Que ardan las banderas por la fraternidad

Ha arrancado una nueva legislatura en España, un nuevo periodo legislativo en el que parece que el parlamentarismo –como ha demostrado la conformación de la Mesa del Congreso– tendrá un protagonismo obligado, es decir, la negociación entre los diferentes grupos y representantes de la soberanía popular elegidos el pasado 23 de julio. Entre estos actores es probable que destaquen fuerzas como ERC o Junts, cuyas exigencias pondrán en el centro del debate público una posible ley de amnistía, la visibilización de la diversidad cultural y lingüística que existe en nuestro país, nuestro modelo territorial y la necesidad de adaptar nuestro Estado a un sistema que otorgue más competencias a las Comunidades Autónomas para gestionar los recursos públicos y hacer más eficientes los servicios de los que disfruta la ciudadanía.

Esto último, que tanto dice temer el PP cuando se encuentra en la oposición, es lo mismo que negoció su primer gobierno, en 1996, cuando Aznar decía hablar catalán en la intimidad y Arzalluz, entonces líder del PNV, reconocía que lo obtenido en las negociaciones con los populares jamás fue posible durante los más de 13 años de gobierno socialista: “He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”.

Independientemente de la valoración que estos hechos pueda suscitarnos en la situación actual, lo cierto es que nuestro modelo político es una democracia que se sustenta sobre un régimen parlamentario en el que, guste o no, ante la ausencia de mayorías absolutas es necesario que, con el fin de garantizar la labor del Ejecutivo, haya diálogo y pactos entre diferentes fuerzas políticas.

Teniendo en cuenta el vergonzante papel que el PP ha ejercido durante la oposición en la última legislatura, negándose de forma sistemática a apoyar medidas impulsadas por el gobierno de coalición en materia de empleo y economía, alentando bulos y manipulaciones durante el periodo de pandemia y protagonizando una insistente cruzada contra el “sanchismo”; es razonable que la gobernabilidad no pueda recaer ni en un ejecutivo liderado por Feijóo con la abstención del PSOE ni en otro liderado por Sánchez que se pliegue a las exigencias del PP.

Tomando esto en consideración, y partiendo de la premisa de que se deben desplegar y profundizar muchas de las políticas emprendidas y planteadas en el periodo legislativo precedente, el único camino posible para desarrollar una legislatura exitosa por parte de un hipotético gobierno liderado nuevamente por Sánchez es asentar las alianzas ya establecidas durante los últimos cuatro años entre las fuerzas que se han identificado mediáticamente con el “bloque progresista”. En ese sentido, si bien es cierto que la lógica parlamentaria será determinante para que exista este Ejecutivo, también será fundamental para su estabilidad que su acción legislativa logre una sanción positiva por parte de una mayoría social. No sólo con el fin de garantizar un futuro apoyo en las urnas, sino también con la voluntad de demostrar que nuestro sistema político funciona y es útil para afrontar los desafíos presentes y futuros que interpelan a nuestra sociedad.

Desde este punto de vista, se trata de una legislatura clave para que la ciudadanía recupere la credibilidad en la política, sobre todo en un ecosistema donde, tanto a nivel nacional como internacional, han proliferado el número de líderes y movimientos cuyo único fin, además de manifestar su disconformidad con lo que ellos identifican como establishment, es proclamar la inutilidad del Estado para resolver nuestros problemas. Se trata de la corriente ultraliberal que impregna las consignas de partidos como Vox, quienes al mismo tiempo que depositan su fe en el sector privado y en el libre mercado, sostienen que cuantas menos normas y reglas regulen la economía, el empleo y los servicios públicos, mejor funcionará una sociedad.

Según los planteamientos de esta doctrina, cada uno ha de obtener lo que se derive de su propio esfuerzo. Como si desde nuestro nacimiento no existiese ningún factor de desigualdad que influya sobre nuestro desarrollo futuro. En estas circunstancias, el Estado sólo debe preocuparse de mantener la seguridad de sus ciudadanos. Lo que suele traducirse fundamentalmente en una cosa: proteger su propiedad, independientemente de lo que cada uno tenga. Situación que habitualmente conduce a la criminalización de la pobreza y a la formación de guetos en función de la capacidad adquisitiva de cada individuo.

