'Inquiokupas' de la política

El gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de anunciar a bombo y platillo que la región ha alcanzado los 7 millones de habitantes. Exactamente 7.137.031 habitantes. Pensé que la noticia debería ser un gran disgusto para unos responsables autonómicos adscritos al PP más ultramontano, que se abonan siempre que pueden a la teoría del Gran Reemplazo, según la cual la población blanca, europea y cristiana está siendo masivamente sustituida por pueblos norteafricanos, subsaharianos, árabes, bereberes y magrebíes.

Pero lejos de lamentar este crecimiento innegable, sólo explicable a causa del aumento de la población inmigrante, lo han presentado como un logro propio que se verá superado en los próximos 15 años con otro millón más de habitantes. Eso nos permitirá alcanzar los 8 millones de personas. Así de contradictorios son estos gobernantes veleta, que se apuntan a cualquier crecimiento y desprecian cuanto ignoran.

Todo vale y ellos prefieren decir que si crecemos es gracias a unas políticas de derechas que fomentan la natalidad y facilitan muchísimo la conciliación de la vida personal y laboral. La tozuda realidad indica que crecemos sobre todo por la población inmigrante que elige Madrid para asentarse y, en menor medida, por los movimientos internos de personas que dejan otras comunidades autónomas para venir a Madrid.

Aprovecha el encargado de dar la noticia para vendernos que pelotazos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte, la Ciudad de la Salud y hasta la Ciudad de la Justicia, la ampliación del Metro, y la promesa de 14.000 nuevas viviendas, se están poniendo en marcha para responder a esta nueva realidad poblacional. Lo dicho, todo vale, aunque sea mentira. A base de repetir una mentira puede adquirir apariencia de verdad, como bien explicó el famoso ministro nazi de la propaganda.

La realidad es que cuando comenzó la crisis del pelotazo urbanístico, allá por 2008, Madrid tenía 6,3 millones de habitantes, en 2020 alcanzó los 6,75 millones y hoy tiene 7,14 millones. Desde el inicio de la crisis, Madrid ha crecido en 800.000 personas. Está claro que todas estas personas constituyen familias que habitan en hogares en propiedad, o en alquiler.

Sin embargo, por poner ejemplos, entre 2020 y 2026 el parque de viviendas en Madrid ha crecido en torno a 100.000 viviendas. Eso sin tener en cuenta la escasez de alquileres, la compra a precio de saldo del parque de vivienda pública por parte de fondos de inversión privados, muy certeramente  denominados fondos buitre, con la complicidad de gestores municipales como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, señora de Aznar. No en vano familiares cercanos a esos políticos terminaron trabajando para esos fondos.

Tan sólo en Madrid capital se estiman más de 15.000 pisos turísticos ilegales. De hecho, solo 1.130 tienen autorización y licencia municipal para funcionar. Todos esos pisos se detraen del alquiler y se dedican al goloso negocio del turismo clandestino.

El resultado es que en 2008 el precio medio del metro cuadrado de vivienda en la Comunidad rondaba los 2.500 euros. Que tras la crisis, ya en 2015 el precio había bajado a 2.169 euros por metro cuadrado y que en enero de este año ese precio se ha disparado a 4.585 euros por metro cuadrado. ¿Es el mercado? ¿Terminará por regularse solito y solo?

No, el mercado es mentira. La especulación es la que se contiene por sí misma sólo cuando la burbuja estalla. Y ésta burbuja también terminará estallando. Los contribuyentes tendremos que volver a cubrir con nuestros impuestos la usura de unos pocos que nunca pueden perder.

No se puede esperar a una campaña electoral, o a un momento oportuno que requiere distracciones, para prometer miles de viviendas, que luego no se hacen, como ocurre en la Comunidad de Madrid

O la burbuja estalla, o la política pone coto a la usura. Es posible una política de vivienda que prohíbe compras masivas de vivienda por parte de inversores buitres. Que pone a disposición suelo y facilita la construcción de vivienda pública, social, o con protección pública. Que favorece a los promotores sociales de vivienda que no persiguen el beneficio a toda costa, sino el acceso a un derecho.

Es posible una política que protege a los pequeños propietarios de vivienda frente al miedo instaurado frente a fenómenos como la inquiokupación, o los eternos alquileres de renta antigua instaurados por el pseudosocialista Miguel Boyer, por los cuales un pequeño propietario asume la protección social del inquilino, en lugar de ser responsabilidad de la Administración.

Se pueden limitar precios abusivos de alquiler, o de venta de viviendas, claro que sí, porque, además de una propiedad, la vivienda es un bien social, un derecho constitucional, pero sobre la base de que asegurar el derecho a una vivienda es responsabilidad de las Administraciones.

Se pueden hacer muchas cosas. En países de nuestro entorno las han hecho. Podemos aprender de ellos. También nosotros en el pasado hicimos cosas que luego aparcamos y destrozamos, como construir parques de vivienda pública para luego malvenderlos a especuladores, o promover viviendas sociales en régimen cooperativo.

Pero lo que no se puede es esperar a una campaña electoral, o a un momento oportuno que requiere distracciones, para prometer miles de viviendas, que luego no se hacen, o se hacen a precio casi de mercado, como ocurre en la Comunidad de Madrid. La ciudadanía comienza a desconfiar y a dudar de tanta miseria política y de tanto miserable vividor de la política.

______________________

Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.