La brecha entre el clima que cambia y la política que no

El cambio climático ya no es una advertencia lejana ni un concepto reservado a informes técnicos: se ha instalado en nuestra vida cotidiana con una naturalidad inquietante.

Lo notamos en las noches que ya no refrescan, en las alergias que empiezan cuando aún llevamos abrigo, en los precios de los alimentos que suben sin explicación aparente. Está ahí, atravesando conversaciones y rutinas, mientras intentamos convencernos de que todavía queda tiempo para reaccionar.

Pero los datos desmienten esa comodidad. El Informe europeo de 2026 del Lancet Countdown, citado por Enrique Alpañés en su artículo de El País del pasado 23 de abril, muestra que la temporada de polen en Europa se ha adelantado entre una y dos semanas respecto a los años 90, y que casi todas las regiones analizadas han registrado un aumento de muertes atribuibles al calor entre 2015 y 2024. En España, el impacto es especialmente duro: en Ciudad Real, las muertes por calor se han triplicado en ese periodo. No son cifras abstractas, son señales claras de que el clima se está descontrolando mientras la respuesta política sigue siendo insuficiente.

El calor y las alergias apenas rozan la superficie del problema. UNICEF advierte que, en América Latina, el cambio climático está empujando a millones de niños y adolescentes hacia una pobreza cada vez más difícil de revertir. Incluso en el escenario más optimista, 5,9 millones de menores adicionales podrían caer en la pobreza de aquí a 2030 si no se actúa con decisión (UNICEF, Clima, pobreza e infancia: América Latina en alerta, 2025). Las sequías, las inundaciones y las olas de calor no solo destruyen cultivos: también rompen trayectorias educativas, saturan sistemas de salud y debilitan redes de protección que ya eran frágiles. El clima extremo no llega solo: arrastra derechos.

Las sequías, las inundaciones y las olas de calor no solo destruyen cultivos: también rompen trayectorias educativas, saturan sistemas de salud y debilitan redes de protección que ya eran frágiles

El informe del Plan International sobre América Latina y el Caribe es especialmente contundente: las niñas y adolescentes están entre las más afectadas por la crisis climática, no por una cuestión biológica, sino porque las desigualdades de género existentes se agravan cuando el clima se vuelve extremo. El documento detalla cómo los fenómenos climáticos —sequías prolongadas, inundaciones, huracanes— alteran de forma directa su vida cotidiana y sus oportunidades de futuro. Cuando el agua escasea, son ellas quienes suelen recorrer distancias mayores para conseguirla, lo que aumenta el riesgo de violencia sexual y reduce su asistencia a la escuela. Tras un desastre climático, las niñas tienen más probabilidades que los niños de abandonar la educación, ya sea para asumir más tareas domésticas o porque los centros educativos dejan de ser espacios seguros.

El informe también alerta de un patrón especialmente preocupante: en contextos de pérdida de ingresos o destrucción de cosechas, aumenta el matrimonio infantil como estrategia desesperada de supervivencia familiar. La salud menstrual es otro punto crítico que el informe visibiliza: la falta de agua y saneamiento dificulta la higiene menstrual, incrementa el riesgo de infecciones y provoca ausencias escolares que se acumulan mes a mes. Y cuando las familias se ven obligadas a desplazarse por inundaciones o sequías, las niñas enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y trata. Plan International resume esta situación con una idea clara: la crisis climática actúa como un multiplicador de desigualdades. No solo destruye infraestructuras o cosechas; también erosiona derechos, limita opciones de vida y profundiza brechas que ya eran profundas antes de que el clima empezara a desestabilizarse.

Todo esto no ocurre en el vacío. La forma en que el cambio climático golpea con más fuerza a unas personas que a otras no es casualidad ni mala suerte: es el resultado de un modelo económico que se sostiene sobre desigualdades previas y que, cuando el clima se desestabiliza, las hace estallar. Y aquí es donde las voces ecofeministas llevan años poniendo el foco: en cómo la crisis ecológica y la crisis de cuidados son dos caras de la misma moneda. No se puede entender una sin mirar la otra.

