ciertas empresas. Según la formación morada, el proyecto inicial presentado por el arquitecto contratado indicaba un coste de 649.000 euros, pero con los gastos que plantearon las empresas subcontratadas, el presupuesto subió a algo más de 1,3 millones de euros. El coste final fue de aproximadamente 1,4 millones. 

En el escrito entregado al juez, Podemos afirma que Carmona "reconoció que no puede asegurar que el diferencial entre la cantidad reflejada en el proyecto de ejecución que se subió al perfil del contratante para que fuera licitada y el coste real declarado fuera a parar a otro destino que no fuera a la ejecución real de la obra, y tampoco pudo explicar qué norma (legal o estatutaria) en concreto se estaría vulnerando por la adjudicación por el precio presupuestado por las empresas, que además llevaron a término la ejecución de la misma". "Y al igual que con el resto de asuntos presuntamente investigados de manera sigilosa, no pudo aportar ningún justificante documental de haber requerido información o documentación que en el curso de esa investigación le estaría siendo denegada por no se sabe quién, por lo que nuevamente hay nulos indicios de que realmente se encontraran realizando esa supuesta investigación", apunta el escrito de los abogados de Podemos.

Pero aparte de todo esto, el partido reclama el archivo de las actuaciones en lo que respecta a la persona jurídica porque la propia Mónica Carmona "reconoció expresamente que en su investigación no encontró indicio alguno de un supuesto delito de financiación irregular" ni dio "detalle alguno de una supuesta irregularidad o hecho punible relativo a un presunto delito de financiación irregular".