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Lo que rompe la Constitución

Cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo, dijo hace algún tiempo la filósofa feminista Celia Amorós. De eso va, precisamente, la democracia: de convivencia, igualdad y libertad. Pero ¿es posible hablar de libertad sin hablar de la mitad de la población, sin tener en cuenta a las mujeres? Siempre es necesario, pero ahora que la Constitución, ese garante de los derechos de ciudadanos y ciudadanas, cumple 45 años, quizá podamos dedicar algunos minutos a reflexionar. 

En todo este tiempo se han dado pasos de gigante en cuanto a legislación. De hecho, somos un país formalmente igualitario. Orgullosas podemos decir que las reivindicaciones feministas en las calles han parado reformas retrógradas, como la del aborto de Gallardón, o han derivado en leyes, como la del sólo sí es sí. Pero lo cierto es que, a pesar de los avances, seguimos sufriendo violencia y discriminación

En los últimos días, cuatro mujeres y una niña han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Los feminicidios son la máxima expresión de una desigualdad que, en mayor o menor medida, sufrimos todas las mujeres. Seguimos ganando menos que nuestros compañeros, la carga de cuidados recae sobre nuestra espalda y la corresponsabilidad laboral y personal es una utopía. ¿Cómo se sustenta una convivencia democrática que se basa en la opresión? Cuesta encontrar una respuesta. 

Echa a andar una legislatura que será complicada. De alto voltaje. Con una amalgama de partidos a los que poner de acuerdo para sacar adelante las leyes. Y con una oposición instalada en el no, en el insulto y en el intento de boicot al nuevo Ejecutivo. Una derecha que ha monopolizado el debate político y social apelando a la inconstitucionalidad de la amnistía.

Mientras los líderes nacionales y autonómicos se manifiestan en contra de esa ley porque, dicen, rompe con el principio de igualdad de los españoles —¿cómo definen entonces obstaculizar durante 5 años la reforma del CGPJ?—, las listas de espera sanitarias crecen, se siguen torpedeando los minutos de silencio por las víctimas de violencia machista y continúa aumentando la desigualdad en las aulas o en el acceso a la vivienda. 

Una de las primeras medidas del nuevo gobierno ha sido recuperar la Ley de Paridad, aparcada hace algunos meses por el adelanto electoral. La norma obliga a que ningún sexo —léase aquí mujeres— tenga menos del 40% de representación en empresas, gobiernos o en el ámbito judicial. De justa y ambiciosa la calificó la ministra de Igualdad. Lo cierto es que no había llegado ni al Consejo de Ministros y las cuentas no salían: 19 hombres frente a 9 mujeres en los nombramientos de los secretarios y secretarias de Estado, el segundo nivel gubernamental. Faltan designaciones aún, pero hay ministerios como Justicia, Transportes, Política Territorial o Interior cuyos equipos están encabezados, en su mayor parte, por varones.

Una sociedad que ofrece diferentes oportunidades a hombres y a mujeres o que tolera la violencia contra nosotras es una sociedad que no avanza. Menos justa e incompleta. Eso sí que hace añicos la Constitución

Será en los próximos meses cuando veamos hasta dónde llega el compromiso feminista del Gobierno de coalición. Por delante, retos importantes como la subida del salario mínimo interprofesional, la ley de trata, de racismo o de familias y valientes como la abolición de la prostitución, la mayor escuela de desigualdad humana. Ni que decir tiene que una democracia no es digna si se puede comprar el acceso al cuerpo de una mujer. Sánchez ya ha adelantado que está entre sus prioridades, pero la norma, eterna promesa de los socialistas y vieja reivindicación de parte del movimiento feminista, quedó fuera del acuerdo de gobernabilidad que firmaron con Sumar. Veremos qué pasa.

La igualdad es un mandato constitucional y una cuestión de calidad democrática. Una sociedad que ofrece diferentes oportunidades a hombres y a mujeres, que tolera la violencia contra nosotras o en la que los partidos -léase aquí PP y Vox-- usan las políticas públicas igualitarias como moneda de cambio para gobernar es una sociedad que no avanza, que da un paso para atrás. Una sociedad menos justa, incompleta. Y eso es lo que sí, permítanme que les diga, hace añicos la Constitución.

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