LA PORTADA DE MAÑANA
Ver
Especulación en el infierno: los intermediarios inflan los precios en medio del caos y la muerte de Gaza

Plaza Pública

En defensa de la gestación por sustitución

Pedro Fuentes

El pasado 19 de mayo, el Comité de Bioética de España (CBE) hacía público un informe sobre la gestación por sustitución en el que, de modo sorprendente, pedía prohibir la técnica a nivel mundial.

Cuando en 2010 nació mi hijo, mediante gestación por sustitución (GS), fui consciente de un hecho crucial: ser padre me obligaría, siempre, a pelear por sus derechos. A preservar su dignidad, su historia y su vida. No ya por su forma de nacer, sino porque eso es lo que hace un padre, una madre.

Y sí, he dicho gestación por sustitución y no vientre de alquiler u otros términos, que tan en boga están entre quienes rechazan esta técnica reproductiva, porque las personas no se alquilan. Ni enteras ni por secciones ni por piezas. Sea en medicina reproductiva o sea en cualquier otro campo. Quienes recurrimos a medicina reproductiva para tener un hijo, rechazamos todo lo que tenga que ver con la explotación de la mujer, con la lesión de su dignidad, con lo que menoscabe su grandeza. Del mismo modo que se rechaza todo lo que tenga que ver con tráfico de órganos, trata de personas u otros escenarios de violación de la dignidad humana.

Por el contrario, se defienden los trasplantes, libres y voluntarios, al igual que una GS libre y voluntaria. Oponerse a ella en España, con las leyes españolas, tan garantistas, y hacerlo en base a lo que se conoce de países donde no se respetan los derechos humanos o donde no hay legislación sobre GS, tiene el mismo sentido que oponerse a los trasplantes en España porque haya países donde se trafique con órganos.

No. Nunca. Jamás defenderé nada que tenga que ver con la explotación de ningún ser humano. Rechazo la cosificación, la mercantilización. En eso coincido plenamente con quienes se oponen a la vulneración de la dignidad femenina. El problema es que la oposición confunde esa vulneración con la GS. Lo que es inaceptable.

Como inaceptable es la postura que considera a la mujer española como incapaz de tomar decisiones sobre su vida y sus derechos reproductivos. Porque esa es una de las raíces del problema.

¿La mujer española tiene derecho a decidir? ¿En todo o solo en aquello que dioses y diosas tutelares consideren adecuado? ¿Por qué la mujer canadiense puede elegir, libre y voluntariamente, si quiere ayudar a alguien a tener un hijo y la mujer española encuentra vetada esa posibilidad? ¿Acaso es menos inteligente, menos humana, menos mujer?

Evidentemente, no.

Que esto forme parte del debate y se crea que en España no es posible para una mujer dar un consentimiento libre y voluntario, dentro de un marco legal ético y garantista, es un absurdo patriarcal.

La mujer tiene derecho a tomar sus decisiones libremente, sean acertadas o no. Eso lo saben los opositores. Lo que le cuesta aceptar a la oposición es que sean SUS propias decisiones. Y aquí radica el segundo problema. Al igual que Victoria Kent se opuso al voto femenino, porque no se votaría lo que ella consideraba correcto ni como ella creía que había que votar, quienes se oponen a la GS temen una mujer que haga lo que desee, sin seguir preceptos matriarcales o patriarcales, con lo que eso implica de pérdida de influencia y poder. Ayer fue el voto, hoy los derechos reproductivos. Dado que la mujer puede que no haga lo que yo quiero que haga, no la dejo decidir y así yo sigo controlando por dónde ha de transitar.