La ética del cuidado aporta una clave útil para entender por qué la crisis climática desborda tanto a las personas como a las instituciones. Desde los años 80, autoras como Carol Gilligan y Nel Noddings han señalado que nuestras sociedades se organizan como si la autonomía fuera la norma y la vulnerabilidad la excepción, cuando en realidad dependemos de redes de apoyo y de un entorno material que sostiene la vida. La ética del cuidado no se centra en emociones, sino en reconocer esa interdependencia y en asumir la responsabilidad que implica en términos sociales y políticos.

Aplicada al contexto climático, esta perspectiva permite ver algo que a menudo queda oculto: cuando los fenómenos extremos se intensifican, lo que se pone en juego no es solo la infraestructura física, sino la capacidad de las comunidades para sostener la vida cotidiana. Las olas de calor saturan los sistemas sanitarios; las inundaciones interrumpen la educación; las sequías obligan a reorganizar el tiempo y el trabajo dentro de los hogares. Y en ese reajuste, las cargas recaen de forma desigual, casi siempre sobre quienes ya estaban en posiciones más frágiles.

Hablar de cuidados en este contexto no es hablar de gestos individuales, sino de política pública. Significa reconocer que sin servicios sociales robustos, sin infraestructuras adaptadas al clima, sin redes comunitarias fuertes y sin una redistribución real del tiempo y del trabajo, cualquier transición ecológica será insuficiente. La ética del cuidado no pide que las personas “cuiden más”, sino que los Estados y las instituciones asuman su responsabilidad en garantizar condiciones de vida dignas en un mundo que cambia rápido.

Por eso este enfoque apunta directamente a quienes toman decisiones. La evidencia científica lleva años marcando el ritmo; lo que falta es una respuesta política a la altura. Regular, invertir, anticipar y proteger no son opciones: son obligaciones en un escenario donde la vulnerabilidad ya no es un asunto privado, sino un problema estructural. La ética del cuidado, entendida así, no suaviza el debate climático: lo endurece, porque obliga a mirar de frente lo que realmente sostiene nuestras sociedades.

La acción ciudadana no puede sustituir a la responsabilidad institucional, pero sí puede marcar el ritmo. Y hoy ese ritmo es desigual. Hay administraciones que han empezado a tomar medidas —planes de adaptación, zonas de bajas emisiones, inversiones en energías renovables—, pero la escala del problema supera con creces la velocidad de la respuesta. A esto se suma un escenario político complejo: el avance de fuerzas que cuestionan la evidencia científica y el negacionismo climático de sectores de la derecha tradicional están ralentizando decisiones que la comunidad científica considera urgentes.

El problema no es solo lo que se hace, sino lo que no se hace. Mientras algunos gobiernos avanzan, otros retroceden o bloquean políticas ya aprobadas. Y en medio de ese vaivén, una parte creciente de la población se informa a través de contenidos virales, desinformación y campañas que trivializan la crisis climática o la presentan como un debate ideológico. En este contexto, la acción ciudadana no es un gesto simbólico: es un mecanismo para sostener el debate público en torno a hechos verificables y para exigir coherencia a quienes gobiernan.

La experiencia demuestra que las transformaciones profundas suelen empezar fuera de las instituciones. Las movilizaciones climáticas, las plataformas vecinales que reclaman sombra y espacios habitables, las comunidades energéticas que democratizan el acceso a la energía o los colectivos que denuncian la violencia ambiental en territorios vulnerables están empujando a los gobiernos a actuar incluso cuando el clima político no acompaña. Esa presión es la que convierte la urgencia científica en urgencia política.

Pero la responsabilidad última sigue siendo institucional. La ciudadanía puede señalar prioridades, pero son los gobiernos quienes deben garantizar que la adaptación y la mitigación no dependan del lugar donde se vive ni del nivel de ingresos. La crisis climática no se resolverá con voluntarismo ni con gestos aislados: exige políticas públicas estables, inversión sostenida y una defensa activa del espacio informativo frente a la desinformación.

El mensaje final es claro: no estamos ante un destino inevitable, pero sí ante una advertencia inequívoca. La desigualdad puede crecer o puede reducirse; la vulnerabilidad puede agravarse o mitigarse. Lo que ocurra dependerá de decisiones políticas concretas y de la capacidad colectiva para exigirlas. La inacción también es una elección, y sus consecuencias ya están aquí.

El futuro no está escrito: se disputa. Y esa disputa ya ha empezado.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.