Por un Orgullo 'woke' Jesús Maraña

El edificio donde vivo desde hace veinte años alberga un centenar de viviendas distribuidas en tres escaleras independientes, con doble ascensor cada una, a las que se accede tras superar otras majestuosas escaleras que elevan el portal unos dos metros sobre el nivel de la calle.
Hace unos años, la comunidad de propietarios aprobó la instalación de un montacargas salvaescaleras, que llevó varios meses tener habilitado y resueltos problemas colaterales de ruido que afectaban a la vecina que comparte pared con el motor y que nos supuso una demanda y mucho tiempo muerto.
Fue sobrecogedor comenzar a ver vecinos y vecinas veteranas y sus sillas de ruedas, a quienes no había visto antes, salir a la calle. Esas escaleras tan señoriales han sido segregadoras desde 1970.
A pesar de los avances regulatorios, como los que establece la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE) que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en materia de seguridad y habitabilidad reconocidas en la LOE, son aún muchísimos los obstáculos y barreras a la accesibilidad universal, ese derecho imprescindible y una de las tres dimensiones de la inasequibilidad, que persiste en nuestras viviendas.
El parque de viviendas en España tiene una dimensión de 26,5 millones de unidades (de los que 18,5 millones son viviendas principales) y es, de media, cuarentón: más de la mitad de las viviendas existentes fueron construidas antes de los años 80 del siglo pasado, en la era pre LOE y pre CTE.
Tenemos en mi edificio calefacción central, lo que considero un espanto hoy en día. Funciona con gas-oil o similar. Se paga mensualmente prorrateado por superficie de la vivienda, independientemente del consumo de cada vivienda. Paga lo mismo una vivienda que mantiene en invierno las ventanas abiertas porque la calefacción está muy alta y cuyos habitantes van en manga corta por el mismo motivo, que una que mantiene la casa caldeada a 22 grados y en la que hay mantitas al alcance de la mano para abrigarse si se queda una parada. O lo mismo que una vivienda vacía durante todo el invierno, pero con los radiadores abiertos al máximo por descuido o desidia. Opera más o menos como la nueva tasa de basuras que han diseñado muchos municipios, como el de Madrid, con exactamente cero incentivos a la adopción de hábitos sostenibles, contribuyendo a que nuestras viviendas sigan siendo energéticamente inasequibles, una fuente inagotable de gastos para mantenerlas a temperaturas confortables.
Preferimos que nuestras viviendas alberguen hogares, planes de vida y de emancipación asequibles, a que sean lugares de paso de visitantes
Por nuestra cuenta y para protegernos de la gentrificación que nos come por los pies, hemos acordado en mi comunidad de propietarios una modificación de estatutos que prohíbe el alquiler turístico. Somos una Comunidad Airbnb-Free, una comunidad aliviada. Solo había uno, pero se hacía notar. Preferimos que nuestras viviendas alberguen hogares, planes de vida y de emancipación asequibles, a que sean lugares de paso de visitantes con múltiples alternativas de alojamiento turístico de mercado.
Acometer reformas –de infraestructuras y equipamientos; de hábitos y comportamientos; de reglas de juego– conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. Y mucha confianza en el sistema y sus agentes, que a menudo se quiebra por el mal hacer, ya sea por ignorancia o maldad.
Que nuestras viviendas sean viejas no sería un problema si reunieran las prestaciones y funcionalidades necesarias para ser confortables, luminosas, accesibles, energéticamente eficientes, bien conectadas, en entornos saludables y cercanas a los servicios públicos.
La rehabilitación de viviendas es una actividad especializada con enorme potencial por lo mucho que la precisamos en España. Hay fondos europeos disponibles para explorar esa opción de modernización y adaptación de nuestro parque de viviendas a las nuevas necesidades sociales y medioambientales, como el programa de rehabilitación residencial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dotado con 3.420 millones de euros que se articulan a través de las Comunidades Autónomas. Son muchas manos, cabezas y pymes las que podrían sumarse profesionalmente a este reto imprescindible.
Que España sea un país en el que predomine la propiedad horizontal es una oportunidad para implementar cambios a escala, pero también un enorme reto. Las comunidades de propietarios son figuras jurídicas con derechos y responsabilidades que toman (o no) decisiones de calado en una aparente democracia asamblearia por cuotas de superficie, para las que no siempre sus miembros están adecuadamente informados y asesorados. Un reto que justificaría una acción de educación masiva (“Tu comunidad de vecinos, tu comunidad autónoma, tu ayuntamiento y tú”) y el despliegue de todo el apoyo técnico necesario –manos, cabezas y ventanillas de atención– además de las subvenciones y ayudas monetarias, para que los urgentes procesos de rehabilitación de viviendas fluyan por doquier con todas las garantías de éxito.
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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.
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