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OpenLux

Cinco preguntas y respuestas sobre la investigación de 'OpenLux'

  • Luxemburgo creó en 2019 un Registro de Titularidades Reales, pero tiene importantes lagunas, entre ellas que no permite buscar por el nombre de una persona física
  • Le Monde logró extraer 3,3 millones de documentos de la web del Registro y los compartió con la organización OCCRP, cuyo equipo de datos procesó la información para facilitar la identificación de los propietarios de cada empresa
  • infoLibre es el medio colaborador en España del proyecto OpenLux. El periodismo de investigación depende de los lectores comprometidos. Si no eres suscriptor y quieres apoyarnos, este es el enlace. También puedes regalar una suscripción haciendo click aquí

infoLibre / OCCRP
Publicada el 02/06/2021 a las 21:30 02/06/2021 a las 21:30
Página web de acceso al Registro de Luxemburgo.

Página web de acceso al Registro de Luxemburgo.

IL

Luxemburgo se ha convertido en el segundo destino más importante del mundo para el capital extranjero. Hay dos grandes razones que explican este hecho: las ventajas fiscales y la opacidad que proporciona a las empresas.

Tras años de presión por parte de la UE, Luxemburgo estableció en marzo de 2019 el denominado Registro de Titularidades Reales, donde tienen que inscribirse las personas que son los verdaderos propietarios de una empresa. Pero dicho Registro tiene un defecto crítico: no permite buscar por el nombre de una persona físcia, solo por el nombre de la compañía o por el número de identificación de la sociedad. Ello dificulta enormemente cualquier investigación periodística.

El periódico francés Le Monde y la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pusieron en marcha OpenLux para superar esa dificultad. A continuación se responde a cinco preguntas clave sobre este proyecto, en el que infoLibre participa como el medio colaborador en España.

1. ¿Qué es el “titular real” y por qué es tan importante conocer su identidad?

El “titular real” o “beneficiario último”, a veces denominado UBO por sus siglas en inglés (Ultimate Beneficiary Owner), es la persona física que posee o controla directa o indirectamente una entidad jurídica.

El beneficiario último coincide, en muchas empresas, con el “propietario oficial” que consta en los Registros Mercantiles. Sin embargo, en el caso de estructuras societarias complejas, el titular real muchas veces no aparece en los documentos oficiales porque se oculta detrás de testaferros. Esa ocultación puede responder a un simple deseo de privacidad, pero también sirve a delincuentes o evasores fiscales para proteger sus activos o moverlos por el mundo sin que sus identidades figuren en los Registros. Gracias a filtraciones como los Papeles de Panamá, sabemos que hay una enorme industria de abogados y contables dispuestos a ayudarles.

81 países tienen leyes que exigen que los beneficiarios últimos de las empresas ubicadas en sus territorios se registren ante una autoridad gubernamental. Pero prácticamente todas estas leyes tienen vacíos en relación a la exactitud de la información recopilada y muchos países también ponen límites para su acceso.

En el caso de España, la obligación de identificar al titular real de una empresa se recoge en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En su artículo 4, dicha norma define a ese titular real como “la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica”. En otras palabras: si no hay nadie que controle más del 25% de la sociedad no es necesario declarar su identidad, pero si alguien supera ese porcentaje sí que es obligatorio identificarlo. El Registro de Titularidades Reales se creó en España en 2018, pero de momento su uso está restringido a los sujetos obligados por la legislación a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La V Directiva Antiblanqueo de la UE fijaba el 10 de enero de 2020 como el plazo máximo para que todos los Estados miembros tuvieran en funcionamiento dicho Registro y que fuera de carácter público. Cuando llegó esa fecha, sólo cinco países lo habían implantado: Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia. España estuvo en el grupo de los incumplidores y ahí sigue.

El pasado 27 de abril se produjo finalmente la trasposición de la directiva antiblanqueo, a través de un decreto que establece un plazo de seis meses para aprobar el reglamento por el que se regirá en España el Registro de Titularidades Reales. Algunos datos –nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad de los titulares reales– se podrán consultar por los ciudadanos previo pago de una tasa.