Las sociedades evolucionan, todas, hacia un mayor desarrollo de los derechos humanos. Incluidos los derechos reproductivos. Italia podrá seguir negando a las mujeres lesbianas su acceso a la medicina reproductiva. Lo que no las frenará. Ellas vendrán a España y tendrán aquí a sus hijos y fundarán su familia como deseen. Italia, antes o después, tendrá que reformar su legislación para reconocer esta realidad. Igual cabe decir de la GS. Desde que Reino Unido la reguló, hace más de 30 años, países de todo el mundo han ido modificando sus legislaciones buscando extender derechos. Holanda, Sudáfrica, Bélgica, Israel, Australia, Brasil, Nueva Zelanda, Grecia, Portugal… han legislado para permitir una GS libre y voluntaria. El Gobierno irlandés ha anunciado que ofrecerá en unas semanas su propia ley sobre GS; el Parlamento sueco ha presentado ya 5 mociones para pedir a su Gobierno que regule; Islandia debate su borrador de ley; en Noruega los partidos políticos se posicionan a favor de legislar; el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dice que hay que inscribir a los menores nacidos por GS; la Conferencia de Derecho Internacional Privado… Y el CBE diciendo que hay que prohibir ¡a nivel mundial! Absurdo. Ni siquiera cabe plantear la prohibición en España. Los menores nacidos mediante GS son españoles de origen, no lo olvidemos, y no se les pueden negar sus derechos constitucionales. Salvo que, antes, la Constitución sea recortada en capítulos fundamentales.

Las leyes españolas son muy garantistas. Pensar que, bajo su paraguas, no es posible una correcta regulación de la GS en España es negarles su valor como normas de convivencia y de derechos.

Hora es de regular. Para respetar derechos de todas y todos. Pero, también, porque es la forma de acabar con mafias y explotadores. Sí, hay. Redes que buscan lucrarse. Redes que solo sobrevirarán si logran impedir que se regularice la GS. Es en la falta de ley, en la prohibición, en la marginalidad, donde medra la explotación.

La subrogación forzada seguirá siendo una realidad si leyes limpias y claras no ordenan el proceso. Consciente de esto, el Parlamento Europeo, en su resolución del 5 de julio de 2016 –otro dato, de los muchos, que el CBE ha olvidado mencionar en su informe– sobre La lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión, ha pedido a los Estados miembros que revisen sus políticas restrictivas sobre GS, por ser, justo esas políticas, fuente de explotación. Consciente o inconscientemente, quienes se oponen a reconocer la GS no hacen otra cosa que colaborar con explotadores.

Hace casi dos milenios que el derecho romano sentenció Mater semper certa est. Casi dos milenios de una sentencia que obliga a la mujer a ser madre, lo quiera o no.

La maternidad debería ser electiva, no impuesta y, de la misma forma que puede decidir si interrumpe o no un embarazo, la mujer debería poder determinar si quiere ser, o no, madre de todo menor al que dé a luz.

Mi hijo conoce su historia, conoce a la mujer que lo gestó y sabe que no es su madre, como sabe que serán ella y él quienes decidan qué relación tendrán en el futuro. Mi hijo, y los miles de niñas y niños españoles nacidos por GS, son reales y demuestran que sí, que se puede, que no es un mito. Que dignidad y GS van de la mano. Que hay mujeres y familias que se encuentran en el camino y deciden ir en resonancia por la vida. Toda la vida. No unos meses, no una etapa. Toda la vida. Y eso, decidir cómo se camina, con quién y por qué, guste o no, es un derecho. Un derecho de todas y todos. Un derecho que reclama una ley construida desde la equidad y la justicia.

El documento elaborado por el CBE es un informe sobre la moral personal de sus integrantes, no sobre lo que de verdad es la GS. Y, como otros testimonios morales –sobre matrimonio igualitario, interrupción voluntaria de embarazo, etc.–, no puede servir de base para prohibir nada.

Aceptar y respetar la libertad de los demás es un ejercicio difícil. Pero, como decía José Martí, "Nadie a la libertad tiene derecho, cuando no hace hábito y gala de respetar la libertad ajena".

Tiempo es en España de legislar para respetar esa libertad.

También en gestación por sustitución. __________________

Pedro Fuentes es el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos

Más sobre este tema
stats