¡La banca siempre gana! Helena Resano
La Comisión Europea acaba de presentar la hoja de ruta hacia los Créditos de Naturaleza, una iniciativa que busca movilizar inversión privada para la conservación y restauración de nuestros ecosistemas. El objetivo declarado es cerrar la enorme brecha de inversión que impide frenar el deterioro de la biodiversidad en Europa y alcanzar los objetivos marcados en el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal y en nuestra reciente Ley de Restauración de la Naturaleza.
La premisa resulta válida si aceptamos que no llegaremos a tiempo dependiendo exclusivamente de los presupuestos públicos. Sin embargo, mi primera preocupación es que esta herramienta no puede ni debe convertirse en una coartada para sustituir la financiación pública. Debe ser una vía complementaria que refuerce el compromiso del proyecto europeo con el medio ambiente. Europa tiene que aumentar, y no reducir, su inversión ambiental en el próximo Marco Financiero Plurianual. No podemos permitirnos dejar en manos del mercado la protección de algo que representa, ante todo, un bien común como la naturaleza.
La Comunicación presentada por la Comisión tiene potencial. Esboza un planteamiento novedoso que podría canalizar recursos hacia la conservación activa y abrir nuevas oportunidades para quienes trabajan sobre el terreno. Pero también deja en el aire numerosos interrogantes fundamentales que condicionarán su credibilidad, eficacia y legitimidad. Si queremos que los créditos de naturaleza funcionen como una herramienta al servicio del interés general, debemos analizar con detalle cómo se aplicarán en la práctica.
Pongamos un ejemplo para ilustrar el potencial y los interrogantes de este nuevo instrumento.
Imaginemos una cooperativa de pescadores en el delta del Ebro que decide restaurar una antigua zona de marisma degradada, hoy invadida por especies invasoras y contaminada por vertidos agrícolas. Junto con entidades científicas locales y apoyo técnico de la administración, diseñan un proyecto para recuperar la biodiversidad nativa, mejorar la calidad del agua y regenerar el hábitat de especies protegidas. Gracias a un proceso de certificación, obtienen un crédito de naturaleza que luego es adquirido por una gran cadena hotelera que quiere compensar su huella sobre la biodiversidad y mejorar su estrategia de sostenibilidad.
Este ejemplo suena bien. Pero inmediatamente surgen preguntas clave que, hoy por hoy, no tienen una respuesta clara en la propuesta presentada por la Comisión.
¿Quién decide, por ejemplo, que esa restauración concreta de la marisma en el delta del Ebro es elegible para obtener un crédito de naturaleza? ¿Existen criterios específicos, o dependerá de interpretaciones caso por caso? ¿Y qué tipo de intervenciones -repoblaciones, restauración de hábitats, mejora de calidad de agua- serán consideradas válidas?
Tampoco está claro cómo se medirán los beneficios. ¿Con qué indicadores se comprobará que la biodiversidad realmente ha mejorado? ¿Se utilizarán métricas comunes adaptadas a cada ecosistema? ¿O dependerá de cada certificador aplicar sus propias herramientas?
Y eso nos lleva a otra cuestión crucial: ¿Quién certificará estos proyectos? ¿Qué garantías tenemos de que serán entidades independientes, con criterios objetivos y públicos? ¿Y qué pasa si, con el tiempo, los beneficios ambientales del proyecto no se sostienen o incluso se revierten?
Además, cabe preguntarse si estos créditos servirán exclusivamente como contribución voluntaria a la conservación y restauración de la naturaleza, o si acabarán permitiendo la compensación de impactos destructivos en otros lugares. ¿Podría una gran empresa comprar créditos generados por esta cooperativa de pescadores mientras destruye hábitats en otra parte de Europa o de un tercer país?
La naturaleza no puede esperar, pero tampoco puede ser moneda de cambio en un mercado sin reglas
También queda por definir quién podrá acceder realmente a este sistema. ¿Estará al alcance de pequeñas comunidades o agricultores familiares? ¿O solo de grandes operadores que puedan asumir los costes de certificación, seguimiento y transacción?
Y finalmente, ¿cómo se integrarán estos créditos con las políticas existentes, desde la PAC hasta los pagos por servicios ecosistémicos pasando por la Ley de Restauración de la Naturaleza o los créditos del carbono? ¿Habrá coherencia legislativa o solapamientos contradictorios?
Estos vacíos no son cuestiones técnicas menores. Son la diferencia entre una herramienta útil y un instrumento ineficaz o incluso contraproducente.
Como eurodiputado comprometido con la biodiversidad, no me cierro en banda a los instrumentos innovadores. Bien diseñados, los créditos de naturaleza podrían convertirse en un incentivo positivo para la conservación y la restauración activa, y ofrecer un reconocimiento y una fuente de ingresos adicional para quienes ya están cuidando de nuestros ecosistemas: agricultores, silvicultores, pescadores, gestores públicos y comunidades rurales.
Pero para que eso sea posible, aún queda mucho por construir. Hace falta un marco de gobernanza y de monitoreo claro, justo, transparente y basado en la ciencia. Hace falta garantizar que estos créditos no se utilicen para blanquear daños ambientales ni para debilitar el compromiso financiero público con la naturaleza. Y hace falta que el Parlamento Europeo, los Estados miembros y la sociedad civil participen activamente en el diseño de este sistema, que aún está por definirse.
En definitiva, los créditos de naturaleza pueden ser parte de la solución, pero no serán una solución creíble si nacen sin garantías, sin control y sin ambición real. La naturaleza no puede esperar, pero tampoco puede ser moneda de cambio en un mercado sin reglas. Tenemos que trabajar para dar respuesta a las cuestiones anteriores. Hasta entonces, este instrumento, por prometedor que sea, seguirá siendo una idea más que una solución efectiva.
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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en las cumbres de biodiversidad de Montreal y de Cali.
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