Los activistas en favor de la transparencia defienden que los registros de titularidades reales sean gratuitos y abiertos al público. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién está construyendo una fábrica en su ciudad, enseñando a sus hijos, cuidando a los mayores o proporcionándoles medicinas. Y, sin embargo, ese objetivo está muy lejos de ser una realidad en la UE casi año y medio después de que finalizase el plazo para establecerlos. En un reciente informe, Transparencia Internacional explica que tres Estados no han creado aún ningún registro –Hungría, Italia y Lituania–, mientras que en otros seis ya existe pero aún no está a disposición del público: Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Rumanía y España.

2. ¿Por qué importa Luxemburgo?

A pesar de ser uno de los países más pequeños del mundo, tanto por su tamaño como por su población, Luxemburgo tiene una enorme industria de servicios financieros. Las bajas tasas de impuestos corporativos, así como la confidencialidad que ofrece el país, atraen inversionistas del mundo entero. Según Tax Justice Network, Luxemburgo es la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo y también ocupa el sexto lugar en su índice de paraísos fiscales empresariales.

Un estudio del Parlamento Europeo también reconoció los vacíos normativos luxemburgueses y afirmó que “Luxemburgo se sitúa a la cabeza de los países de alto riesgo de la UE” en relación a su vulnerabilidad frente al blanqueo de capitales.

Mientras que oficialmente los impuestos corporativos en Luxemburgo se sitúan alrededor del 25%, en 2014 la investigación Luxembourg Leaks reveló cómo, bajo cuerda, el Gobierno de Jean-Claude Juncker llegó a un acuerdo con cuatro importantes firmas de auditoría para rebajar la factura fiscal a 340 multinacionales. Estos pactos, conocidos como “tax rulings”, permitieron pagar menos del 1% en impuestos sobre sus beneficios.

3. ¿Por qué creó Luxemburgo un registro de beneficiarios últimos?

Luxemburgo ha sido durante años un destino privilegiado para el dinero en efectivo del extranjero y solo estableció el Registro de Titularidades Reales tras una considerable presión externa.

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de aprobar una legislación contra el blanqueo de dinero que se ajuste a una serie de normas comunes. A lo largo de la última década estas se han endurecido y ampliado gracias en buena parte a investigaciones periodísticas que expusieron cómo los más ricos evadían los sistemas existentes.

En las negociaciones sobre la V Directiva Antiblanqueo, el Parlamento Europeo abogó por que se añadiera el requisito de crear registros de beneficiarios últimos abiertos al público entre los países miembros. Sus argumentos fueron reforzados por la publicación de los Luxembourg Leaks, una importante investigación del ICIJ que mostró cómo grandes empresas reducían sus impuestos aprovechando estructuras corporativas basadas en Luxemburgo.

A finales de 2018, la Comisión Europea llevó a Luxemburgo al Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar normativa antiblanqueo. En enero de 2019 Luxemburgo finalmente aprobó una ley para establecer su Registro de Titularidades Reales.

4. ¿Cómo funciona el Registro?

Cualquier persona puede acceder al Registro a través del sitio web. No hay que pagar ni crear un usuario. Pero existen limitaciones serias que restringen su utilidad para periodistas, activistas o el público en general.

Muchas empresas aún aparecen con un “certificado de no inscripción de los beneficiarios últimos”, lo que indica que a pesar de la obligación legal de facilitar su identidad al Registro, no lo han hecho. Según las cifras del Gobierno luxemburgués, casi el 90% de las empresas ya entregaron la identidad de sus titulares reales al Registro. En realidad, según los datos analizados por Le Monde, la cifra real apenas supera el 50%.

Al igual que ocurre en España, en Luxemburgo tampoco es obligatorio revelar la identidad del beneficiario último si ninguno de los socios controla más del 25% de la empresa. En este caso, un mensaje en la web del Registro anuncia que “no se ha podido identificar a ningún beneficiario último” y que en su lugar se inscribieron los administradores de la compañía. Un cargo que, cuando un titular real quiere disimular su presencia, suelen ocupar apoderados o abogados.