En contraposición a este modelo de sociedad, nuestro país, en el caso de que triunfe la investidura de Sánchez y se reedite un gobierno de coalición apoyado por fuerzas soberanistas, tiene la posibilidad de negociar, debatir y constituir un proyecto alternativo que, además de abordar cuestiones de carácter territorial, se sustente sobre otra clase de principios distintos a los de la defensa a ultranza de la libertad, principios como la salud que doten de sentido al conjunto de la acción política que se desarrolle y que encamine nuestro Estado hacia un verdadero Estado del Bienestar, donde se garantice la justicia social y el buen vivir del conjunto de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.

A pesar del crecimiento económico experimentado en las últimas décadas, del desarrollo técnico y tecnológico, de la inversión de miles de millones de euros en nuevas infraestructuras, estos logros no han venido acompañados de un notable desarrollo social y humano. Más bien al contrario: han aumentado de forma generalizada las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, se ha deteriorado la atención primaria y el número de seguros privados se ha multiplicado, ha crecido el porcentaje de personas mayores de 65 años que se sienten solas y aisladas, el número de profesionales cualificados dedicados a cuidados y dependencia es insuficiente y mal remunerado; ha aumentado el número de suicidios diarios, gradualmente hay más personas que reconocen que su salud mental se ha deteriorado, el calor provoca cada vez más muertes prematuras, la contaminación atmosférica afecta a cerca del 90% de la población, se han intensificado los efectos de las sequías, casi la mitad de los españoles no sigue una alimentación saludable y más del 13% de los hogares experimenta inseguridad alimentaria.

Frente a la “España Una, Grande y Libre” de los sectores reaccionarios, existe la posibilidad de anteponer una España diversa y justa, que contribuya a que nuestro país sea más sostenible y habitable en su conjunto

Todos estos hechos apuntan a que la salud es uno de los principales valores a preservar en el momento actual y, para ello, además de mejorar sustancialmente nuestro sistema sanitario público, es fundamental que se desarrollen otro tipo de medidas complementarias que logren aumentar nuestra calidad de vida de forma evidente y tangible, incidiendo especialmente en lo medioambiental y en lo social. Porque sin una garantía de salud, no hay vida digna posible.

Si como sociedad asumimos esta reflexión, nos daremos cuenta de que nuestro bienestar, más allá de lo económico, engloba todo aquello que nos permite desarrollarnos con mayor grado de autonomía y disfrute a lo largo de nuestra existencia. En ese sentido, “vivir bien” significa cuidar y preocuparse de nuestro cuerpo, de la mente, del medio ambiente, del entorno social, de la alimentación, de la higiene, del tiempo libre, del descanso, de las condiciones laborales o de la calidad del aire. Lo que, a su vez, exige que exista un Estado que asuma entre sus obligaciones garantizar que se cumplan unas determinadas condiciones de vida a través de una legislación clara en el conjunto del territorio que está bajo su gobierno, más allá de banderas y reivindicaciones nacionales o identitarias.

Frente a la “España Una, Grande y Libre” de los sectores reaccionarios, existe la posibilidad de anteponer una España diversa y justa, que contribuya a que nuestro país sea más sostenible y habitable en su conjunto, independientemente de cuál sea nuestro origen o del lugar que habitemos. Porque ante problemas globales que amenazan nuestro bienestar y nuestro modelo de vida, aunque exista la tentación de reivindicar nuestra propia particularidad, somos partes de un espacio común –no sólo de un país, sino de un planeta– que, si no cuidamos, corremos el peligro de que sea inhabitable para todos, especialmente para los que estamos más expuestos a ciertas vulnerabilidades como la pobreza.

En nombre del bienestar y del buen vivir, los sectores progresistas de nuestro país tenemos la oportunidad de construir un proyecto que genere fraternidad y, con ello, entusiasmo, adhesión y comunidad en torno a un Estado que, hoy por hoy, sufre los vaivenes de la desafección social por sus representantes públicos: los de aquellos que en su día se atrevieron a hablar en nombre de la gente, los que se unieron al 155 en nombre de la Constitución y también los que comprometieron su futuro político con un proyecto independentista fallido. A pesar de estos desencuentros en el espacio de la izquierda, la pregunta es: ¿podemos caminar juntos hacia un horizonte común? La alternativa ya la conocemos: sacrificar la política en nombre de la unidad y la libertad, la de unos pocos en detrimento de una mayoría social que gradualmente se siente más abandonada, desprotegida y tentada de apoyar propuestas de mesías libertarios.

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Miguel Martín es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid, Doctor en Semiótica por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Diacronía.