¡La banca siempre gana! Helena Resano
Comienzo a escribir estas líneas tan pronto he conocido el fantástico resultado de una iniciativa legislativa popular (ILP) de ámbito europeo importantísima, de las que ya hablé, aunque poco, en “Iniciativa legislativa popular mermada”.
Estoy muy contenta y aliviada con el resultado. Las últimas 48 horas previas al cierre de la campaña de recogida de firmas han sido de infarto. Tanto, que se han recogido casi tantas en ese corto plazo como en los 12 meses previos en los que la ILP ha estado activa. Hasta el 17 de mayo de 2025, Día Internacional contra la LGTBIfobia desde que en 1990 la Organización Mundial de la Salud dejara de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental.
El logro de esta ILP que hoy celebro busca la prohibición en territorio de la Unión Europea de las mal llamadas terapias de conversión a las que, por ejemplo, y sin ir más lejos, la dupla mayoritaria en Les Corts Valencianes abrió la puerta de atrás ayer mismo, para tortura de muchas personas.
En la Unión Europea disponemos del derecho a la European Citizen’s Initiative, que permite a la ciudadanía instar al Parlamento Europeo a que inicie el trámite parlamentario para que se legisle sobre un asunto en un determinado sentido, siempre que dicha instancia venga acompañada de, al menos, un millón de firmas de electores europeos, y que se supere un umbral mínimo de participación en, al menos, siete países miembros.
La ILP europea consiguió superar, en primer lugar, el umbral en términos de número de países (con Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Irlanda y Países Bajos permitiendo desactivar esa primera pantalla) y unas cuantas horas después, el número absoluto de firmas requerido. Los umbrales mínimos los determina el censo de electores de cada país: en Alemania es de casi 70.000 electores; en Francia e Italia en torno a los 55.000; en España y Polonia sobre los 40.000; y en Rumania y Países Bajos un poco por encima de los 20.000.
El logro de esta ILP que hoy celebro busca la prohibición en territorio de la Unión Europea de las mal llamadas terapias de conversión
Francia ha emitido más de la mitad de todas las firmas recogidas. No en vano, la persona jurídica que ha organizado la iniciativa (ACT -Against Conversion Therapy) tiene su sede en Francia. España, con unas 130.000, ocupa el segundo lugar. Ambos, primero y segundo del ranquin también en términos relativos al número de personas electoras. Finlandia y Países Bajos terminan en tercera y cuarta posición, respectivamente, en términos relativos. Lo hemos dejado para el final, pero hemos triunfado, que es lo importante.
Que la recogida de firmas haya sido digital ha supuesto una enorme facilidad para materializar nuestra iniciativa ciudadana. Que no haya sido exclusivamente digital preserva el derecho o preferencia a ser analógico. Con todo ello, además, el proceso es tan sencillo que ni siquiera precisa de autenticación con certificado digital. Todas estas facilidades, que han permitido conseguir el objetivo en un tiempo récord, conllevan también un riesgo, y es que puede que algunas de las firmas contengan errores de digitación y sean susceptibles de ser anuladas cuando se realice el proceso de comprobación y verificación de los datos aportados (país de residencia, nombre y apellidos y DNI). Por eso es muy importante no parar máquinas una vez conseguido el objetivo de firmas si sigue habiendo plazo disponible; conviene que este supere con amplio margen el mínimo exigido por si se producen anulaciones, para cubrir el margen de error esperado.
He participado activamente en la recogida de firmas en modo analógico en, por lo menos, tres ILP, dos de alcance estatal —personalidad jurídica del Mar Menor y No es mi cultura— y una en la Comunidad de Madrid —Climatización de centros escolares públicos—. Todas ellas exitosas por superar el número mínimo de firmas: 500.000 en las estatales; 50.000 en la de ámbito autonómico. También animé a firmar para la ILP Regularización Ya, que también prosperó y que fue infinitamente más ágil y respetuosa con las personas que recogen y entregan firmas por estar habilitada también la recogida digital de firmas.
Hablo de respeto porque la protección de la privacidad y de los datos personales debe siempre prevalecer, y el método de recogida manual supone una responsabilidad descomunal para las personas que custodian los pliegos timbrados de firmas, habida cuenta la cantidad y detalle de los datos que se requiere recopilar para que las firmas sean válidas. En la Comunidad de Madrid se ha de indicar, además, el domicilio completo, exigencia que no recogen los pliegos de firmas de ILP estatales.
También hablo de respeto porque los pliegos físicos de firmas no cumplen con estándares mínimos de legibilidad, especialmente (de los que conozco) el que habilita la Asamblea de Madrid, cuya cumplimentación correcta obliga al uso de gafas de aumento y de la capacidad de escribir en tamaño microscópico.
Hechas las críticas constructivas, cierro tribuna con un brindis por mis conciudadanas europeas. Juntas, hemos salvado los muebles en esta primera fase del proceso legislativo. No nos olvidemos de darle seguimiento.
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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.
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