Pero el principal defecto del Registro es, sin duda, que no se puede buscar por el nombre de una persona física. Las búsquedas sólo se pueden realizar por el nombre de la empresa o por su número de identificación. Así que un periodista que esté investigando si alguien tiene una sociedad en Luxemburgo, necesita conocer previamente el nombre de la compañía.

5. ¿Cómo lograron OCCRP y sus socios usar el Registro?

Para sortear las deficiencias del Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo, el periódico francés Le Monde logró extraer 3,3 millones de documentos de la plataforma online de dicho Registro. Hay documentos corporativos y estados financieros de las 260.000 empresas que se han registrado en Luxemburgo desde 1955, de las que algo más de 124.000 estaban operativas en 2020. Los datos incluyen la identidad de 117.424 beneficiarios últimos (o administradores, cuando los dueños no pueden ser identificados). De ellos, 1.558 son españoles o tienen alguna vinculación con España (son residentes en este país u ocupan cargos en sociedades españolas).

Le Monde compartió esos documentos con el OCCRP, cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta, y luego los compartieron con una docena de medios internacionales. En el proyecto OpenLux están algunos de los periódicos más prestigiosos del mundo, como el propio Le Monde o el alemán Süddeutsche Zeitung. De esta forma, los periodistas de esos medios pudieron hacer búsquedas por el nombre de personas físicas.

En España, OCCRP facilitó a infoLibre el acceso a la base de datos. Tras varios meses de investigación, este periódico inicia ahora la publicación de una serie de reportajes basados en la información de OpenLux.

Algunas de las exclusivas más relevantes ya publicadas por otros medios internacionales que colaboran con OCCRP las puedes encontrar en la web de la organización. En la base de datos de OpenLux, los periodistas identificaron a traficantes de armas o líderes de organizaciones criminales como la ‘Ndrangheta italiana, junto a multimillonarios, artistas y deportistas. Al menos 266 miembros de la lista Forbes de multimillonarios controlan sociedades en Luxemburgo.

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5 Comentarios
  • Finap Finap 17/06/21 12:59

    Enhorabuena a Infolibre por su trabajo ayudando a destapar y dar a conocer los datos de los personajes que estafan a nuestro país al no pagar impuestos. El trabajo que nos queda a los lectores es informarnos y pensar muy bien a quienes votamos, porque el ejemplo de Madrid es para echarse a temblar, abriendo camino a las generaciones con mentalidad franquista.  O impedimos que el bipartidismo repita o todas estas investigaciones se quedarán en el papel y ningún gobierno solucionará el problema. El PSOE para atreverse a tomar decisiones que defiendan los DDHH necesita a UP con fuerza, con suficientes votos para impulsar esas decisiones.

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  • cuidadito cuidadito 05/06/21 09:53

    ¿por qué no muestran la lista en infalible?

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    1

  • svara svara 04/06/21 09:30

    Gracias a estos patriotas defraudadores de las haciendas públicas y corruptores genuinos de los gobernantes, hay todavía a día de hoy en pleno s.XXI mucha gente en la miseria, desigualdad en el reparto de la riqueza, mucha insolidaridad y mucha inseguridad en la sociedad. ¡Malditos bastardos!

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    4

  • Angel10 Angel10 03/06/21 10:00

    ¿Cuando piensan las democracias occidentales acabar con estas prácticas de evasión fiscal?

    Si los gobiernos de USA y de la UE quieren, pueden acabar con los paraísos fiscales en poco tiempo, por lo tanto si no acaban con ellos es porque NO QUIEREN y se supone que eso pasa por que tienen intereses o ellos o quienes les pagan.

    La estafa fiscal de los mas ricos con sus propios países, es responsabilidad de los estafadores y con la complicidad necesaria de los gobiernos.

    Entiendo que un solo gobierno no puede ni intentarlo, pero la UE y USA juntos tienen el deber moral de hacerlo

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    • Totusé Totusé 03/06/21 12:07

      Ahí está el quid de la cuestión: el DEBER MORAL de hacer algo. Exceptuando a Mujica, no tengo noticias de ningún gobernante que realmente anteponga el deber moral, de hacer lo que sea, a la conveniencia de proteger e incrementar su patrimonio, y el de los que le mantienen en el poder.
      Salud y república.

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